Boletin GAL 1649

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BOLETIN GAL 1649

Nº 1.649. Miércoles 26 de marzo de 2014. Año IX. Boletín Electrónico de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Lectores(as): 32.273. Contacto: boletingal@gmail.com  Fonos: 56-02-27857084, 09-5732334. Facebook @BoletinGal Web http://boletingal.wordpress.com /  https://luisalbertogmz.files.wordpress.com

RESUMEN

 

ESPECIAL: PROPUESTAS SOBRE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES EN CHILE

 

Mapa global de conflictos socio ambientales: Caso de Chile

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, La Nación, Boletín GAL.- Mapa de conflictos ecológicos detecta 30 casos en Chile. En América Latina se registra el mayor número de casos documentados y se distribuyen entre Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30). El Atlas Global de Justicia Ambiental arrojó una preocupante radiografía de los conflictos ambientales alrededor del mundo. América Latina presenta el mayor número de casos documentados (más de 300), siendo Chile uno de los países con más conflictos (30). Entre la zona central y el norte del país se registran la mayoría de los conflictos ambientales que presenta Chile, mientras que en el sur los casos son mínimos. El inventario de problemas ambientales, creado con la colaboración de activistas y académicos, permite a los usuarios buscar y visualizar los conflictos por tipo de material, ya sea minerales, hidrocarburos, agua o desechos nucleares, además de compañías involucradas.

 

Instituto Nacional de Derechos Humanos: 97 casos en Chile

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INH).- ¿Qué es el Mapa? Los conflictos socioambientales son disputas entre diversos actores -personas naturales, organizaciones, empresas privadas y/o el Estado-, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas. Este mapa permite visualizar gráficamente en qué parte del territorio se ubican los 97 conflictos socioambientales identificados por el INDH desde una perspectiva de derechos humanos, que han tenido lugar entre enero de 2010 y junio de 2012.

 

Chile lidera en conflictos ambientales por proyectos energéticos

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Paula Correa, Radio Universidad de Chile.-  El proyecto “Atlas Global de Justicia Ambiental” ubica a Chile en el décimo lugar con 30 casos documentados de conflictos entre diversas comunidades y empresas mineras. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cuáles son las características de la conflictividad ambiental que se vive tanto en Chile como en la región? En el atlas se registran algunos casos como Isla Riesco, Pascua Lama y Punta Alcalde. En ese sentido, y bajo una mirada de ecología política, el mapa demuestra que suelen ser las comunidades pobres, en muchos casos indígenas, las que reciben los impactos más negativos de los países “en vías de desarrollo” o “del tercer mundo”.  El “Atlas Global de Justicia Ambiental” es un mapa virtual realizado con una base de datos interactiva, donde se puede cruzar información y dar seguimiento a diversos conflictos de todo el mundo.

 

Organizan Primer Encuentro de Conflictos Socio Ambientales del Norte Grande

Tocopilla, miércoles 26 de marzo de 2014, por Cristóbal Almonte, El Ciudadano.- Informe sobre Primer Encuentro de Conflictos Socioambientales del Norte Grande realizado en Tocopilla. Entre los días 27 de febrero y 2 de marzo de 2014 se llevó a cabo el Primer Encuentro de Conflictos Socio Ambientales del Norte Grande de Chile, un gran foro que contó con la participación de organizaciones de Arica a Antofagasta, y permitió la coordinación de una red que haga frente a los problemas transversales a las comunidades, en una zona amenazada por la presencia de enclaves mineros que se enfrentan directamente a la supervivencia humana debido al uso indiscriminado de agua y la contaminación atmosférica asociada a su funcionamiento.

 

Propuesta de mecanismos de resolución colaborativa de conflictos socio ambientales

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Francisca Reyes, Instituto de Ciencia Política UC; Carlos Frontaura, Facultad de Derecho UC; Francisco Javier Leturia, Facultad de Derecho UC; Ayudantes de Investigación: Isabel Castillo, Cientista política UC, ayudante principal; Pablo Trigo, Abogado UC; y  Francisca Vallejo, Estudiante de Derecho UC, Políticas Públicas, Universidad Católica.-  En este artículo se propone la incorporación a la institucionalidad de un mecanismo colaborativo de resolución de conflictos socioambientales, que ayude a las partes en el manejo de sus diferencias que, por su alto nivel de conflictividad, potencial o manifiesto, pongan en peligro el normal desarrollo de la convivencia en las comunidades afectadas. Se plantea la creación de un Consejo de Resolución Colaborativa de Conflictos Socioambientales, como órgano público y autónomo, cuyas funciones principales serían las de (i) educación y capacitación en materias de resolución colaborativa de conflictos, (ii) seguimiento y estudio de los conflictos así como producción de estadísticas relevantes, y (iii) creación y mantención de Registro de Mediadores; evaluación de factibilidad de proceso colaborativo, ayuda en selección de tercera parte neutral y supervisión del desarrollo del procedimiento. Se enfatiza el carácter subsidiario de este ente, así como el que la participación en este mecanismo es siempre voluntaria.

 

LOCALES

 

Chile participará en Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático de la COP 20 en Lima

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Marianne Deygout, Radio Universidad de Chile.-  Calentamiento global: Desafíos de la Cumbre Lima 2014- Cabe destacar que durante la conferencia se convocó a una reunión alternativa desde el 9 al 12 de diciembre en la capital peruana. Se trata de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, que tiene como lema “Compartir iniciativas y ejercer presión ante los líderes que toman decisiones”. Rocío Valdeavellano, coordinadora nacional del movimiento ciudadano peruano frente al cambio climático, aseguró en conversación con Radio Universidad de Chile que la cumbre alternativa reúne a diversas organizaciones preocupadas por la gravedad de este escenario. “Los ciudadanos buscamos mostrar estas iniciativas que permiten una forma de vida distinta que es indispensable frente al calentamiento global y el cambio climático. Una forma de organizarnos como sociedad, de organizar la economía, de organizar la forma de consumo que sea sostenible y solidaria”, manifestó.

 

Plan de Descontaminación: Invalidan 4 estaciones de monitoreo del aire

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Oriana Fernández G. La Tercera.- Superintendencia ambiental invalida cuatro estaciones que miden calidad del aire en Santiago. Informe revela que equipos están mal ubicados y expuestos a factores que alteran sus datos. Evaluación para declarar zona saturada a Santiago se basará sólo en siete de las 11 estaciones. A pocos días de que comience la temporada de episodios críticos de contaminación en la Región Metropolitana, un informe de la Superintendencia del Medio Ambiente, del 14 de marzo pasado, rechazó la ubicación y con ello los datos arrojados por cuatro de un total de 11 estaciones de medición de la calidad del aire del Ministerio del Medio Ambiente. Estos equipos son clave, pues miden los índices de material particulado PM 2,5 -polución fina y dañina presente en el ambiente-, registros que son publicados para que la población conozca los niveles de esmog y proteja su salud.

 

Emeres invita a Taller sobre Ley de Responsabilidad Extendida para el Productor, Alcances y Perspectivas

Santiago, miércoles 26 de Marzo de 2014, Emeres.-  JAIME PAVEZ MORENO, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Pintana y Presidente del Directorio de Emeres en conjunto con RODRIGO SANCHEZ VILLALOBOS, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades, saludan cordialmente  a usted y tienen el agrado de invitarlo a participar en el Tercer Taller denominado “Ley de responsabilidad extendida para el productor, alcances y perspectivas”, (actualmente en discusión en el Congreso). El taller se realizará el próximo 27 de Marzo de 2014, en  dependencias de Banco Estado (Estadio Luis Barros Borgoño) ubicado en calle Fernando Lazcano n° 1425, comuna de San Miguel.  Para mayor información se adjunta el programa.

 

Invitan a acceder a Audiencia Especial de dirigentes indígenas ante la CIDH de la OEA

Washington, EEUU, miércoles 26 de marzo de 2014, por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano.- En audiencia especial en Washington dirigentes indígenas y abogada Nancy Yáñez exponen sobre estado de la consulta previa en Chile: Ante CIDH de la OEA. La audiencia se realizará este próximo jueves 27 de marzo, de 14:00 a 15:00 horas de Chile, y podrá ser vista en directo a través del portal web de la Comisión. Durante la audiencia intervendrán la codirectora del Observatorio Ciudadano y experta en derecho indígena, abogada Nancy Yáñez; la representante del pueblo Huilliche y actual Consejera de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Claudia Pailalef y el presidente de la Comunidad Agrícola y Diaguita de los Huascoaltinos, Sergio Campusano, en cuyo territorio ancestral se emplazarían los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro. Dicha transmisión tendrá lugar este próximo jueves 27 de marzo a partir de las 15.00 horas, en el auditorio de la facultad de derecho de la Universidad Bolivariana, ubicado en calle Huérfanos 1721, en Santiago (metro Santa Ana).

 

NACIONALES

 

La Hora del Planeta, con mayúsculas

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, La Información.- La Hora del Planeta se escribe con mayúsculas iniciales por referirse al nombre oficial de esta iniciativa. Sin embargo, y con motivo de la celebración, el próximo 29 de marzo a las 20:30h, de la Hora del Planeta contra el cambio climático, es habitual encontrar en los medios de comunicación frases como «Coincidiendo con la celebración de “La Hora del Planeta”…», «Este año se espera que la hora del Planeta bata récords» o «…está invitado a unirse a la hora del planeta». Lo apropiado es considerar La Hora del Planeta, con mayúsculas.

 

Hora del Planeta: Sábado 29, 15.00 hs, Municipalidad de Providencia

Providencia, miércoles 26 de marzo de 2014, Entorno Inteligente.- Bicicaravanas y energía alternativa serán las novedades de La Hora del Planeta en Chile. La tierra necesita un respiro y hay que entregárselo. Esa es la idea del evento anual ” La Hora del Planeta “, organizado por WWF Chile, y que l lama a apagar todas las luces y aparatos eléctricos durante 60 minutos. Un suceso que es mundial y que ha dejado postales únicas con emblemáticos edificios que suelen estar iluminados, sin luz. En Chile  el acto central de La Hora del Planeta se realizará en Municipalidad de Providencia, específicamente en el frontis del Palacio Consistorial de la comuna y tiene el aporte del Centro Bicicultura y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). El evento, que tendrá música, talleres y stands de agrupaciones ambientalistas desde las 15 horas del sábado 29 de marzo, también tendrá un sistema de siete bicicletas que almacenarán energía para el evento de la noche, invitando a toda la comunidad a aportar con su pedaleo. En total se espera acumular unos 2.300 Wh.

 

Valdivia se suma a la Hora del Planeta

Valdivia, miércoles 26 de marzo de 2014, El Naveghable.-  Valdivia se sumará a la campaña mundial La Hora del Planeta. Con diversas actividades recreativas y deportivas, Valdivia se suma a una nueva versión de La Hora del Planeta, la campaña ambiental más grande del mundo, y que en el país es impulsada por WWF Chile y el Ministerio de Medio Ambiente. Una de ellas es la limpieza de playa en el sector Calfuco para el día sábado 22 de marzo, a una semana previa de la celebración de La Hora del Planeta, que será el 29 de marzo entre 20.30 y 21.30 horas. Este operativo será replicado en otras playas de Chile a través de organizaciones locales y voluntarios.
Ciudadanía de Arica convoca  a Gran Movilización 29 Marzo contra “catástrofe ambiental”

Arica, miércoles 26 de marzo de 2014, Terra.- Dirigentes sociales de Arica denuncian ‘catástrofe ambiental’ por actividades mineras en esa zona. Dirigentes sociales de Arica y Parinacota, que llegaron este martes al Colegio Médico de Santiago, denunciaron una “catástrofe ambiental” en dicha zona producto de actividades mineras pasadas, y algunas de ellas aún en ejercicio, y que como consecuencia de ello se han depositado tóxicos en el agua potable que están tomando los habitantes de distintas localidades de la región.

 

Abordan necesidad de carácter y participación social en el tema energético

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, La Nació.- Sfeir plantea rol social de la energía a Máximo Pacheco.  El ex candidato presidencial se reunió con el titular de Energía para dejarle ver su visión sobre la cartera y los problemas que el miembro del Partido Ecologista Verde identifica en la cartera. El ex candidato presidencial Alfredo Sfeir  visitó las dependencias del Ministerio de Energía para conversar con el titular de la cartera, Máximo Pacheco, con el que sostuvo una conversación sobre el carácter social de la energía y la participación social. Sfeir le presentó su visión en la que destaca que “hablar de la energía como una cosa social me parece un paso fundamental”.

 

Indios entregados al alcohol

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Domingo Namuncura, Radio Cooperativa.-  El historiador Sergio Villalobos tiene una virtud importante que hay que reconocer públicamente: es brutalmente franco y no oculta su pensamiento ultra conservador, particularmente, respecto de la cuestión social indígena. A diferencia de sus colegas de ruta en esta lógica, no esconde su desprecio y racismo. Es el Juan Ginés de Sepúlveda del siglo XVI en la memorable Junta de Valladolid, en la controversia con Bartolomé de las Casas, una especie de “cumbre” organizada por el Consejo de Indias, con el propósito de resolver el dilema (falso por cierto) de cómo entender la relación de la Corona y de la Iglesia con los pueblos nativos descubiertos y conquistados. Ginés de Sepúlveda, coincidentemente historiador, defendía la tesis de la guerra justa en contra de los indios, “por sus pecados e idolatrías”.

 

Democracia y partidos políticos

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Jorge Arrate y Salvador Muñoz, El Mostrador.- Los resultados de las últimas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales efectuadas durante el año 2013 confirmaron las graves limitaciones de nuestra democracia. La más destacada de todas es la altísima abstención electoral. Otros temas que emergieron una vez más son el enorme gasto electoral de las campañas de las dos grandes coaliciones; la escasez de debate programático; la voluntariedad u obligatoriedad del voto; el derecho a voto de los chilenos y chilenas en el exterior y la sustitución del sistema electoral binominal.

 

El Proyecto Río Cuervo

Coyhaique, miércoles 26 de marzo de 2014, por Peter Hartmann,Director de CODEFF Aisén, Presidente de la Agrupación Cultural y Social Aisén Reserva de Vida, El Dínamo.-  Este proyecto que es parte de aquel impulsado por Energía Austral que comprende represar además los ríos Blanco y el desagüe del Lago Condor, había pasado casi desapercibido bajo la sombra del famoso y repudiado proyecto HidroAysén. Recién al aprobarse el estudio de impacto ambiental del proyecto Río Cuervo, el 8 de mayo del 2013, los chilenos pudimos enterarnos por la portada de uno de los grandes diarios nacionales que ese es el segundo proyecto hidroeléctrico en tamaño actualmente en tramite “ambiental” en Chile. Antes de eso, este proyecto que es parte de aquel impulsado por Energía Austral que comprende represar además los ríos Blanco y el desagüe del Lago Condor, había pasado casi desapercibido bajo la sombra del famoso y repudiado proyecto HidroAysén. ¿Y cómo es que pasó esto y ni la campaña Patagonia sin Represas le dio la importancia que amerita a estas también represas, también ubicadas en la Patagonia, y en un lugar igual o mas valioso que aquel de HidroAysén?

 

Las claves del conflicto del Agua en Chile

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Vanessa Vargas Rojas, La Tercera.- A Chile lo están secando: las claves para entender el conflicto del agua. Un Código de Aguas elaborado en dictadura, la irrupción de los grandes proyectos empresariales y la supremacía del lucro y privatización del recurso hídrico por sobre la obligación del Estado de garantizar el agua a todos los habitantes del país. Ése es el mapa básico del conflicto por el agua en Chile. Es uno de los principales problemas ambientales de nuestro país y la mayoría de la población desconoce su origen y desarrollo. El conflicto del agua en Chile data de 1981, año en que la dictadura a cargo de Pinochet selló el Código de Aguas que nos rige por estos días, uno que privatizó la fuente y gestión del recurso hídrico.

 

Los glaciares y la nueva conciencia ambiental

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Guillermo Pickering, Presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess A.G.), El Mostrador.-  Uno de los desafíos que nos impone la sustentabilidad de los recursos hídricos tiene que ver con el conocimiento y cuidado de nuestras grandes reservas de agua dulce: los glaciares, sean “blancos” o los denominados “de roca” o “grises”, que es una mezcla de hielo con material rocoso en diversas proporciones a lo largo de la cordillera de Los Andes.

 

GLOBALES

 

Próximo Informe IPCC: Sombrío futuro para el Planeta por cambio climático

Yokohama, Japón, miércoles 26 de marzo de 2014, Prensa Libre.-  Científicos de la ONU ven futuro sombrío para el planeta. Inundaciones, sequías, conflictos y daños económicos cada vez más virulentos es lo que espera al planeta si no se reducen las emisiones de C02, alertan los científicos de la ONU en su próximo informe sobre el cambio climático. El borrador del próximo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), al que tuvo acceso la AFP, forma parte de un vasto estudio que contribuirá a determinar políticas y orientará negociaciones en los próximos años. Los científicos y los representantes de los gobiernos se reunirán en la ciudad japonesa de Yokohama a partir del martes para sacar adelante un resumen de 29 páginas, que será publicado junto al informe completo el 31 de marzo.

 

Crean Mapa Mundial de conflictos socio ambientales

Naciones Unidas, miércoles 26 de marzo de 2014, BBC, Boletín GAL, La Tercera.- Crean un mapa mundial de conflictos ecológicos. Según el Atlas global de Justicia Ambiental, los conflictos relacionados con la ecología están aumentando. Más de 300 están en América Latina y el nuevo mapa interactivo ofrece información sobre cada uno de ellos. Son miles, afectan a muchos países y están fundamentalmente generados por la creciente demanda de energía y recursos naturales.De los casos que detalla el recién creado Atlas global de Justicia Ambiental, más de 300 son de América Latina. 49 Conflictos socio ambientales en Chile a marzo 2014 (Boletín GAL).

 

La aterradora “nueva matemática del cambio climático”, según un ecologista

Beijing, China, miércoles 26 de marzo de 2014, por Janet Redman, directora del Programa de Política Climática y Oscar Reyes del Instituto de Estudios, La Gran Época.-  Es alarmante que el nuevo Fondo Verde para el Clima de la ONU, pueda en sí mismo ser un apoyo para el desarrollo de proyectos de combustibles fósiles. Hace dos años, el ecologista Bill McKibben causó revuelo cuando reveló la “aterradora nueva matemática” del cambio climático. McKibben calcula que para tener una posibilidad razonable de permanecer por debajo de lo que los científicos especialistas en clima llaman el “punto de inflexión” del calentamiento global, un aumento de temperatura de más de dos grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, los seres humanos pueden enviar sólo 565 gigatoneladas más de contaminación de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

 

Los acelerados escépticos del cambio climático

Santiago, Chile, miércoles 26 de marzo de 2014, Entorno Inteligente.- La revista Newsweek dijo en 2009 que Marc Morano, fundador del blog Climate Depot, se estaba convirtiendo en el “rey de los escépticos” y que su sitio web era uno de los principales mecanismos para sembrar dudas sobre el trabajo de los científicos del clima. Pero ser calificado como una celebridad del escepticismo del calentamiento global es lo menos que le han dicho a Morano.

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DESARROLLO DE NOTICIAS

 

ESPECIAL: PROPUESTAS SOBRE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES EN CHILE

 

Mapa global de conflictos socio ambientales: Caso de Chile

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, La Nación, Boletín GAL.- Mapa de conflictos ecológicos detecta 30 casos en Chile. En América Latina se registra el mayor número de casos documentados y se distribuyen entre Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30). El Atlas Global de Justicia Ambiental arrojó una preocupante radiografía de los conflictos ambientales alrededor del mundo. América Latina presenta el mayor número de casos documentados (más de 300), siendo Chile uno de los países con más conflictos (30).

 

Entre la zona central y el norte del país se registran la mayoría de los conflictos ambientales que presenta Chile, mientras que en el sur los casos son mínimos.

 

El inventario de problemas ambientales, creado con la colaboración de activistas y académicos, permite a los usuarios buscar y visualizar los conflictos por tipo de material, ya sea minerales, hidrocarburos, agua o desechos nucleares, además de compañías involucradas.

 

Al pinchar un conflicto ambiental, también se despliega una breve descripción del caso. En América Latina, el mayor número de casos documentados se distribuyen entre Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30).

 

El mapa también incluye que grupos de defensores de derechos humanos, medioambientales y laborales que han denunciado a las empresas que aparecen.

 

Lista de conflictos

 

Para ver el mapa y los detalles de cada uno, haga clic aquí

  1. Carmen de Andacollo
  2. Caserones
  3. Central Castilla
  4. Valdivia, Celulosa Arauco
  5. Cerro Casale / Aldebarán
  6. Cerro Colorado
  7. Ríos Baker y Pascua, en Aysén
  8. Bahía de Chañaral
  9. Doña Inés de Collahuasi
  10. Dunas de Putú
  11. Fundicion Paipote
  12. Guafo
  13. Huasco
  14. Isla Riesco
  15. Lago Lleu lleu
  16. Vertederos en zona mapuche
  17. Parque Nacional Lauca y Reserva Nacional Las Vicuñas
  18. Los Pelambres
  19. Los Pingos, Tulahuén
  20. Los Pumas, Arica
  21. Manganesos Atacama
  22. Lumaco, La Araucanía
  23. Pampa Colorada
  24. Pascua Lama
  25. Punta Alcalde, Huasco
  26. Quebrada Blanca, Tarapacá
  27. Quillagua
  28. Hidroeléctrica Ralco
  29. Tres Valles
  30. Valle de Elqui

 

50 Conflictos socio ambientales en Chile a marzo 2014 (FUENTE: Boletín GAL, https://luisalbertogmz.wordpress.com/ )

 

  1. ARICA: Vecinos denuncian ‘catástrofe ambiental’ por actividades mineras en esa zona que han depositado tóxicos en el agua potable que toman los habitantes de la región.
  2. ARICA: Afectados por contaminación por polimetales en cerro Chuño.
  3. ARICA: Rechazo de pueblos aymaras a proyecto Los Pumas por intervenir área protegida como reserva de la biósfera y contaminar aguas del río Lluta
  4. AYSÉN: El rechazo de la ciudadanía de Aysén contra la Central Cuervo
  5. AYSÉN: Rechazo de la comunidad al proyecto HidroAysén
  6. BULNES: Agricultores de Ñuble se oponen ala central termoeléctrica a gas natural Octopus
  7. CAIMANES: Comunidad en oposición al Proyecto de Minera Los Pelambres
  8. CALAMA: El movimiento regional  por los recursos naturales de Calama
  9. CALBUCO: Conflicto de la comunidad Pepiukelén en Parwua, territorio afectado directamente por la industria salmonera
  10. CHAÑARAL: Comunidad pide soluciones para el “ecocidio permanente” que ha significado el manejo de residuos de las minas Potrerillos y El Salvador
  11. CHILOÉ: Conflicto de comunidades Williche de Chiloé por la aplicación de la Ley Lafklenche
  12. COCHAMÓ: Rechazo al proyecto hidroeléctrico Central de Pasada Mediterráneo en la comuna de Cochamó
  13. CONCÓN: Rechazo a la construcción en el campo dunar de Concón
  14. CONCHALÍ: Vecinos piden al Minvu no construir en área verde. Este conflicto se extiende desde 2013 y los vecinos continúan ejerciendo acciones en defensa de su área verde.
  15. CONSTITUCIÓN: Acción Ciudadana Pro-defensa de la Costa del Maule se opone a la instalación, por AES Gener S.A. de la Central Termoeléctrica Los Robles en el Sector Faro Carranza, entre Constitución y Chanco.
  16. COPIAPÓ: Rechazo a la termoeléctrica Castilla en Punta Cachos al sur de Copiapó
  17. CORONEL: La oposición de los vecinos de Coronel a la termoeléctrica de Bocamina II.
  18. CORONEL: Denuncian vertedero en humedal de termoeléctrica Bocamina I de Endesa.
  19. FREIRINA: Rechazo al proyecto agroindustrial Agrosuper por malos olores
  20. HUASCO: Habitantes de Huasco rechazan termoeléctrica Punta Alcalde en Huasco
  21. HUASCO: Rechazo al proyecto minero Pascua Lama
  22. LA HIGUERA: La Juntas de Vecinos, padres y apoderados de colegios, pescadores artesanales y diferentes otra agrupaciones locales de la comuna de la Higuera, en la Región de Coquimbo, rechazan proyecto minero Dominga de la empresa Andes Iron, que intenta extraer hierro en la costa de la localidad de Los Choros.
  23. LA PINTANA: Vecinos rechazan proyecto para instalar basural en el sector El Castillo.
  24. LINARES: Vicios en el proceso ambiental de la central hidroeléctrica de Achibueno.
  25. LOS ÁNGELES: La disputa que enfrenta a canalistas y Endesa por uso de laguna del Laja.
  26. LLICO: Caleta de pescadores que muere de sed: no cuentan con agua potable, y está enmarcada entre la basura y la contaminación del lago.
  27. MEHUÍN: El conflicto Celco en Mehuin por contaminación del río Cruces
  28. MULCHÉN: El rechazo de la comunidad indígena contra la central de paso de Mulchén
  29. NELTUME: Comunidades indígenas Inalafken de Lago Neltume e Inocente Panguilef de Reyehueico y el Parlamento de Koz Koz contra proceso de consulta por hidroeléctrica en Neltume de la transnacional Endesa Enel, que controla el grupo Enersis en Chile.
  30. OSORNO: Comunidades huilliches en defensa del agua en Osorno contra hidroeléctricas
  31. PAILLACO: Vecinos de Paillaco protestan contra instalación de Planta Incineradora de Residuos.
  32. PAINE: Comunidades denuncian que la instalación de planta CCU pone en riesgo el consumo de agua afectando a la flora y fauna del sector y la actividad agrícola.
  33. PANGUIPULLI: La oposición de la comunidad y mapuche contra el proyecto hidroeléctrico Neltume
  34. PETORCA: La defensa del agua por los vecinos de Petorca y La Ligua
  35. PICHIDEGUA: Los proyectos de termoeléctrica e hidroeléctrica en Pichidegua
  36. PITRUFQUEN: Mapuches resisten proyecto hidroeléctrico “Los Aromos”  que se emplazaría en las intersecciones de los ríos Tolten y Allipen, que involucra espacios sagrados, atenta contra las prioridades de desarrollo y es una afrenta a los derechos de las comunidades.
  37. POZO ALMONTE: Proyecto Cerro Colorado de BHP Billiton amenaza el agua, los humedales de Pampa Lagunilla y el poblado de Cancosa
  38. PUERTO AYSÉN: Oposición de la comunidad al proyecto de la empresa australiana de energía integrada Origin Energy en joint venture con Xstrata Copper
  39. PUCHUNCAVÍ: Contaminación en La Greda por la refinería Ventanas de Codelco y AES-GENER
  40. PUNTA ARENAS: El proyecto Mina Invierno en Isla Riesco en Magallanes
  41. PUTAENDO: Vecinos de Putaendo protestan por agua contra Colbún
  42. QUELLÓN: Pescadores bentónicos de Quellón contra la Ley de Pesca
  43. REQUÍNOA: Vecinos de Requínoa protestan contra una planta de residuos químicos
  44. SAAVEDRA: Conflicto de la Costa en la Isla Huapi, comuna de Saavedra, entre comunidad  indígena y forestales
  45. SAN JOSÉ DE MAIPO: Rechazo al proyecto Alto Maipo de AES GENER en el Cajón del Maipo y defensa del agua de la Región Metropolitana
  46. SAN FABIÁN: Oposición ciudadana a proyectos Embalse Punilla y Central Hidroeléctrica Ñuble
  47. SANTIAGO: Recolectores retoman Paro de la Basura en marzo 2014.
  48. TALCA: Los Agricultores de Talca por la defensa del Agua contra Endesa
  49. TEMUCO: El conflicto en comunidades mapuche a causa del proyecto aeropuerto internacional en Temuco.
  50. VALPARAÍSO: Rechazo a Central Termoeléctrica Energía Minera.

 

Instituto Nacional de Derechos Humanos: 97 casos en Chile

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INH).- ¿Qué es el Mapa? Los conflictos socioambientales son disputas entre diversos actores -personas naturales, organizaciones, empresas privadas y/o el Estado-, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas. Este mapa permite visualizar gráficamente en qué parte del territorio se ubican los 97 conflictos socioambientales identificados por el INDH desde una perspectiva de derechos humanos, que han tenido lugar entre enero de 2010 y junio de 2012.

 

Qué conflictos aparecen aquí:
Para ser registrados en este mapa, los conflictos debían cumplir con los siguientes criterios:

 

  1. Tener a la base diferentes valores, percepciones y significados sobre circunstancias que afectan el medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas.
  2. Haber ocurrido en la esfera pública, en el sentido de ser visible para un grupo mayor de personas además de las propias involucradas.
  3. Haber tenido alguna expresión pública (nota de prensa, protesta, acción judicial u otra) entre enero de 2010 y junio de 2012, independientemente de la fecha de inicio o la etapa en que se encontrara la disputa. Ha sido un requisito excluyente que los conflictos tengan al menos una nota de prensa asociada a ellos.
  4. Involucrar acciones colectivas.
  5. Ocurrir en alguna parte del territorio nacional, sin importar la magnitud del conflicto, los montos de las inversiones ni características de los actores.

 

A los casos seleccionados se añadieron conflictos socioambientales históricos que han tenido gran repercusión pública, independiente de que no hayan tenido lugar manifestaciones públicas en el período señalado.

 

Formas de búsqueda: los conflictos que componen este mapa pueden conocerse a través de la navegación del mapa, la descarga de fichas individuales por conflicto, o bien, mediante la búsqueda avanzada disponible en la página de inicio.

 

Sobre la búsqueda avanzada: la búsqueda avanzada contiene 10 filtros. Estos filtros permiten que la persona interesada pueda marcar uno o varios de ellos y, al clickear “Buscar”, el sistema arrojará todos los casos que cumplan con las características seleccionadas. Se pueden hacer tantas búsquedas como se deseen.

1) Región: indica el lugar geográfico donde se ubica el conflicto socioambiental.
2) Año de inicio: indica el año en que se inicia el conflicto socioambiental.
3) Causa del conflicto: indica el principal factor que desencadena el conflicto socioambiental desde la perspectiva de los actores afectados o presuntamente afectados.
4) Derechos en juego: indica los derechos humanos invocados –directa o indirectamente- por los actores afectados o presuntamente afectados.
5) Involucra tierras y territorios indígenas: Indica si los actores involucrados en el conflicto socioambiental invocan la afectación de tierras y territorios indígenas, aun cuando éstas no sean parte del registro de tierras de CONADI.
6) Estado del conflicto: indica la etapa en que se encuentra el conflicto socioambiental a junio de 2012.

 

–          Activo: el conflicto socioambiental se encuentra en desarrollo.

–          Latente: el conflicto socioambiental está iniciado, pero no ha tenido movimiento en el último período.

–          Cerrado: existe un acuerdo entre partes o una resolución institucional que pone fin al conflicto socioambiental.

 

7) Sector productivo: indica el sector económico o productivo al que se asocia el conflicto socioambiental, de acuerdo a las categorías utilizadas por el Servicio de Evaluación Ambiental.

8) Evaluación SEIA: indica si el proyecto o iniciativa relacionada al conflicto socioambiental tiene asociada alguna evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
En caso que sí tenga una evaluación en el SEIA, se podrán utilizar dos subfiltros:
8.1 Tipo de evaluación: indica el tipo de evaluación que se realizó en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: Declaración de Impacto ambiental (DIA) o Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
8.2 Resultado de la evaluación: indica el resultado de la evaluación desarrollada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

 

Para caracterizar a la población de las comunas involucradas en los conflictos socioambientales se han seleccionado dos indicadores: el nivel de pobreza y el nivel de desarrollo humano. Mientras que el nivel de desarrollo humano comunal permite conocer la calidad de vida de las personas que habitan una comuna, medida en base a la esperanza de vida al nacer, la educación (años de educación obligatoria, matrícula y tasa de alfabetización), y el producto interno bruto (PIB) per cápita; el nivel de pobreza muestra el grado de vulnerabilidad social en base a los ingresos para la satisfacción de necesidades básicas. De este modo, la incorporación de estos dos indicadores permite tener una imagen más comprehensiva de la situación socioeconómica de las zonas geográficas donde tienen lugar estos conflictos.

9) Nivel de Desarrollo Humano comunal: indica el nivel de desarrollo humano de la comuna en que tiene lugar un conflicto, según la posición relativa en que el Índice de Desarrollo Humano (2003) la sitúa al interior del país. Fuente: PNUD-MIDEPLAN 2003.

10) Nivel de pobreza: indica el nivel de pobreza de la comuna, según la posición relativa en que su Porcentaje de Población Pobre (indigente y no indigente) la sitúa al interior del país.

 

Fuente: elaboración propia a partir de CASEN 2006.

 

Listado de conflictos

 

  1. Almacenamiento de ácido sulfúrico en puerto de San Antonio
  2. Central hidroeléctrica Aguas Calientes
  3. Central hidroeléctrica Cuervo
  4. Central hidroeléctrica Guayacán
  5. Central hidroeléctrica Neltume
  6. Central hidroeléctrica San Pedro
  7. Central Patache
  8. Central térmica Andino
  9. Central térmica Barrancones
  10. Central Térmica RC Generación
  11. Central Termoeléctrcia Santa María
  12. Central termoeléctrica Angamos
  13. Central termoeléctrica Bocamina II
  14. Central Termoeléctrica Campiche
  15. Central termoeléctrica Castilla
  16. Central termoeléctrica Cochrane
  17. Central termoeléctrica Cruz Grande
  18. Central Termoeléctrica Energía Minera
  19. Central termoeléctrica Farellones
  20. Central termoeléctrica Guacolda
  21. Central termoeléctrica Hornitos
  22. Central termoeléctrica Los Robles
  23. Central termoeléctrica Pacífico
  24. Central termoeléctrica Parinacota
  25. Central termoeléctrica Pirquenes
  26. Central termoeléctrica Punta Alcalde
  27. Central termoeléctrica Punta Colorada
  28. Central termoeléctrica RG-Generación
  29. Centro de engorda offshore de peces salmónidos
  30. Contaminación de la bahía de Chañaral
  31. Contaminación de Tocopilla (Zona de sacrificio)
  32. Contaminación del río Chopa por Mina Los Pelambres
  33. Contaminación del río Cruces por planta de celulosa Valdivia (CELCO)
  34. Desafectación del Parque Nacional Lauca
  35. Desastre ecológico en humedal de Batuco (Planta de tratamiento de aguas servidas La Cadellada)
  36. Ducto CELCO-Mehuín
  37. Dunas de Concón
  38. Embalse Chacrillas
  39. Embalse de relaves Minera Tambillos
  40. Embalse Puntilla del Viento
  41. Explotación de reservas de litio
  42. Extracción ilegal de agua en pampa del Tamarugal
  43. Fundición Hernán Videla Lira (Paipote)
  44. Fundición Ventanas
  45. Hidroaysén
  46. Infraestructura energética Mejillones
  47. Lavadero de oro en río Colico
  48. Ley de Pesca
  49. Línea de alta tensión Neltume-Pullinque
  50. Línea de transmisión Melipeuco-Freire
  51. Manejo y disposición de RISES del Complejo Termoeléctrico Ventanas
  52. Mina Carmen de Andacollo
  53. Mina Salamanqueja
  54. Minera Quiborax
  55. Modificaciones al sistema de pozas de evaporación solar en el salar de Atacama
  56. Parque eólico Chiloé
  57. Pascua Lama
  58. Perforación geotérmica profunda El Tatio Fase I
  59. Piscicultura Newenco
  60. Piscicultura Palguín
  61. Planta de paneles MDP Teno y línea de transmisión eléctrica
  62. Planta de almacenamiento de combustibles Pureo
  63. Planta de celulosa Licancel
  64. Planta de celulosa Nueva Aldea (ex-Itata)
  65. Planta de cerdos Agrosuper
  66. Planta de molibdeno de minera Collahuasi
  67. Planta de molienda de cemento Coronel
  68. Planta de producción de sales de potasio
  69. Planta La Farfana
  70. Plomo en Arica – Contaminación por polimetales en Arica
  71. Pozos de extracción de agua en el Parque Nacional Lauca
  72. Proyecto central hidroeléctrica Angostura (PCH-Angostura)
  73. Proyecto de ley sobre Obtentores Vegetales
  74. Proyecto hidroeléctrico Achibueno
  75. Proyecto hidroeléctrico Alto Maipo
  76. Proyecto inmobiliario El Panul
  77. Proyecto Mina Invierno (Isla Riesco)
  78. Proyecto minero Caserones
  79. Proyecto minero Catanave
  80. Proyecto minero Cerro Casale
  81. Proyecto minero ChoqueLimpie
  82. Proyecto minero El Morro
  83. Proyecto minero El Pachón
  84. Proyecto minero La Candelaria
  85. Proyecto minero Las Flechas
  86. Proyecto minero Los Pumas
  87. Proyecto minero Pampa Hermosa
  88. Proyecto minero Refugio
  89. Proyecto minero Tres Valles (Mina Don Gabriel)
  90. Puerto Castilla
  91. Regularización y ampliación piscicultura Caburgua I
  92. Regularización y ampliación piscicultura Quetroleufú
  93. Relleno sanitario Chiloé
  94. Tranque de relaves El Mauro
  95. Tránsgenicos
  96. Usurpación de aguas en Petorca, Cabildo y La Ligua
  97. Zona industrial de Mejillones (Zona de sacrificio)

 

Chile lidera en conflictos ambientales por proyectos energéticos

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Paula Correa, Radio Universidad de Chile.-  El proyecto “Atlas Global de Justicia Ambiental” ubica a Chile en el décimo lugar con 30 casos documentados de conflictos entre diversas comunidades y empresas mineras. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cuáles son las características de la conflictividad ambiental que se vive tanto en Chile como en la región? En el atlas se registran algunos casos como Isla Riesco, Pascua Lama y Punta Alcalde. En ese sentido, y bajo una mirada de ecología política, el mapa demuestra que suelen ser las comunidades pobres, en muchos casos indígenas, las que reciben los impactos más negativos de los países “en vías de desarrollo” o “del tercer mundo”.

 

El “Atlas Global de Justicia Ambiental” es un mapa virtual realizado con una base de datos interactiva, donde se puede cruzar información y dar seguimiento a diversos conflictos de todo el mundo.

 

Así, se puede observar que el país con más problemas ecológicos es India con 104 casos. Sin embargo, Sudamérica es una de las regiones del planeta más amenazada por estas crisis. Seis países del continente están entre los diez primeros puestos: Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, Perú y Chile, que ocupa el décimo lugar en el ranking, con más casos que Estados Unidos.

 

El mapa aún está en desarrollo, incorporando activamente información para llegar, al año 2015, con más de dos mil casos documentados. Se trata del proyecto de investigación europeo Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (Ejolt), conformado por diversas organizaciones de justicia ambiental de 18 países y 23 universidades y coordinado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

 

El trabajo cuenta con cuatro ejes: los conflictos relacionados con biomasa, hidrocarburos, minería y energía nuclear. El coordinador de Ejolt y catedrático de la UAB, Joan Martínez, afirmó que el proyecto “muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por las demandas de materiales y energía de la población mundial de clase alta y media”.

 

En América Latina se coordinó la entrega de información sobre minería desde Ecuador a través de Acción Ecológica. Ivonne Yánez, integrante de la organización ambiental, se refirió a la forma en la que se presentan estos conflictos en la región.

 

“Principalmente tienen tres tipos de evidencias. Por un lado, el tema de las empresas que están vinculadas, que son empresas que utilizan prácticas operacionales de división de las comunidades, las que muchas veces están vinculadas a una militarización de las zonas, que manejan un discurso de oferta de empleo que no necesariamente se cumple. Otra evidencia es lo que motiva la resistencia de los pueblos, lo que corresponde principalmente al tema del agua y de la defensa de su territorio”, explicó.

 

La ambientalista añadió que un tercer punto en común entre los distintos países de América Latina es que muchas iniciativas están asociadas a inversiones de bancos y que existe una creciente presencia de empresas chinas. Además, en otras tendencias preocupantes se destaca también la impunidad de las compañías que cometen delitos ambientales.

 

Como se observa, en Chile existe un alto nivel de conflictividad social, lo que por un lado es positivo, porque demuestra la acción de las comunidades. Pero también muestra el proceso de expansión de la actividad extractiva, basado en una economía de explotación intensiva de recursos naturales, lo que genera mucho daño, tal como afirmó el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, refiriéndose a otro de los puntos en común.

 

“No hay criterios de justicia ambiental incorporados en los procesos de toma de decisiones y dictación de normas, leyes y la decisión sobre proyectos de alto impacto ambiental. No se revisa que esto esté perjudicando más a un sector de la población que a otro, que es lo que ocurre en Chile, donde los sectores más vulnerables, los más débiles, los más pobres son los que pagan mayores costos ambientales. Y eso también se revela a partir de esta cartografía como criterio de justicia ambiental”, detalló.

 

En el atlas se registran algunos casos como Isla Riesco, Pascua Lama y Punta Alcalde. En ese sentido, y bajo una mirada de ecología política, el mapa demuestra que suelen ser las comunidades pobres, en muchos casos indígenas, las que reciben los impactos más negativos de los países “en vías de desarrollo” o “del tercer mundo”.

 

Sin embargo, pese a la falta de poder económico de las comunidades, la carencia de recursos y la estrategia de represión a los dirigentes, los coordinadores del mapa afirmaron que el 17 por ciento de los casos analizados dejan una esperanza, ya que se han ganado juicios o los proyectos se han cancelado, lo que se puede considerar como “victorias de la justicia ambiental”.

 

Organizan Primer Encuentro de Conflictos Socio Ambientales del Norte Grande

 

Tocopilla, miércoles 26 de marzo de 2014, por Cristóbal Almonte, El Ciudadano.- Informe sobre Primer Encuentro de Conflictos Socioambientales del Norte Grande realizado en Tocopilla. Entre los días 27 de febrero y 2 de marzo de 2014 se llevó a cabo el Primer Encuentro de Conflictos Socio Ambientales del Norte Grande de Chile, un gran foro que contó con la participación de organizaciones de Arica a Antofagasta, y permitió la coordinación de una red que haga frente a los problemas transversales a las comunidades, en una zona amenazada por la presencia de enclaves mineros que se enfrentan directamente a la supervivencia humana debido al uso indiscriminado de agua y la contaminación atmosférica asociada a su funcionamiento.

En la escuela básica Arturo Prat de la ciudad de Tocopilla, se desarrolló durante tres días el primer foro de conflictos ambientales que fue apoyado por la Coordinadora por la defensa el rio Loa y la madre tierra Pat´A-HOYR’I, en conjunto con la colaboración de las organizaciones vecinales de la propia ciudad y la recién formada Unidad del Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Territorial perteneciente a la Municipalidad de Tocopilla.

 

En esta actividad participaron actores pertenecientes al mundo de las organizaciones ambientales del norte grande de Chile, procedentes de las ciudades de Arica, Iquique, Tocopilla, Calama, Tal Tal y Antofagasta.

 

El objetivo principal de esta convocatoria fue generar un espacio para las distintas fuerzas sociales que hay en las ciudades del norte grande del país, para promover una lucha en red y dar a conocer la situación en las que se encuentran tales organizaciones de lucha y construir una agenda de actividades para el año 2014.

 

“Todo comenzó el año pasado (2013) con una solicitud que hicimos con un grupo de tocopillanos y tocopillanas a la asamblea de Calama para hacer un encuentro de diversas agrupaciones sociales del Norte Grande que luchan por el medio ambiente, para reunirlas en nuestra ciudad […] Este encuentro fue una buena oportunidad de poder señalar al restos de los participantes de la situación medioambiental y social en que se encuentra la ciudad de Tocopilla y al mismo tiempo sensibilizar de estas problemáticas a los propios tocopillanos, a veces ignorantes”, explicó la pobladora doña María Espinoza, dirigenta de la población Tres Marías del puerto salitrero.

 

Es importante agregar para contextualizar esta iniciativa, la relación histórica entre los problemas ambientales que vive la ciudad y cómo estos han afectado la calidad de vida de sus ciudadanos, quienes tuvieron su punto de quiebre en agosto del año pasado, cuando iniciaron un proceso de movilización social frente al abandono en el cual viven, produciéndose un petitorio comunal donde se planteó el tema de la salud, específicamente la carencia de médicos especialistas para tratar las enfermedades asociadas por las dos termoeléctricas que se encuentran instaladas en la ciudad.

 

Por otra parte, durante el desarrollo de este evento se observó la presencia de actores institucionales como la propia Municipalidad de Tocopilla y su reciente Unidad de Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Territorial que aportó logísticamente para el pleno desarrollo de este encuentro. Incluso el alcalde de la comuna,Fernando San Román, presentó una ponencia sobre los conflictos ambientales de Tocopilla, conocimiento producto de su activismo durante varios años antes de ser elegido Alcalde.

 

Carmen Galaz Miranda, funcionaria de la unidad municipal presente, indicó los motivos por los que la institución local participó desde el inicio de este encuentro.

 

“Era indispensable y obligatorio estar presente en este encuentro, principalmente a través de la gestión logística. Reconocer las luchas socio-ambientales de otras comunidades, corroborar cómo la gran minería ha llevado al colapso ambiental del Norte Grande, donde no importan ni las personas, ni los ecosistemas, ni la vida, ni la escasez de agua dulce para el consumo humano, donde el dinero como siempre compra todo. Así que este es un llamado a todos y todas a autosanarse de cuerpo, mente y alma, para luchar por la vida, por nuestro medio ambiente”, señaló Galaz.

 

Coordinación

 

 

Para llevar a cabo este encuentro y alcanzar los objetivos deseados, se conformaron distintos espacios de interacción para los participantes: exposiciones y presentaciones de temáticas relacionadas con el medio ambiente y la instalación de mesas de trabajo que abarcaban temáticas como el agua, el marco jurídico, los pueblos indígenas, y la movilización, comunicación y propaganda.

 

En relación a las presentaciones que se desarrollaron durante el día sábado participaron actores individuales y agrupaciones que expusieron diferentes temas en relación a las problemáticas del medio ambiental en el norte grande de Chile.

 

La tendencia principal de estas exposiciones estuvo dirigida a orientar las manifestaciones de situaciones locales o experiencias de luchas particulares en torno a problemáticas de sus respectivas zonas como la destrucción del río Loa y la sobreexplotación del recurso hídrico que producen las empresas mineras del sector, o los conflictos ambientales que hay en Mejillones o en la comunidad de Paposo.

 

En menor medida, otras exposiciones se dedicaron a presentar temáticas desde el campo de la lucha política. Otros, desde la vía legislativa, trataron de presentar aportes prácticos para la lucha. Estas exposiciones dieron paso a una instancia de preguntas y respuestas para discutir o aclarar los temas tratados.

 

Posteriormente, se organizaron mesas de trabajo con sus respectivas temáticas en las cuales los participantes discutieron y decidieron los pasos a seguir para este año.

 

Estos fueron algunos de los puntos zanjados:

 

• Se decidió crear una Coordinadora que agrupara a todas los colectivos indígenas, culturales y sociales cuyo horizonte es la lucha por el medio ambiente.

• Un segundo encuentro durante los meses de junio o julio en la ciudad de Iquique y un tercer encuentro en la ciudad de Tal Tal durante los meses de noviembre o diciembre.

• Para el “Día Internacional del Agua” (22 de marzo) se harán actividades territoriales y una recolección de firmas para derogar el código del agua.

• Colaboración de las organizaciones sociales de la ciudad de Mejillones a través del lanzamiento del documental “Mejillones, zona de sacrificio” en la cual el resto de las organizaciones sociales del norte grande, asistirán al evento.

• Se aprobó la creación de un Observatorio de los conflictos del medio ambiente en el Norte Grande.

 

En relación a las proyecciones políticas que surgieron de este encuentro, surgió la necesidad de articular una lucha en red, es decir apoyar y profundizar las luchas locales desde una perspectiva de totalidad, reconociendo que esta la lucha social debe ir en contra del modelo neoliberal, por medio de la recuperación de los derechos universales y poner fin al lucro de los recursos naturales, como el agua. Además, se incluye una acción crítica en torno a las políticas de desarrollo económica que impera en las zonas norte del país, que gira solamente en la extracción minera y plantear la necesidad de apuntar otros focos de desarrollo económico, como la agricultura sustentable y el turismo.

 

Propuesta de mecanismos de resolución colaborativa de conflictos socio ambientales

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Francisca Reyes, Instituto de Ciencia Política UC; Carlos Frontaura, Facultad de Derecho UC; Francisco Javier Leturia, Facultad de Derecho UC; Ayudantes de Investigación: Isabel Castillo, Cientista política UC, ayudante principal; Pablo Trigo, Abogado UC; y  Francisca Vallejo, Estudiante de Derecho UC, Políticas Públicas, Universidad Católica.-  En este artículo se propone la incorporación a la institucionalidad de un mecanismo colaborativo de resolución de conflictos socioambientales, que ayude a las partes en el manejo de sus diferencias que, por su alto nivel de conflictividad, potencial o manifiesto, pongan en peligro el normal desarrollo de la convivencia en las comunidades afectadas. Se plantea la creación de un Consejo de Resolución Colaborativa de Conflictos Socioambientales, como órgano público y autónomo, cuyas funciones principales serían las de (i) educación y capacitación en materias de resolución colaborativa de conflictos, (ii) seguimiento y estudio de los conflictos así como producción de estadísticas relevantes, y (iii) creación y mantención de Registro de Mediadores; evaluación de factibilidad de proceso colaborativo, ayuda en selección de tercera parte neutral y supervisión del desarrollo del procedimiento. Se enfatiza el carácter subsidiario de este ente, así como el que la participación en este mecanismo es siempre voluntaria.

 

Antecedentes y diagnóstico

 

En la última década se ha visto en Chile un aumento de los conflictos que, para efectos de este trabajo, se denominarán socioambientales, y de manera muy notoria, una mayor presencia y visibilidad pública de ellos, a medida que crecen los niveles de conciencia ambiental y existen mayores instrumentos

tecnológicos para la difusión de información y la formación de redes ciudadanas unidas por un interés en común.

 

Por conflictos socioambientales entendemos un proceso de interacción entre actores privados o públicos, individuales o grupales, caracterizado por una dinámica de oposición y controversia fundada en la incompatibilidad o en la percepción de incompatibilidad en torno al uso, acceso y/o preservación

del ambiente y sus recursos. Emerson et al. (2003) destacan que el conflicto se produce por diferencias de valores y comportamientos, lo que unido a las percepciones, da cuenta de un ámbito donde las discrepancias en muchos casos no son objetivables.

 

A pesar de que en ciertos contextos se habla de conflictos ambientales, los aspectos involucrados son de gran complejidad, y el medioambiente es sólo uno de los elementos que genera desacuerdo, ya que también tienen protagonismo otros factores como los sociales, económicos, culturales y políticos. De

ahí que utilicemos el concepto de conflictos socioambientales.

 

Considerando la complejidad de estas desavenencias así como sus características, es que ha surgido un movimiento en distintos países que aboga por la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, teniendo en cuenta las limitaciones que muestran los sistemas tradicionales para solucionarlos, sea a través de instancias administrativas o judiciales. Por mecanismos alternativos –según se denominan en parte de la literatura– o colaborativos, como serán llamados en este trabajo, se entiende todo procedimiento orientado a la resolución participativa y no adversarial de controversias

realizado fuera de tribunales, generalmente con la ayuda de un tercero neutral. Aquí se incluye la mediación, facilitación y conciliación, entre otros1.

 

Estos mecanismos tienen la ventaja de que, de ser exitosos, logran acuerdos aceptables y perdurables para todas las partes, evitando una adjudicación o decisión externa que generalmente será rígida (ajustada a los criterios de la ley), y con una lógica de suma cero, por lo que generan soluciones más creativas y eficientes, mejoran la convivencia y, además, pueden ahorrar costos y tiempo en relación a un proceso judicial. Sin embargo, en Chile, para temas socioambientales, esas alternativas no están previstas en la institucionalidad –salvo en forma indirecta, general e insuficiente en el artículo 13 bis de la Ley 19.3002– y no se les asigna un valor vinculante3.

 

Estos mecanismos pueden utilizarse en conflictos surgidos en la etapa de planificación, aprobación, implementación o cierre de proyectos que involucran la explotación o utilización de recursos naturales, etapas que se han denominado 0, I, II y III. Asimismo, contempla mecanismos para la supervisión del cumplimiento de los acuerdos logrados a través del tiempo.

 

Esta propuesta busca abordar conflictos en cualquiera de estas etapas; sin embargo, el foco estará en conflictos que estén en una fase inicial, donde los mecanismos colaborativos de resolución propuestos puedan cumplir un mayor rol de prevención. Las razones para esto son que en una etapa inicial, incluso previa a la ejecución de los proyectos con impacto ambiental, se pueden evitar conflictos mayores durante la implementación. Además, en las fases II y III muchos conflictos se producen por incumplimiento de normas, donde son los Tribunales Ambientales los que debieran tener un rol central.

 

A continuación se dará cuenta de las características de los conflictos ambientales en Chile y las ventajas que proveen los mecanismos colaborativos, para finalizar con una propuesta para el caso chileno que considera la posible institucionalización del mecanismo sugerido, así como las características concretas que se proponen para el mismo a través de una guía de procedimiento.

 

1. Conflictividad socioambiental en Chile

 

En términos operacionales, para considerar los niveles de conflictividad en Chile se han analizado los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)4 entre los años 2000 y 2010 en las áreas de aguas5, energía y minería, que en su conjunto permiten dar una mirada bastante completa a las características del sistema, teniendo en cuenta ciertas particularidades asociadas a cada uno de estos recursos6.

 

Estos casos, considerando sólo los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ingresados en las mencionadas áreas entre 2000 y 2010, conforman un universo de 197 proyectos presentados, de los cuales un 76% ya fueron aprobados y un 14% se encuentran en proceso de calificación. Los proyectos restantes fueron desistidos por sus proponentes, no admitidos a tramitación o rechazados (sólo 3 proyectos en estas áreas han sido rechazados desde el año 2000).

 

Los siguientes gráficos muestran el número de proyectos presentados según año de ingreso al sistema y el monto promedio de inversión de los mismos para el período 2000-2010.

 

A simple vista es posible apreciar que existe una tendencia al alza en el número de proyectos así como de su tamaño, reflejado en el monto de inversión.

 

Es lógico pensar que estos proyectos de gran envergadura pueden generar un mayor impacto en el medio ambiente y en las comunidades aledañas, hipótesis que podría implicar que el promedio de observaciones ciudadanas ha aumentado a la par de los otros indicadores. Lamentablemente, no se

cuenta con la información para graficar las observaciones, puesto que no ha existido un único método de conteo de observaciones a lo largo del tiempo y la sistematización proporcionada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sólo abarca el período 2006-20107.

 

A pesar de lo anterior, en base al análisis de estos casos se puede determinar que, en general, las observaciones ciudadanas pueden ser consideradas como un indicador de conflictividad, ya que muchas veces dan cuenta de reparos por parte de la comunidad que pueden conducir o anticipar niveles y temas en que existe desacuerdo. Por tanto, es un indicador que se debe observar.

 

En los casos de aguas y minería no existe una clara tendencia al aumento de la cantidad de proyectos ni de los montos de inversión –como sí la hay en energía–, aunque la conflictividad ha estado presente de forma constante en la última década, manifestándose en casos emblemáticos como el Proyecto Hidroeléctrico Aysén –que tiene también un componente energético que no es fácil de separar– o Pascua Lama.

 

Adicionalmente, el informe de monitoreo de la conflictividad de proyectos sometidos al SEIA, elaborado por el Departamento de Participación Ciudadana del SEA, consigna que en el primer trimestre de 2011 había 24 conflictos activos, considerando EIA o Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) con niveles de conflictividad media, alta o muy alta. Según este monitoreo, un 34% de los conflictos se relacionan con proyectos de termoeléctricas, mientras un 33% con hidroeléctricas, dando cuenta de la preeminencia de la temática energética. Respecto a la distribución geográfica, ésta es bastante homogénea entre las regiones, siendo la Región del Biobío la que presenta mayor conflicto con cinco casos.

 

Considerando el análisis realizado de los proyectos ingresados al SEIA así como el Informe de Conflictividad de SEA, la conclusión clara es que los conflictos socioambientales constituyen un problema relevante que debe ser abordado mediante políticas públicas.

 

2. Causas y características del conflicto

 

En cuanto a las causas, como se mencionó, fundamentalmente los conflictos socioambientales responden a diferencias de intereses en conflicto, valores, visiones de mundo y la incertidumbre que rodea diversos cursos de acción (Emerson et al. 2003, pp. 5). Pero también existen otros elementos que facilitan el surgimiento de conflictos, a la vez que dificultan una oportuna salida a los mismos que deje satisfecha a las distintas partes, como por ejemplo las diferencias de lenguaje (entendido en un sentido amplio) o las formas de enfrentar la situación.

 

De forma más específica, las causas que se han identificado como principales a estos conflictos son la falta de transparencia y asimetría de poder, la ubicación de los proyectos (efecto NIMBY8), que se presenta particularmente en la fase de aprobación de proyectos; la ausencia de normativa específica en las fases de implementación y cierre; la superposición de derechos; los problemas de procedimiento en el SEIA; y la judicialización, que se observa en todas las etapas de los conflictos. Estos elementos se detallan a continuación.

 

2.1 Falta de transparencia y asimetría de poder

 

En el proceso de planificación (fase 0) y de aprobación (fase I) de los distintos proyectos, ciertamente existe contacto entre los proponentes del proyecto y las comunidades que se ubican en los alrededores, a quienes este último puede afectar directa o indirectamente. En esta etapa es frecuente que se produzcan negociaciones entre las partes, las que incluso pueden llegar a alcanzar acuerdos; sin embargo, tales acuerdos –que en muchos casos incluyen compensaciones– no están regulados y adolecen muchas veces de falta de transparencia, legitimidad y representatividad. Además, comunidades pequeñas pueden no conocer la legislación ni los procedimientos correspondientes, lo que lleva a una negociación esencialmente desigual.

 

Esta última es una de las principales características de los conflictos socioambientales, a saber: la asimetría entre las partes. Esta desigualdad se expresa en recursos económicos, conocimientos, influencia y acceso a bienes y servicios. Los proponentes de los proyectos que entran al SEIA a través de

EIA suelen ser importantes empresas nacionales e internacionales que evidentemente gozan de una serie de ventajas frente a comunidades pequeñas, muchas veces aisladas, para quienes el acceso a información y a procesos judiciales resulta mucho más costoso y difícil.

 

La falta de transparencia y la asimetría de poder, que se mantienen en todas las etapas de un proyecto, conducen a soluciones poco duraderas y que en muchos casos no deja satisfecha a las partes, por lo que el conflicto y las malas relaciones se pueden prolongar en el tiempo.

 

2.2 Efecto NIMBY

 

Una segunda causa de conflicto es lo que en la nomenclatura anglosajona se denomina NIMBY, cuando los afectados no se oponen al desarrollo de un tipo de proyecto en particular, pudiendo incluso estar de acuerdo con el mismo, sino que rechazan su ubicación.

 

Normalmente, hay varias razones para que una comunidad rechace una iniciativa contigua o aledaña, sea ésta privada o pública. Puede ser el miedo a poner en peligro su salud, que un determinado proyecto afecte negativamente su estilo de vida, una sensación de abuso (justificada o no) o la devaluación de su propiedad. Todas esas reacciones provocan, sin lugar a dudas, rechazo, como da cuenta un enorme porcentaje de las observaciones ciudadanas planteadas frente a proyectos de diversa índole sometidos al SEIA, objeciones que provienen mayoritariamente de particulares, asociaciones gremiales y agrupaciones de vecinos que mencionan como justificación a su oposición al proyecto en evaluación, preocupaciones asociadas al efecto NIMBY.

 

Así, un sucinto análisis de los proyectos que presentan las más altas cifras de observaciones ciudadanas9 permite apreciar esta circunstancia como un patrón recurrente.

 

En la mayoría de los casos, se ha visto que el rechazo de las comunidades locales frente a una determinada empresa cesa inmediatamente ante la retirada de su localidad de la iniciativa que despertaba malestares. Es decir, la preocupación por el problema medioambiental termina en el momento en que saben que ya no les va a afectar directamente. Este elemento refuerza la idea de que el conflicto no es siempre por aspectos ambientales, sino que tiene otros componentes.

 

2.3 Ausencia de normas específicas

 

Un tercer foco de conflicto tiene que ver con que en algunas materias el país simplemente no cuenta con legislación vigente. Este es el caso de los relaves mineros tras el cierre de las faenas productivas, materia en que actualmente existe un proyecto en discusión en el Congreso10. Sin embargo, hasta el

momento las herramientas frente a los numerosos casos de abandono de tranques de relave son limitadas y poco eficientes. Igualmente preocupa la ausencia de normativa relacionada con el manejo de los pasivos ambientales, ya que pueden generar conflictos socioambientales.

 

A esto se suman las normas de calidad y emisión que no se han dictado en algunas materias (Lavín, 2006), y los instrumentos de planificación territorial que se encuentran en discusión. Respecto a esto último, destaca la necesidad de contar con un ordenamiento territorial estratégico y zonificación

que genere mayor certeza respecto a los usos permitidos para los suelos, acotando focos de conflicto. Así, urge la implementación de políticas públicas que definan los criterios a través de los cuales se identificará, planificará y gestionará los elementos del territorio y las actividades que pueden desarrollarse en determinadas fracciones de éste, a partir de criterios jurídicos y legales de aplicación general.

 

2.4 Superposición y colisión de derechos

 

Con la expresión superposición de derechos se hace referencia a casos en que normativas nacionales o internacionales abordan un mismo problema, sin existir claridad sobre la jerarquía entre ambas, lo que ciertamente produce conflictos. Este tema se ha presentado en una serie de ejemplos en la fase I de los proyectos, cuando se está decidiendo sobre los mismos, como el caso del proyecto de la minera Los Pelambres del grupo Luksic, en que para la construcción de un tranque de relave se utilizaron terrenos con un alto valor patrimonial y arqueológico, protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales, a la vez que se permitió el proyecto bajo la Ley 19.300 y según el procedimiento del SEIA11.

 

Otro ejemplo de superposición de derechos se produce con los proyectos de inversión en Áreas Silvestres Protegidas, como el caso de las centrales HidroeléctricasPalmares-Correntoso de la empresa Hidroaustral, en el Parque Nacional Puyehue. El conflicto se desató en cuanto CONAF, y luego algunos parlamentarios que recogieron su informe, consideraron que la realización del proyecto contravenía el objeto de conservación del parque y el Convenio de Washington del que Chile es parte, a la vez que la Ley de Bases del Medio Ambiente permite la realización de proyectos en Áreas Protegidas, con ciertos resguardos. Por esto último es que la Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado contra el proyecto, aunque se evidencia que no existe una única interpretación respecto a la intervención de las Áreas Protegidas, mostrando la existencia de normas contrapuestas12.

 

2.5 Problemas de procedimiento en el sistema de aprobación ambiental de proyectos (SEIA)13

 

Uno de los puntos más relevantes dice relación con la participación ciudadana en el SEIA. Ciertamente que la participación ciudadana no es una causa de los conflictos, pero la poca atención dada a ella impide que las diferencias entre los actores sean detectadas y resueltas en una etapa temprana para que el conflicto no escale. En este ámbito, las instancias de participación que permite el sistema son insuficientes, y hasta 2010 la autoridad no tenía obligación de hacerse cargo de las observaciones14. Además, como indica el análisis de Reyes et al. (2011), el sistema se encuentra deslegitimado a los ojos de la ciudadanía y los grupos ambientalistas, por una generalizada percepción de que los mecanismos de aprobación de proyectos no contemplan su opinión y omiten referirse a ellos, dificultando que este instrumento constituya un real mecanismo de solución de controversias.

 

Otra falencia identificada es la falla del rol coordinador de la autoridad ambiental, específicamente de las ex Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMAS) y la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), en cuanto a su mandato de coordinar a los organismos públicos y analizar las observaciones formuladas por éstos. Esto ha llevado a que en determinados casos, como la mina a cielo abierto de la minera Otway en la Región de Magallanes, se desestimen las observaciones de otros servicios respecto de los efectos adversos que tendría este proyecto15. Se espera que el nuevo Servicio de Evaluación Ambiental tenga mayor capacidad de coordinación y una mirada sistémica, disminuyendo, aunque no necesariamente eliminando, las distintas visiones dentro del Estado respecto de un proyecto. Es interesante notar además que este punto refleja que la autoridad competente no es un ente totalmente imparcial, menos aún considerando que las COREMAS o las actuales Comisiones de Evaluación Ambiental son instancias esencialmente políticas. El gobierno nacional o los gobiernos regionales pueden también ser proponentes de proyectos, y en gran parte de los casos su neutralidad no está debidamente garantizada frente al proyecto en evaluación o desarrollo16.

 

2.6 Insuficiencia y limitaciones del sistema judicial: ausencia de protección jurídica y judicialización

 

En algunos conflictos relacionados con la instalación de un proyecto, encircunstancias que los interesados en que no se realice o se modifique consideran que tienen argumentos suficientes, se ha recurrido a la justicia para intentar revocar las decisiones del SEIA y otros organismos administrativos, en la fase I, o por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) u otras normas en las demás fases. Del total de proyectos analizados, existen 9 judicializados cuyos casos han sido llevados a la consideración del Poder Judicial por organizaciones ciudadanas o individuos, con el fin de evitar la realización del proyecto pese a que éstos se encuentran aprobados por el SEIA17. A pesar de que en términos numéricos estas cifras representan un pequeño porcentaje del total, es relevante el análisis, ya que varios de estos casos son conflictos prolongados y emblemáticos18 y en cuanto permite dar cuenta de algunas de las limitantes del sistema judicial para abordar conflictos socioambientales.

 

Uno de los vehículos más utilizados para requerir el pronunciamiento de la justicia es el recurso de protección, instrumento que no ha sido útil como herramienta para resolver los conflictos, ya que su función es cautelar derechos fundamentales que han sido violados. En esta línea, muchos recursos aluden al derecho constitucional de vivir en un ambiental libre de contaminación o el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, y son rechazados en cuanto existe poca o nula prueba de la afectación de estos derechos. Sin embargo, ello no significa que el desacuerdo y la conflictividad socioambiental desaparezcan19.

 

Además, los tribunales han evitado pronunciarse sobre el fondo de los conflictos, estimando que, siendo la COREMA o la CONAMA el órgano competente para hacer la evaluación ambiental, sus actuaciones serían necesariamente acotadas a la ley y razonables, estableciéndose así una presunción tácita de legalidad en sus evaluaciones. Las cortes han argumentado también que para revertir una decisión técnica se requiere realizar un juicio de nulidad de derecho público, los que son de largo aliento y, por tanto, con altos costos para las partes. Por lo demás, estos juicios no paralizan la ejecución de un proyecto con RCA positiva, por lo que podría darse el caso de que un tribunal fallara a favor de los solicitantes de la nulidad, pero igualmente se hubiese desarrollado parte del proyecto, produciendo los efectos que las reclamaciones buscaban evitar. Así, el ámbito judicial no presenta un espacio

adecuado para abordar muchas de las causas de conflictos socioambientales y, a pesar de que ciertamente cumple un rol irreemplazable, no parece conveniente que sea el único medio para la resolución de ellos20.

 

Del análisis de estas causas y características del conflicto socioambiental en Chile, las que pueden combinarse de diversa forma en los distintos conflictos, se observa que éstos son complejos y que se presentan en múltiples formatos. A esta complejidad se suman los efectos sociales y económicos de los proyectos en materia de empleo, actividades económicas de la localidad, entre otras, que denotan la importancia de buscar mecanismos para disminuir los niveles de conflictividad socioambiental en el país.

 

3. Justificación de la propuesta

 

A partir del diagnóstico presentado, es posible apreciar que los conflictos socioambientales constituyen una realidad compleja, donde los mecanismos administrativos, legislativos y judiciales existentes, son en parte insuficientes e incluso, en algunos casos, inadecuados para lograr el encausamiento y resolución de ellos. Sin embargo, y pese a que las modificaciones recientemente introducidas a la institucionalidad ambiental pueden contribuir a encauzar mejor determinados procesos, el conflicto como realidad nunca desaparecerá del todo, ya que forma parte natural del desarrollo de personas y sociedades.

 

En este sentido es útil pensar en una alternativa, de carácter subsidiario, que permita la utilización de mecanismos adecuados para la gestión de la conflictividad socioambiental, que logren abordar los particulares matices presentes en esta clase de controversias, contribuyendo así a la mitigación de sus consecuencias más perniciosas21, así como a evitar pugnas en escalada o el constante resurgimiento de focos de disputa. Por tanto, es del interés de la totalidad de las partes involucradas en el conflicto el lograr una mejor convivencia a largo plazo a través de soluciones más participativas, consensuadas y estables.

 

Así, la presente propuesta de política pública reconoce que los conflictos socioambientales no van a desaparecer, en cuanto son parte intrínseca del desarrollo contemporáneo, y más bien busca, inspirada en la experiencia internacional, proponer mecanismos colaborativos o alternativos de resolución de conflictos que constituyan una respuesta a la necesidad de encontrar soluciones aceptables para las distintas partes en disputa, que disminuyan los costos del proceso, reduzcan la incertidumbre para inversionistas y comunidades, y mejoren la convivencia.

 

Propuesta

 

En esta sección se presenta la propuesta orientada a la implementación de mecanismos colaborativos para la resolución de conflictos socioambientales y su utilización dentro de una institucionalidad especialmente diseñada para albergarlos: un Consejo de Resolución Colaborativa de Conflictos Socioambientales.

 

Los componentes de la propuesta son, en primer lugar, las características, estructura y competencia de la institución que se propone crear; la vinculación de esta institución con otras reparticiones del Estado así como con sus beneficiarios; una guía de procedimiento para la utilización de un mecanismo colaborativo de resolución de conflictos Mecanismos Colaborativos de Resolución de Conflictos (MCRC), y un análisis de los costos financieros y legales que la implementación de la propuesta implicaría.

 

La elaboración de la presente propuesta se nutre de dos fuentes principales, a saber, la experiencia internacional, para lo que se consideraron los casos de Australia, Canadá y Estados Unidos, y la discusión en talleres con expertos en la materia, tanto académicos, como de ONG, gobierno y empresas, además de una serie de entrevistas en profundidad22.

 

Una de las cuestiones fundamentales de la presente propuesta dice relación con el asentamiento de los MCRC dentro de la realidad institucional y administrativa chilena. Se busca que el procedimiento mismo sea lo más flexible posible para que los involucrados sean parte de su diseño. Por tanto, la institucionalidad que acoja y fomente estos mecanismos se torna un aspecto central.

 

Al momento de analizar y diseñar la institucionalidad que se plantea a continuación, se barajaron un conjunto de seis alternativas de asentamiento institucional de los MCRC: la creación de una institución privada académicoprofesional, la generación de un organismo público y autónomo, la posibilidad

de que cada Servicio o Ministerio cuente con herramientas propias para la resolución de los conflictos socioambientales bajo su competencia, la creación de una unidad de resolución colaborativa de conflictos dentro del Ministerio de Medio Ambiente, la introducción de procedimientos colaborativos en el marco de los instrumentos de gestión relevantes, particularmente el SEIA y, finalmente, como una etapa propia del procedimiento judicial ambiental. Estas alternativas, junto a sus ventajas y desventajas, se pueden apreciar en el Anexo 1.

 

Estas distintas alternativas no son excluyentes; la experiencia internacional da cuenta de la coexistencia de estos mecanismos. Al respecto, el caso estadounidense es ilustrador, ya que en ese país existe una institución pública autónoma que presta servicios de resolución de conflictos (U.S. Institute for Environmental Conflict Resolution) y que convive con los diversos sistemas de solución alternativa de conflictos ambientales bajo la gestión de cada agencia del gobierno federal, así como con el sistema judicial, el cual también utiliza mecanismos alternativos propios de resolución de conflictos ambientales. Existen también organizaciones privadas que prestan servicios de mediación y conciliación.

 

Para esta propuesta se ha privilegiado la alternativa de un organismo público y autónomo en cuanto se estima cumple de mejor manera con criterios básicos que la institución debe cumplir, que son la independencia y neutralidad respecto de otras reparticiones públicas, elemento fundamental para la legitimidad del organismo; capacidad para actuar en cualquier etapa de los proyectos, y el contar con fondos públicos para cubrir al menos parte de los gastos y poder financiar, directa o indirectamente, la participación de pequeñas comunidades sin recursos para ello.

 

Este organismo, sin embargo, no puede actuar sin la colaboración de las reparticiones con competencia ambiental existentes ya que no se justifica –en base al actual número de conflictos socioambientales– crear una institución de gran tamaño para cubrir la necesaria presencia territorial.

 

A nivel gubernamental se prevé que el Consejo, en varias de sus tareas, deberá coordinarse con el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y los tribunales ambientales, en modos que serán explicitados a lo largo de la propuesta. Su rol, por tanto, sería subsidiario y de colaborar, asesorar y capacitar a los funcionarios que trabajan en terreno en las regiones y que son fuente directa de información respecto a las características de los conflictos, así como de realizar actividades de coordinación y facilitación en general.

 

1. Características, misión y funciones del Consejo

 

Se propone la creación de este Consejo como una corporación autónoma de derecho público o un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios que pueda establecer en otros puntos del país.

 

La misión del Consejo será promover y contribuir al desarrollo de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos socioambientales, que ayuden a las partes en el manejo y eventual solución (transformación) de conflictos que, por su alto nivel de conflictividad –potencial o manifiesto–, pongan en peligro el normal desarrollo de la convivencia en las comunidades afectadas.

 

Sus objetivos serán:

 

a) Promover la resolución colaborativa de conflictos socioambientales y difundir las ventajas de estos mecanismos.

b) Evaluar conflictos socioambientales potenciales y/o manifiestos, y proponer cursos de acción para su manejo y transformación.

c) Fomentar y facilitar el uso de MCRC para la solución de conflictos socioambientales, proveyendo a las partes de acompañamiento durante todo el proceso, lo que incluye un análisis de factibilidad, diálogo inicial con los involucrados, ayuda en la selección del tercero independiente, garantizar el procedimiento usado, y validar y seguir el acuerdo logrado en el tiempo.

d) Generar, procesar y difundir información en materia de conflictos socioambientales, considerando su evolución, causas, desarrollo y resultado.

e) Apoyar la generación de competencias en materia de resolución alternativa de conflictos en actores relevantes (empresas, comunidades, administración del Estado), a través de programas de capacitación y educación.

 

1.1 Estructura y funciones

 

El Consejo se estructurará en base a un Consejo Directivo, la Dirección Ejecutiva y tres direcciones encargadas de las funciones estratégicas de la institución: capacitación y educación; seguimiento, estudios y estadísticas, y mediación y conflicto.

 

Como instancia superior, el Consejo Directivo será un cuerpo colegiado compuesto de 5 miembros designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado, acuerdo que debe ser adoptado por dos tercios de sus miembros en ejercicio. Durarán 6 años en su cargo, siendo elegidos por parcialidades. Los Consejeros deberán ser profesionales con formación o experiencia comprobada en resolución alternativa de conflictos y/o en materias ambientales y sociales, debiendo ser 3 de ellos abogados y 2 del ámbito de las ciencias sociales. El cargo será incompatible con otros cargos públicos.

 

Al Consejo Directivo le corresponderán las decisiones estratégicas de la institución a ser implementadas por las divisiones especializadas.

 

a. Educación y capacitación

 

En materia de educación y capacitación, le corresponderá fijar políticas para la difusión y educación en resolución colaborativa de conflictos socioambientales y aprobar programas de capacitación interna (de los funcionarios del Consejo) y externa. La capacitación externa deberá orientarse, por una parte, a los terceros neutrales en materia de técnicas de mediación y conocimiento de temas recurrentes de disputas en conflictos socioambientales y, por otra, a los usuarios del sistema. El rol del Consejo en esta área será subsidiario, complementando y coordinando diversas acciones existentes en la materia.

 

Un primer usuario sería la sociedad civil, en particular comunidades que desarrollan actividades dependientes de recursos naturales y que son las principales afectadas por los distintos proyectos de inversión. En este caso, las actividades de educación y capacitación deben orientarse a generar y fortalecer capacidades y la organización de las comunidades con el fin de disminuir desigualdades entre las partes, y que puedan hablar un lenguaje común con empresas y reparticiones públicas. Además, se deben dar a conocer los beneficios de los mecanismos colaborativos, el rol del Consejo y la importancia de los distintos elementos del procedimiento, como el respeto a la confidencialidad, a los acuerdos alcanzados, entre otros. En esta tarea, como se menciona más adelante, deberá colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente.

 

Un segundo sujeto de las actividades de capacitación deberán ser las empresas de aquellos rubros cuyas actividades se basan en la utilización de recursos naturales: minería, energía, pesca, silvicultura, entre otros. En este caso, la capacitación deberá orientarse a dar a conocer los beneficios de los mecanismos colaborativos y sus características, por una parte y, por otra, al desarrollo de sistemas de alerta temprana para que tengan instrumentos con los que detectar a tiempo los conflictos y poder solicitar la acción del Consejo.

 

 

En tercer lugar, los funcionarios de los órganos públicos relacionados (SEA, Superintendencia del Medio Ambiente, Tribunales Ambientales, Ministerios de Medio Ambiente y Energía, entre otros), al igual en que el caso anterior, deberán recibir capacitación orientada a dar a conocer los beneficios de los mecanismos colaborativos y el desarrollo de sistemas de alerta temprana para poder recurrir al Consejo en el momento oportuno.

 

b. Seguimiento, estudios y estadísticas

 

Una segunda área estratégica del Consejo es la relativa a la recopilación y producción de información relevante en materia de conflictos socioambientales. En materia de seguimiento, esta institución tendrá un rol subsidiario, recopilando y analizando la información que puedan entregar empresas, comunidades, SEA, Superintendencia, Tribunales Ambientales, municipios y otros actores relevantes que tienen o debiesen desarrollar sistemas de seguimiento.

 

En base a esta información es que el Consejo deberá elaborar y difundir boletines periódicos con análisis de conflictividad socioambiental identificando materia, evolución anual, ubicación, entre otras variables relevantes. Sobre este instrumento es que el Consejo evaluará la realización de MCRC.

 

Adicionalmente, se deberá elaborar un informe anual sobre la acción del Consejo, la utilización de MCRC y sus resultados, información sobre el proceso de implementación y seguimiento de los acuerdos, informe que deberá ser aprobado por el Consejo Directivo.

 

Además del informe anual, esta información deberá estar públicamente disponible y actualizada en el sitio web en la forma de estadísticas sobre conflictos socioambientales y la acción del Consejo.

 

Toda esta información, así como su análisis, permitirá recopilar antecedentes que además de los procedimientos específicos, podría constituir un insumo para la toma de decisiones respecto de políticas públicas más amplias sobre conflictividad ambiental. Esto, particularmente respecto de las causas más estructurantes de los conflictos, que superan las posibilidades de mecanismos colaborativos y dicen relación con el marco regulatorio.

 

c. Mediación y conflicto

 

Esta área dice relación con la utilización de los mecanismos de resolución de conflictos propiamente tal, así como con la mantención de un Registro de Mediadores. Para estar inscrito en el registro, se requerirá título profesional de una carrera de al menos 8 semestres otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, 5 años de experiencia laboral, poseer un título o diploma de especialización en materias de mediación, no haber sido condenado u objeto de investigación por delitos que merezcan pena aflictiva y contar con una oficina que permita las condiciones para el desarrollo del procedimiento (al menos una sala de reuniones, una sala de espera y un baño para los usuarios), debiendo el Consejo velar por el cumplimiento de estos requisitos para el ingreso al registro así como para que no se pierda ninguno de ellos.

 

En cuanto al procedimiento, en primer lugar, al Consejo Directivo le corresponde decidir sobre la factibilidad de utilizar MCRC según las características del conflicto y de las partes, aceptando o rechazando las solicitudes de terceros, así como proponiendo recurrir a ellos cuando no exista solicitud.

 

Esta decisión se basará en los boletines de conflictividad.

 

Luego, los profesionales de esta área deberán asesorar el desarrollo del MCRC, explicando las características básicas del procedimiento a los participantes y asegurando su participación a través de la firma de un “convenio de mediación”, acuerdo escrito por el cual las partes convienen someter su diferendo a la mediación, pactando las reglas básicas bajo las cuales se desarrollará dicho proceso (plazos, medios de notificación, etc.); asistiendo también en la selección del tercero neutral, velando porque no se negocie respecto de bienes jurídicos no disponibles y se respeten las condiciones básicas de los procesos. En esta etapa, el Consejo Directivo deberá atender reclamos o quejas de participantes en MCRC respecto al desarrollo inadecuado de los mismos, teniendo un rol de garante.

 

En caso de que se alcance un acuerdo, el Consejo Directivo deberá validarlo, velando porque el procedimiento se haya desarrollado de forma adecuada, los acuerdos no versen sobre lo no disponible por privados y se haya constituido un Comité Garante con representantes de las partes (empresas, comunidades y reparticiones públicas), que no hayan participado directamente en la negociación pero puedan informar sobre su cumplimiento.

 

Finalmente, se deberá realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, información que se incluirá en el reporte anual. En caso de incumplimiento o el surgimiento de nuevas diferencias, el Consejo será una instancia de reclamación y propiciará que las partes vuelvan a entablar mecanismos de diálogo, idealmente con el mismo tercero neutral.

 

d. Organigrama

 

En base a las funciones antes descritas y considerando las áreas estratégicas de acción, se propone que la estructura orgánica de la institución sea con el Consejo a la cabeza; una dirección ejecutiva, que se haga cargo también de finanzas y comunicaciones, y bajo ésta, tres divisiones: División de educación y capacitación, División de seguimiento, estudios y estadísticas; y División de mediación y conflicto.

 

2. Vinculación del Consejo con otras reparticiones de la administración del Estado y principales beneficiarios

 

2.1 Servicio de Evaluación Ambiental

 

El SEA es un actor clave en el desarrollo de los MCRC, pues en la etapa deevaluación se manifiestan gran cantidad de conflictos socioambientales. Por tanto, su relación con el Consejo propuesto es clave y se expresa a través de distintos ámbitos de colaboración.

 

Una primera relación entre ambos actores se orienta a la identificación y caracterización de los conflictos ambientales. Con este fin es que el SEA elabora un informe trimestral de conflictividad, el que servirá de insumo al propuesto por el Consejo para el monitoreo y evaluación de estos conflictos.

 

Una segunda área de colaboración entre ambos es el fomento a la actuación temprana del Consejo. Con este fin es que los funcionarios del SEA deberán ser capacitados para conocer sobre los beneficios de estos mecanismos, y poder detectar de manera temprana los conflictos susceptibles de pasar por un proceso de MCRC durante el período de evaluación en el SEIA.

 

Se prevé que el Consejo pueda actuar prioritariamente frente a las siguientes condiciones:

 

• Conflictos asociados a proyectos de gran tamaño y/o impacto (grandes montos de inversión o que afectan a varias regiones, entre otros factores).

• Proyectos que presenten niveles potencialmente altos de conflictividad.

• Proyectos en que alguna repartición del Estado o de sus empresas esté involucrado como inversor.

 

Además, para que un MCRC se concrete, el procedimiento de evaluación debe permitirlo. De una evaluación de los distintos tipos de procedimientos, se estima que en aquellos que contemplan participación ciudadana y que permiten el congelamiento de los plazos de evaluación, permiten la utilización de MCRC. Estos procedimientos son los Estudios de Impacto Ambiental normal y urgente, y las Declaración de Impacto Ambiental con cargas ambientales23.

 

Finalmente, una tercera forma de relación sería la de entrega de información sobre actores y temas en disputa, así como información técnica que el SEA haya recogido en el proceso de evaluación, ya que muchas veces sus funcionarios regionales tienen un amplio conocimiento de los proyectos y conflictos asociados. Esta relación de coordinación se puede dar ya sea durante la realización del MCRC en el marco del SEIA, o fuera del sistema en el caso que involucre a proyectos que post obtención de la RCA inician un proceso de solución colaborativa de conflictos bajo la tutela del Consejo.

 

2.2 Comité de Ministros

 

El Comité de Ministros es el encargado de resolver respecto a los recursos de reclamación que se presenten por proyectos que ya han obtenido su Resolución de Calificación Ambiental tras la evaluación en el SEIA (Artículos 20, 29 y 30 bis de la Ley Nº 19.300)24.

 

Se considera que en este proceso existe espacio para la actuación del Consejo y la utilización de MRCR, en caso de que sea solicitado por el Comité de Ministros. En este escenario, se plantea que el Consejo pueda instaurar un proceso de diálogo entre las partes, para llegar con una propuesta al Comité de Ministros y que esta instancia decida en base a la propuesta del Consejo.

 

Con este fin, debe existir un canal de comunicación entre el Comité y el Consejo, y la disposición por parte del primero de permitir la acción del segundo antes de resolver sobre los recursos presentados.

 

2.3 Ministerio de Medio Ambiente

 

Con el Ministerio de Medio Ambiente, la relación que se prevé como más fructífera dice relación con la función de educación y difusión de las ventajas y características de los MRCR, con el objeto de fomentar la acción temprana del Consejo.

 

En este ámbito, se identifica una alianza estratégica con el Departamento de Gestión Ambiental Local del Ministerio, el cual, a través de su programa de Certificación Municipal, trabaja generando capacidades en las comunidades locales, fomentando la participación y creando comités ambientales comunales para apoyar y supervisar el avance de la estrategia comunal. Todas estas labores se condicen plenamente con la tarea de educación y difusión del Consejo, por lo que se plantea colaborar con este Departamento del Ministerio para educar e informar a nivel local sobre los mecanismos colaborativos.

 

Asimismo, resulta factible la intervención del Consejo en el proceso de elaboración, evaluación y aprobación de Planes y Políticas de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales en los términos del artículo 7 bis de la Ley Nº 19.300, particularmente teniendo en consideración que la aprobación de planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales, planes seccionales y planes de desarrollo urbano debe ser sometida a un proceso de consulta pública. En esta materia, el Consejo tendría una rol consultivo y en la capacitación de los actores más que en el desarrollo de MCRC.

 

2.4 Superintendencia de Medio Ambiente

 

Con la Superintendencia de Medio Ambiente se identifica una potencial colaboración en el monitorio de conflictos socioambientales, ya que en cumplimiento de su misión, la Superintendencia se encuentra desarrollando un sistema de denuncias ciudadanas con el fin de acoger quejas por potenciales incumplimientos ambientales. En esta área se prevé que la Superintendencia cree y acumule conocimiento e información sobre los temas en conflicto, así como la ubicación de los mismos, información que sería de gran utilidad para el buen desarrollo de una de las principales funciones del Consejo: identificar potenciales conflictos y sus características.

 

Así también, se estima que de los casos que sean conocidos por la Superintendencia, los que no constituyan faltas o queden fuera de los instrumentos de gestión ambiental que esta institución fiscaliza, y en los que efectivamente se observa un conflicto, existiría espacio para la actuación del Consejo, lo que nuevamente abriría una puerta de colaboración entre ambas instituciones.

 

Adicionalmente, se propone que el Consejo pueda actuar respecto de aquellos hechos, actos u omisiones de competencia de la Superintendencia que constituyan infracciones leves (Artículo 36 N° 3 Ley Nº 20.417), como una alternativa a la potestad sancionadora que corresponde a dicha entidad fiscalizadora, en cuanto se estima que una solución colaborativa puede ser más efectiva que las sanciones que puede imponer la Superintendencia en estos casos25. Esto, siempre que exista una parte denunciante distinta de la Superintendencia que pueda participar en el procedimiento –principalmente comunidades afectadas–. En este caso la falta se borraría, como ocurre con los acuerdos reparatorios o juicios abreviados en materia penal.

 

2.5 Tribunales Ambientales

 

Los tribunales ambientales, cuya creación se encuentra en trámite en el Congreso, tendrán entre sus principales competencias conocer de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado, reclamaciones a resoluciones de la Superintendencia de Medio Ambiente y de las demás reclamaciones que disponga la ley.

 

En lo que respecta a los MCRC, el proyecto de ley incluye la posibilidad de llamar a las partes a conciliación según el criterio de los jueces ambientales.

 

Ahora bien, se estima pertinente además la promoción de una etapa de mediación obligatoria anterior al inicio del procedimiento judicial ambiental propiamente tal –siempre y cuando no hayan existido intentos previos de mediación respecto del mismo conflicto–, replicando los modelos de mediación obligatoria previa contemplados por la justicia formal para los procedimientos de familia y laboral en Chile, así como el modelo australiano de mediación insertado dentro del ámbito de los tribunales ambientales.

 

2.6 Municipios

 

El rol que pueden desempeñar los municipios en labores de coordinación y derivación de casos hacia el Consejo se vislumbra de primera importancia, por cuanto constituye, la mayoría de las veces, la cara visible del Estado frente a las comunidades locales, particularmente en zonas periféricas o rurales.

Este rol actuaría en un doble sentido, tanto desde el municipio hacia la comunidad y del municipio hacia el Consejo. Respecto a lo primero, en muchas oportunidades la ciudadanía se interioriza sobre la existencia de proyectos con impacto ambiental sometidos a DIA o EIA mediante la publicación que

se hace de ellos en reparticiones u oficinas municipales, constituyendo –lejos de una mera formalidad– el medio real y efectivo a través del cual dichos proyectos se ponen en conocimiento del público general. El municipio desarrolla también labores de difusión entre las entidades susceptibles de participar del proceso de formulación de observaciones ciudadanas, tales como organizaciones comunitarias (juntas de vecinos, agrupaciones culturales y deportivas, entre otras), asociaciones gremiales, agrupaciones de trabajadores y las personas naturales directamente afectadas por el proyecto.

 

Respecto a su relación con el Consejo, este mismo rol de cercanía con la comunidad y conocimiento de los problemas en su territorio permite una detección temprana de los conflictos y su derivación al Consejo, siendo en este sentido un actor estratégico. Específicamente, los consejos ambientales municipales y los comités ambientales-comunales, insertados dentro de los programas de Certificación Ambiental Municipal del Ministerio de Medio Ambiente, podrían contemplarse como una instancia para la recepción de reclamaciones ambientales formuladas por vecinos, para luego entregar esta

información al Consejo.

 

Teniendo presente que el sistema de Certificación Ambiental Municipal contempla tres niveles de certificación (básico, intermedio y de excelencia), proponemos introducir como requisito para alcanzar niveles de certificación de excelencia la implementación de modelos de encauzamiento y derivación de la conflictividad socioambiental hacia el Consejo.

 

2.7 Empresas

 

Las empresas constituyen uno de los principales usuarios de los MCRC como proponentes de los proyectos de inversión que generan impactos socioambientales.

 

Por esta razón, es necesaria una permanente relación con el Consejo, orientada particularmente a tres objetivos.

 

En primer lugar, se debe trabajar en conjunto en un sistema de alerta temprana de conflictos, pensando particularmente en la posibilidad de actuación antes del ingreso del proyecto al SEIA, etapa en que la empresa es la única que detenta la información clave respecto de la intención de iniciar un proyecto y de su diseño. Es justamente en esta etapa donde se ha identificado la mayor oportunidad de intervenir, de manera preventiva, en proyectos identificados como potencialmente conflictivos. Es por esto que el rol proactivo de las empresas en compartir información y solicitar la intervención temprana y preventiva del Consejo pudiera dar sus mayores frutos.

 

Una segunda área de relación con las empresas se orienta a fomentar que sus ejecutivos y otros trabajadores participen de actividades de capacitación orientadas al conocimiento de las características y beneficios de los MCRC, con acento en su utilización temprana.

 

En tercer lugar, el Consejo debe buscar la colaboración de las empresas en la constitución de los comités garantes de los acuerdos, que se formarán para proveer al Consejo de información sobre el  cumplimiento de los acuerdos adoptados entre las partes.

 

2.8 Sociedad civil

 

La sociedad civil constituye el otro gran usuario de esta propuesta, entendiéndola como aquellas comunidades afectadas directa o indirectamente por un proyecto de inversión situado cercano a donde habitan y/o desarrollan sus actividades económicas, sociales y culturales. Igualmente, entran en esta

categoría actores sociales no directamente afectados, pero con un interés general en el medio ambiente como bien público.

 

La actuación del Consejo con estas comunidades se orienta a informarlos y fortalecer sus capacidades de organización con el fin de que tengan mayores herramientas para participar en la búsqueda de acuerdos y que puedan solicitar acción al Consejo en una etapa temprana del conflicto. Para esto, como se mencionó, se ha identificado una asociación estratégica con el Departamento de Gestión Ambiental Local del Ministerio de Medio Ambiente.

 

Además, se plantea crear un fondo concursable para el fortalecimiento de la sociedad civil, orientado específicamente a materias relativas a la resolución de conflictos, particularmente para aquellas comunas que aún no se encuentran en proceso de certificación ambiental. Además, al igual que en el caso de las empresas, se debe buscar la colaboración de las comunidades en la conformación de los comités garantes de los acuerdos.

 

3. Guía de para la utilización de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos

 

Para plantear una propuesta de mecanismo colaborativo de resolución de conflictos socioambientales, siguiendo el diagnóstico realizado y los comentarios de los expertos, se pensó en los componentes esenciales que el mecanismo debe tener y los desafíos que debe abordar, que aquí se presentan en

forma de una guía de procedimiento (en el Anexo 2 se presenta un esquema de este procedimiento).

 

3.1 Inicio del procedimiento

 

a. Solicitud de inicio del proceso

 

Un procedimiento colaborativo guiado por el Consejo puede iniciarse por distintas vías, según la etapa del proyecto en que se desata el conflicto y las instituciones que intervienen en dicha etapa. En términos generales, el proceso puede activarse por iniciativa del Consejo o por solicitud de algún actor

externo, en cuyo caso se debe realizar la evaluación de factibilidad que se detalla en el siguiente punto.

Entre los actores externos que pueden solicitar la acción del Consejo se encuentran las empresas, que tienen un rol privilegiado particularmente en la etapa del diseño; la sociedad civil y organismos de la administración del Estado que intervienen en cada etapa. Entre estos últimos, en la etapa de evaluación

cabe un rol protagónico al SEA, a la Superintendencia en la fase de operación y a los tribunales ambientales en caso de incumplimiento de alguna norma. Además, pueden solicitar la acción del Consejo otros organismos sectoriales con competencia ambiental, municipios, así como reparticiones o empresas públicas en su calidad de inversoras y titulares de proyectos.

 

b. Evaluación de factibilidad

 

Toda solicitud debe pasar por el Consejo, a quien le corresponde evaluar la factibilidad de iniciar un procedimiento colaborativo, analizando cuestiones relativas a las partes, los temas en disputa y de proceso, evaluación que es caso a caso. En relación a las partes corresponde evaluar si los involucrados están dispuestos a participar y a aceptar las condiciones del proceso, y si el número de partes es manejable; en los temas se deben determinar si las materias en disputa están claramente identificadas o son identificables, y si es que los asuntos son efectivamente negociables en cuanto no consideren bienes jurídicos respecto de los cuales no se puede disponer; y en términos de procesos, cabe considerar si se han realizado o no otros intentos por resolver el conflicto, y si es que existe posibilidad de llevar a cabo la mediación o conciliación teniendo en cuenta los plazos de procedimientos externos (por ejemplo, los plazos del SEIA). Igualmente, se deben tener especiales consideraciones en caso de que existan comunidades indígenas involucradas, respetando las normas especiales que apliquen, como por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT.

 

La participación en un procedimiento colaborativo debe ser voluntaria en todas sus etapas –con excepción de aquellos procedimientos que se desarrollen en el ámbito de la justicia ambiental–, para crear la necesaria confianza entre las partes y el respeto a los acuerdos. Esto implica que alguno o todos

los participantes pueden retirarse durante el proceso.

 

De no ser factible la utilización del mecanismo o no existir voluntad de las partes a participar, el conflicto deberá seguir los causes normativos vigentes.

 

Una vez determinada la factibilidad de realizar un proceso de esta naturaleza, se requiere la firma de un “acuerdo de procedimiento” que establezca las condiciones básicas del procedimiento a ser utilizado entre las partes: voluntariedad y posibilidad de retirarse en cualquier momento, posibilidad de solicitar asistencia al Consejo si se estima que el procedimiento no se está llevando a cabo adecuadamente, voluntad de dialogar para alcanzar un acuerdo, intención de hacer cumplir el acuerdo si éste se alcanza, entre otros temas.

 

c. Selección del tercero neutral

 

Para iniciar el procedimiento, el primer paso es la elección del tercero neutral. Para esto, el Consejo trabajará con las partes en el perfil requerido. Entre otros factores, se considerarán el tema en disputa y si se requiere un experto en el área, competencias más amplias, formación, entre otras características

que deben ser consensuadas entre las partes.

 

El tercero neutral será externo y se seleccionará de un registro público gestionado y aprobado por el Consejo, que exigirá una serie de requisitos a los mediadores para ingresar en él y certificarse por parte del Consejo. Estos profesionales deberán estar sujetos a ciertas obligaciones, restricciones, inhabilidades

e incompatibilidades, al mismo tiempo que a ciertas exigencias de transparencia respecto de sus actividades, patrimonio y vinculaciones, que permitan garantizar su idoneidad e independencia. Este cuerpo de profesionales debería estar sujeto a la supervigilancia y fiscalización del ente autónomo

que se propone crear, al que corresponderá acreditar el cumplimiento de las competencias y condiciones exigidas.

 

Entre los factores a considerar en la selección del tercero neutral, se encuentra:

 

a) que sea “local” (estudios, residencia o trabajo en la zona) o no, b) experiencia previa en la gestión de procesos de mediación en los cuales se verificaron aspectos sustantivos similares, c) experiencia previa en la conducción de procesos con similares características accidentales o insertados en un contexto análogo (tamaño, complejidad, alta visibilidad pública, judicialización), d) formación profesional o capacitación en alguna de las materias específicas sobre las que incide el conflicto, e) áreas de interés o campos hacia los cuales se ha enfocado la labor del mediador, f) particular estilo o forma de enfrentar el conflicto (adopta una aproximación evaluativa, facilitadora o directiva), así como sus características como mediador (utilización de un lenguaje imparcial y un tono colaborativo, empleo de protocolos flexibles e informales), y especial reputación entre las partes en disputa en cuanto a su competencia o neutralidad, g) manejo de las diferencias culturales que puede presentar el conflicto (étnicas, sociales, urbanas, profesionales), h) materias o actores frente a las cuales el mediador podría presentar un conflicto de interés, i) costos logísticos y pecuniarios (honorarios, gastos de desplazamiento) (Ministerio del Medio Ambiente Ontario, 2007).

 

En caso de conflictos de alta complejidad y en que el diálogo y la negociación se vean dificultados, se debe analizar la posibilidad de formar duplas o equipos de mediadores, incorporando además de un tercero neutral profesional, a alguien que tenga respetabilidad moral para las partes. Esto siempre tras una evaluación del conflicto en particular, dependiendo de sus características.

 

d. Costos del procedimiento

 

El financiamiento de los MCRC debe ser público. Así, los costos del tercero neutral, como la asesoría letrada para las comunidades afectadas, debe ser asumido por el Estado a través del Consejo. Esto, para garantizar la imparcialidad del proceso y puesto que, en conflictos de esta naturaleza, no sólo se enfrentan intereses privados, sino que cuando existen efectos sobre el medio ambiente, estos impactan a la sociedad en su conjunto ya que se está hablando de un bien público, protegido por la Constitución.

 

El presupuesto del Consejo, a su vez, se compondrá de recursos asignados anualmente en la Ley de Presupuesto, además de donaciones que pudiera eventualmente recibir y de financiamiento del sector privado –específicamente de los gremios que agrupan a empresas– por los servicios de capacitación en herramientas de resolución de conflictos que se presten. De esta manera, se busca evitar el pago directo de la empresa usuaria del MRCR, preservando así la credibilidad del Consejo26.

 

En caso de que un procedimiento presente costos adicionales, éstos deberán ser igualmente financiados por el Consejo, analizando su pertinencia y procedencia, caso a caso.

 

3.2 Desarrollo del procedimiento

 

a. Identificación de quienes se sentarán en la mesa de diálogo

 

Además de las partes que dieron inicio al mecanismo y firmaron el protocolo de acuerdo, al comienzo del procedimiento se requiere determinar si existen otros actores relevantes que deban de participar en el mismo. Para esto debe existir un sistema amplio de participación inicial, en el formato de talleres o audiencias abiertas, en que todos los interesados tengan la posibilidad de hacer ver sus puntos de vista y pedir ser incluidos en el proceso de mediación establecido. La experiencia internacional en la materia muestra la importancia de no definir de antemano quiénes se sentarán a la mesa, sino que consultar a los mismos interesados quiénes debieran ser parte del proceso, el que debiera incluir a todas las partes involucradas, especialmente a las susceptibles de hacer fracasar un acuerdo27.

 

Si bien es necesario establecer mecanismos de limitación para que el sistema no sea usado como manera de prolongar indefinidamente una situación, como instrumento de competencia desleal entre empresas o como medio de promoción de objetivos políticos de diversa naturaleza, ellos no deben ser de tal naturaleza que desincentiven a participar a los verdaderamente interesados por cuestiones meramente formales. En efecto, la gran ventaja de estos mecanismos es su adaptabilidad y efectividad para encontrar soluciones que permitan garantizar relaciones de largo plazo entre partes afectadas. Por esto mismo, los límites que se establezcan deben tener por objeto evitar un uso torcido del instrumento, pero no impedir que los actores realmente interesados puedan participar.

 

En el caso de actores colectivos afectados, la determinación de sus representantes debiesen realizarla los integrantes de esa comunidad, lo que no excluye la asesoría del Consejo en temas relativos a organización comunitaria y liderazgo.

 

En caso de que existan comunidades indígenas afectadas por un proyecto, sin dejar de lado la necesaria evaluación de factibilidad, se deben realizar los mayores esfuerzos para concretar la realización de un MCRC, en cuanto esta instancia puede dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT sobre Protección de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, particularmente en lo relativo a la participación en la utilización, administración y conservación de recursos naturales. La jurisprudencia interamericana da cuenta de que el cumplimiento de este punto del Convenio debe ser resuelto de mejor manera por los Estados, siendo esta una oportunidad para ello28.

 

b. Reglamentación y plazos

 

Las modalidades de desarrollo concreto de los mecanismos alternativos deben ser definidas por consenso entre las partes, sin perjuicio de que el Consejo, con el carácter de subsidiario, ofrezca un proceso reglamentado como simple alternativa. Sin perjuicio de lo anterior, parece razonable en todo caso establecer plazos, siempre acordados en el marco del procedimiento general de la mediación, con el consentimiento de las partes y el mediador. Estos plazos serán manejados dentro del proceso del mismo, y sólo serán modificados si el mediador, quien está a cargo del buen desarrollo del proceso, lo estima conveniente. Ello tiene por objeto evitar que alguno de los intervinientes utilice este instrumento con objetivos diversos, prolongando innecesaria e inútilmente esta instancia con otros fines. De no cumplirse con los acuerdos de procedimiento, incluidos los plazos acordados, se declarará fracasado el proceso.

 

c. Confidencialidad/publicidad de la información

 

La información entregada durante el desarrollo del proceso –no así de los resultados– debe ser confidencial para generar confianza entre las partes, y pública respecto del acuerdo al que se ha llegado, sin entregar detalles de la discusión. Para garantizar esa confidencialidad es necesario establecer la reserva de todos los antecedentes, así como de toda otra información obtenida o usada durante el proceso, en particular las que se refieren a aspectos técnicos o financieros, a procesos y sistemas productivos o cualquier otro sujeto a propiedad industrial o de carácter reservado. La violación de esta confidencialidad debiera ser sancionada en conformidad al artículo 247 del Código Penal.

 

Adicionalmente, en orden a reforzar con mayor intensidad este carácter confidencial, resulta imprescindible restar toda validez a las pruebas obtenidas mediante violación de confidencialidad, revistiendo el carácter de prueba ilícita, la que, por consiguiente, no podrá ser considerada en un eventual juicio.

 

Fuera de estas sanciones, el quiebre de la confidencialidad conllevaría una sanción “moral” y el descrédito del actor en cuestión por conducir al fracaso del proceso, ya que la violación de este principio implica el fin del proceso y la ruptura de la confianza.

 

d. Rol de garante y resguardo de respeto a ciertas condiciones

 

Durante el desarrollo del MCRC, a pesar de que no interviene directamente en el mismo, al Consejo le corresponde un rol de garante. Este rol implica la evaluación del procedimiento si alguna de las partes estima que no se están respetando las condiciones iniciales acordadas, o que la tercera parte no está

cumpliendo su rol, cautelando especialmente porque la parte más débil no se sienta en condiciones desaventajadas durante el procedimiento. Igualmente, al Consejo corresponde velar porque en caso de alcanzarse un acuerdo, éste entregue los suficientes resguardos de manera de que no se vean afectados bienes jurídicos no disponibles, evitando que se produzca un acuerdo entre privados que pueda tener impacto negativo en los recursos naturales sin las adecuadas compensaciones o violando la ley.

 

e. Fin del procedimiento e informe

 

En caso de ser exitoso, el proceso finaliza cuando las partes logran alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambos. Este acuerdo puede ser parcial, en caso de que se logre acuerdo sólo en referencia a algunos de los temas que originaron el conflicto, o total.

 

En caso de que no se alcance el acuerdo, el procedimiento puede finalizar por decisión unilateral de una de las partes, por acuerdo de los participantes, o por recomendación de la tercera parte si se estima que la prolongación del procedimiento no va a llevar a acuerdos. En este caso, igualmente se debe dejar constancia de los disensos.

 

En todos estos casos –acuerdo total, parcial, o no acuerdo–, el tercero neutral debe producir un informe con los aspectos centrales del desarrollo del procedimiento, los participantes y los resultados obtenidos. El Consejo dará debida publicidad a este informe.

 

3.3 Resultado del procedimiento

 

a. Visado del acuerdo

 

Si las partes logran alcanzar un acuerdo, éste debe ser visado por el Consejo, velando porque los acuerdos no afecten bienes jurídicos no disponibles y que se hayan respetado las reglas del procedimiento.

 

Una segunda parte fundamental de este proceso es la constitución de un Comité Garante del cumplimiento del acuerdo, constituido por representantes de las partes del acuerdo, pero distintos de los que participaron en el proceso de mediación mismo. Este último punto es fundamental para el “visado” del acuerdo por parte del Consejo, ya que no sólo garantiza que el Consejo pueda apoyar preventivamente el adecuado cumplimiento del acuerdo, sino que también da una señal tangible de que los procesos de transformación social asociados a los MRCR deben ser considerados procesos que tienen etapas, pero que requieren de manejo y atención constante en el tiempo.

 

Además, al Consejo le corresponde dar a conocer este acuerdo para que los compromisos adoptados sean de público conocimiento. Todos los acuerdos serán hechos públicos por el Consejo y, en el caso de un procedimiento desarrollado durante el proceso de evaluación, los acuerdos se incorporarán además como compromisos voluntarios dentro de la RCA.

 

b. Seguimiento

 

Es rol del Consejo realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por las partes. Para esto deberá entablar mecanismos de colaboración con actores en terreno, tanto de comunidades como de la empresa (aunque personas distintas de las que se sentaron a la mesa), que puedan informar de los cumplimientos o falta de los mismos. En este punto el rol de los Comités Garantes de los acuerdos será fundamental. La información respecto al seguimiento de los acuerdo será incorporada en el informe anual elaborado por el Consejo, con el fin de dar a conocer las buenas prácticas en la materia así como los actores que han incurrido en incumplimiento de los acuerdos, instándoseles a retomarlos. Este rol es clave, ya que el Consejo no tendrá poder sancionatorio ni los acuerdos validez legal, excepto en las obligaciones materiales asumidas por las partes, tales como compensaciones económicas o de otra índole.

 

c. Incumplimiento y reclamación

 

En caso de incumplimiento de alguna de las partes o el surgimiento de nuevas diferencias, el Consejo constituirá una instancia de reclamación, donde los afectados puedan recurrir. En estos casos y tras una evaluación de factibilidad, el Consejo deberá propiciar que las partes vuelvan a dialogar y sentarse a una mesa de negociaciones, idealmente acompañados por el mismo tercero neutral del procedimiento original.

 

4. Costos y estrategia de implementación

 

Como toda propuesta, además de los múltiples beneficios que se han ido mencionando a lo largo del documento, existen costos para la implementación de lo hasta aquí planteado. Desde el punto de vista institucional, la implementación requiere necesariamente de una ley presentada por el Ejecutivo para la creación del Consejo, en cuanto es materia de su iniciativa exclusiva. En esta ley se debiesen incluir también modificaciones a la Ley de la Superintendencia del Medio Ambiente, de los Tribunales Ambientales y la Ley de Bases del Medio Ambiente, en lo que concierne a la introducción de una fase de mediación dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental.

 

El tener que pasar por el Congreso para la aprobación de esta ley le sumaría legitimidad a la propuesta, pero se plantea como un costo en el sentido de que el consenso necesario al interior del parlamento y entre éste y el Ejecutivo para la creación del Consejo y otras modificaciones necesarias, es siempre complejo y puede ser muy demoroso. Por otra parte, la existencia de una nueva institucionalidad ambiental, que no ha entrado aún en pleno funcionamiento, podría generar algún grado de susceptibilidad en torno a una eventual distorsión de los instrumentos ambientales recientemente creados a través de la Ley Nº 20.417.

 

Desde el punto de vista económico, el proyecto conlleva la creación de un nuevo órgano del Estado, financiado con el presupuesto nacional. Respecto de los montos que involucraría el establecimiento del Consejo propuesto, cabe destacar que su cuantía exacta dependerá fundamentalmente de las variables que se fijen como básicas para su adecuado funcionamiento. Como parámetro, resulta ilustrativo el financiamiento anual percibido por el Consejo para la Transparencia, cuya naturaleza jurídica y estructura operativa (con las pertinentes adaptaciones y correcciones), se presentan como un atractivo modelo a emular. Así, como referencia, con una dotación de 83 funcionarios, su presupuesto para el año 2011 asciende a M$ 3.250.968. Para esta propuesta se estima un presupuesto en torno a MM$ 1.500 anuales, pensando en una dotación de 40-45 funcionarios, y considerando que la labor del Consejo para la Transparencia involucra la fiscalización permanente de los servicios públicos, que el Consejo propuesto no debe desarrollar. Sí debiese asumir los costos de las mediaciones, además de estudios, capacitaciones internas y otras tareas centrales a su rol.

 

Por otra parte, y considerando que el proceso de implementación del nuevo sistema ambiental contemplado en la Ley Nº 20.417, si bien en marcha aún no se ha completado, se debe aprovechar el actual escenario propiciado por la ola reformadora que da cuenta la sustancial modificación de la Ley de

Bases del Medio Ambiente, insertando armónicamente dentro de éste un mecanismo alternativo que puede significar, junto con las ventajas ya señaladas, un elemento potenciador de la eficiencia y eficacia pretendida por nuestra nueva institucionalidad ambiental.

 

Conclusiones

 

La conflictividad es una realidad que acompaña –en diversos grados– a toda sociedad, por lo que es fundamental contar con los mecanismos institucionales que permitan encauzar las legítimas diferencias existentes. Cuando corresponde la asignación de derechos, esta tarea recae esencialmente sobre el Poder Judicial. Sin embargo, un número importante de casos no dice relación con adjudicación de derecho, siendo los mecanismos colaborativos la alternativa más apropiada.

 

En este artículo se ha dado cuenta de la conflictividad socioambiental existente en el país así como de sus principales causas, proponiendo la implementación de mecanismos colaborativos para este tipo de conflictos, mecanismos que debiesen estar insertos en una institucionalidad especialmente diseñada para ello. En este sentido es que se propone la creación de un Consejo de Resolución Colaborativa de Conflictos Socioambientales como órgano público y autónomo, que eduque, capacite, monitoree los conflictos y colabore en el desarrollo de estos procedimientos.

 

Más que la resolución de conflictos específicos, que en muchos casos resulta imposible, un gran objetivo es lograr canales de comunicación y diálogo entre las partes afectadas, mejorando las perspectivas para la convivencia.

 

Referencias

 

1 En esta propuesta se utilizarán las siguientes definiciones: Mediación: procedimiento de resolución de disputas en que una tercera parte neutral (mediador), aprobada por todos los participantes, asiste a las partes en disputa para alcanzar un acuerdo aceptable. El mediador no tiene autoridad para imponer un acuerdo. Facilitación: un procedimiento de resolución de disputas en que una tercera parte neutral asiste a los participantes en la discusión de temas y sus preocupaciones mediante el estímulo a la participación, la ayuda para mantener la discusión en curso, la mantención de una atmósfera constructiva y clarificando las áreas de acuerdo y desacuerdo. Conciliación: un procedimiento de resolución de disputas en que una tercera parte neutral se escoge para transmitir mensajes entre partes que no están dispuestas a encontrarse cara a cara. La conciliación es una herramienta para ayudar a las partes a identificar el terreno común y, eventualmente, restablecer comunicación directa (basado en Ministerio del Medio Ambiente Ontario, 2007).

 

2 El citado artículo ordena que en la presentación de un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, “los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si han establecido, antes o durante el proceso de evaluación, negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental. En el evento de existir tales acuerdos, éstos no serán vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad”.

 

3 Mecanismos alternativos sí se han incorporado en otras materias, como es en la justicia familiar y en conflictos laborales. Además, se está iniciando su utilización a nivel local para disputas vecinales.

 

4 Si bien los conflictos socioambientales sobrepasan de manera amplia el marco del SEIA, se ha  ecurrido a éstos ya que el análisis de estos casos permite una mirada más sistemática de un conjunto importante de proyectos, y que se nutre también del valioso trabajo en terreno que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha recogido en su “Informe de Conflictividad”, correspondiente al primer trimestre de 2011. 5 En la tipología del SEIA se denomina “a. Acueductos, embalses o tranques y sifones”.

 

 

6 La elección de estas tres áreas responde a su particular carácter jurídico y concepciones culturales sobre su uso (aguas), su rol como eje central para el desarrollo futuro del país, que conduce al aumento de su generación (energía) y su importancia en las actividades productivas del país (minería). Sólo con el fin de tener un número más manejable de casos es que se acotó la muestra, aunque ciertamente la propuesta está diseñada para conflictos producidos en cualquier área y tipo de proyecto.

 

7 Este plazo es insuficiente para reflejar una tendencia, más aun considerando que algunos de los proyectos ingresados durante ese período se encuentran aún en etapa de calificación, y que en esos años fue evaluado el proyecto Hidroaysén, que recibió en torno a 30.000 observaciones ciudadanas y, por tanto, distorsiona los promedios. Por esto, no se cuenta con indicadores claros que permitan dar cuenta de la evolución en el tiempo.

 

8 Término anglosajón que quiere decir Not in My Back Yard, es decir, “no en mi patio trasero”.

 

9 Como son los casos de Ampliación y Mejoras Operacionales en Mina Los Colorados, Proyecto Desarrollo Los Bronces, Central Hidroeléctrica Neltume y Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, entre otros.

 

10 Boletín 6415-08, que se encuentra en su última etapa de su tramitación, en el Tribunal Constitucional, tras haber sido aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados.

 

11 Ver ficha del proyecto “Proyecto Integral de Desarrollo Minera Los Pelambres” en el Registro del Servicio de Evaluación Ambiental, en http://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php

 

12 Proyecto “Mini Centrales Hidroeléctricas de Pasada Palmar – Correntoso”, ibíd.

 

13 En enero de 2010 se aprobó la Ley N° 20.417 que modificó sustancialmente la institucionalidad ambiental, y además incluyó algunas modificaciones al SEIA. Dicha reforma se encuentra en proceso de implementación, por lo que aún es temprano para conocer sus efectos, aunque se espera que varios de los elementos aquí presentados sean mejorados. El presente diagnóstico, por tanto, se refiere a las características del sistema hasta 2010.

 

14 Con la modificación incluida en la Ley Nº 20.417 se estableció la obligación de responder a todas las observaciones presentadas y se incluyó además la posibilidad de participación ciudadana en las DIA. En la actualidad, el SEA se encuentra trabajando en el reglamento correspondiente, donde se plasmarán las modificaciones. Incluso se está contemplando la posibilidad de avanzar en maneras de generar instancias de diálogo entre las partes, más allá de lo establecido en el SEIA. Entrevista con el Director del Servicio, Ignacio Toro, 5 de mayo de 2011.

 

15 Expediente disponible en http://seia.sea.gob.cl. La coordinación intersectorial es uno de los elementos abordados en la reforma de 2010, por lo que este aspecto debiese mejorar con la nueva institucionalidad.

 

16 Otra causa relativa al funcionamiento del SEIA previo a la reforma que ha llevado a conflicto, es la discrecionalidad por parte del titular del proyecto para decidir el ingreso al SEIA a través de una Declaración (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o el dividir proyectos para presentarlos en dos estudios. Este grado de discrecionalidad se observa en el hecho de que en el período analizado hay al menos 5 casos registrados de DIA que fueron llevados a tribunales, porque se consideró que debían haber sido presentados como EIA. Sin embargo, con la reforma se aumentaron los controles respecto a la forma y contenido de los EIA, por lo que se espera este factor de conflicto desaparezca o pase a ser marginal.

 

17 Además, en el ámbito de la minería, se cuentan siete casos de Declaraciones de Impacto Ambiental judicializadas, 5 de ellas porque los interesados consideraron que el proyecto debiese haberse sometido a un EIA y no una DIA (la que, hasta la aprobación de la Ley N° 20.417, no permitía participación ciudadana).

 

18 En esta línea se puede mencionar los casos de las centrales termoeléctricas Campiche en la V

Región, y Castilla en la III, o el proyecto minero Pascua Lama, conflictos prolongados y de gran

connotación pública.

 

19 Por otra parte, hay que tener presente la evolución que sobre esta materia se está produciendo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En efecto, ante la Comisión Interamericana se encuentra pendiente la denuncia contra Perú presentada a favor de la comunidad de habitantes de La Oroya, en que específicamente se está alegando que el daño ambiental causado en esa localidad viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en lo que se refiere al derecho a la salud, a la vida y a la integridad personal de los habitantes de esa región. La aceptación de esta denuncia significaría la primera vez en que un caso de este tipo favoreciera a una comunidad no indígena (Spieler, 2010).

 

20 De todas formas, se espera que la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales que se  ncuentran en tramitación resuelva al menos parte de este problema y mejore la calidad y profundidad de las soluciones que entrega el sistema judicial formal.

 

21 Crecientes costos monetarios y de tiempo generando, finalmente, un fuerte impacto social en las comunidades y la carencia de parámetros óptimos de certeza y seguridad en materia de inversión económica.

 

22 Agradecemos las entrevistas concedidas por: Ximena Abogabir, Directora Ejecutiva Casa de la Paz; Juan Pablo Armisén, SEA; Andrés Correa, Eluchans y Cía. Abogados; Jaime Lira, Superintendente de Medio Ambiente; Carlos Rungruansakor, Ministerio de Medio Ambiente; Juan Pablo Schaeffer, Gerente General de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad CODELCO; Ignacio Toro, Director Ejecutivo SEA.

 

23 Con las modificaciones realizadas mediante la Ley Nº 20.417, aumentó la cantidad de procedimientos de evaluación, ya que se introdujeron diversas especificaciones o condiciones que pueden cumplir los EIA o DIA y que implican un procedimiento diferenciado. En concreto, con la pronta entrada en vigencia del nuevo reglamento, se pueden distinguir 8 procedimientos: 1) EIA (plazo de 180 días para evaluación), 2) EIA urgente para atender necesidades impostergables (plazo 90 días), 3) DIA (90 días), 4) DIA con certificación de conformidad por parte de una entidad certificadora externa (30 días), 5) DIA con cargas ambientales, esto es, beneficios sociales y externalidades ambientales negativas para comunidades próximas (plazo 90 días), 6) DIA con cargas ambientales y certificación de conformidad (30 días), 7) DIA con certificación para empresas de menor tamaño en áreas reguladas por instrumentos de planificación territorial (10 días), y 8) DIA con certificación para empresas de menor tamaño en áreas no reguladas por instrumentos de planificación territorial (30 días). Sólo 3 de estos permitirían la utilización de MCRC.

 

24 Este Comité de Ministros está integrado por el Ministro de Medio Ambiente, quien lo preside; de Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Agricultura; de Energía y de Minería.

 

25 Las infracciones leves pueden ser sancionadas desde una amonestación hasta con 1.000 UTM, dependiendo de una serie de criterios, como conducta anterior del infractor, número de personas cuya salud pudo verse afectada, entre otras (Artículo 40, Ley de la Superintendencia del Medio Ambiente).

 

26 Esta forma posible de financiamiento ha sido sugerida en las entrevistas, especialmente por Juan Pablo Schaeffer.

 

27 Esta es la visión del experto David Plumb del Consensus Building Institute, expresada en la Conferencia “Diálogo, Colaboración, y Resolución de Conflictos entre Comunidades, Empresa y Gobierno”, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y realizada el 1 de abril de 2011.

 

28 Al respecto, podemos mencionar cuatro fallos pronunciados por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) sobre el tópico en cuestión: Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua; Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay; Comunidad Yakye Axa vs. Paraguay; y Pueblo Saramaka vs. Surinam. En las referidas causas, los respectivos gobiernos estatales concedieron autorización para el desarrollo de proyectos extractivos en territorios considerados indígenas sin consultar previamente a las comunidades nativas, desconociendo la propiedad colectiva de los territorios, sin observar las medidas especiales requeridas conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Más aún, CIDH ha adoptado en sus últimos fallos un estándar de derecho al consentimiento, señalando que “cuando proyectos de desarrollo o inversión a gran escala pudieran afectar la integridad de las tierras y recursos naturales del pueblo indígena, el Estado tiene el deber no sólo de consultar, sino también de obtener su libre consentimiento informado previo de acuerdo con sus costumbres y tradiciones” (fallo Pueblo Saramaka vs. Surinam, 2008, en http://www.cidh.oas.org/Default.htm).

 

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LOCALES

 

Chile participará en Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático de la COP 20 en Lima

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Marianne Deygout, Radio Universidad de Chile.-  Calentamiento global: Desafíos de la Cumbre Lima 2014- Cabe destacar que durante la conferencia se convocó a una reunión alternativa desde el 9 al 12 de diciembre en la capital peruana. Se trata de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, que tiene como lema “Compartir iniciativas y ejercer presión ante los líderes que toman decisiones”. Rocío Valdeavellano, coordinadora nacional del movimiento ciudadano peruano frente al cambio climático, aseguró en conversación con Radio Universidad de Chile que la cumbre alternativa reúne a diversas organizaciones preocupadas por la gravedad de este escenario. “Los ciudadanos buscamos mostrar estas iniciativas que permiten una forma de vida distinta que es indispensable frente al calentamiento global y el cambio climático. Una forma de organizarnos como sociedad, de organizar la economía, de organizar la forma de consumo que sea sostenible y solidaria”, manifestó.

En diciembre próximo, Perú organizará la vigésima versión de la Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Representantes de distintos gobiernos se reunirán para negociar los aspectos del próximo acuerdo climático que remplazará al protocolo de Kioto en París 2015. Según las organizaciones ambientales, después de una serie de fracasos de esta conferencia anual, la COP20 de Lima debe concluir con medidas efectivas.

 

Perú será el tercer país latinoamericano en organizar esta conferencia anual que reúne a delegaciones de más de 190 países. La Cumbre de Naciones Unidas que se desarrollará en Lima deberá enfrentar soluciones ante los desafíos climáticos luego del año 2020, para lo cual las autoridades tienen que lograr un acuerdo que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 por ciento.

 

El presidente peruano, Ollanta Humala, manifestó que “la COP20 implica un proceso preparatorio intenso, tanto en la organización como en la gestión de acuerdos que se están configurando en diferentes niveles. Esperamos que en 2015 se establezca un nuevo régimen de lucha contra el cambio climático”.

 

La alianza global en esta materia es un problema muy difícil. Según el profesor de economía David Martimort, de la Universidad en Ciencias Sociales de París, y de visita en Chile, las negociaciones sobre cambio climático enfrentan un fenómeno de “free-riding”.

 

Martimort, quien encabezó la conferencia “La teoría económica y las negociaciones sobre cambio climático”, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, explicó que los acuerdos del medio ambiente sufren fracasos porque los gobiernos se comportan como “parásitos” durante las negociaciones.

 

“Como lo demuestra el modelo, toda negociación, toda forma de institución hace frente a ese problema de ‘polizón’ que vuelve muy difícil obtener cosas eficaces, de hacer las cosas hoy, lo ante posible”, explicó.

 

El especialista ve con pesimismo lo que se puede avanzar en la Cumbre COP20 en Lima, que se realizará entre 1 y el 12 de diciembre de este año. El mejor escenario que imagina es que los gobiernos logren un consenso ante el financiamiento del Fondo Verde Climático.

 

Este presupuesto tiene el objetivo de pagar pérdidas y daños debido al cambio climático en el mundo y ayudar a los países en desarrollo a limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

 

Cabe destacar que durante la conferencia se convocó a una reunión alternativa desde el 9 al 12 de diciembre en la capital peruana. Se trata de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, que tiene como lema “Compartir iniciativas y ejercer presión ante los líderes que toman decisiones”.

 

Rocío Valdeavellano, coordinadora nacional del movimiento ciudadano peruano frente al cambio climático, aseguró en conversación con Radio Universidad de Chile que la cumbre alternativa reúne a diversas organizaciones preocupadas por la gravedad de este escenario.

 

“Los ciudadanos buscamos mostrar estas iniciativas que permiten una forma de vida distinta que es indispensable frente al calentamiento global y el cambio climático. Una forma de organizarnos como sociedad, de organizar la economía, de organizar la forma de consumo que sea sostenible y solidaria”, manifestó.

 

Esta coordinación ciudadana ha cursado invitaciones a varios países. Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, detalló que la Red Latinoamericana de Organizaciones Ambientales está trabajando para este foro.

 

“Obviamente los pueblos van a instalar contenidos como la urgencia de revertir el cambio climático y no solamente de aceptar dos grados más. Está todo el tema de no sacrificar a los países del sur por seguir emitiendo en el norte y continuar con la tontera de plantas de carbón. Hay una serie de temas que están en la agenda y que serán prioritarios en contraposición al inmovilismo de muchos gobiernos como Canadá y Estados Unidos, de poder integrarse a reducir emisiones”, proyectó.

 

El poco avance de los gobiernos fue duramente criticado el año pasado cuando finalizó la COP19 en Polonia. Organizaciones como Greenpeace se retiraron de las negociaciones para manifestar su descontento ante la inacción demostrada por las autoridades.

 

Plan de Descontaminación: Invalidan 4 estaciones de monitoreo del aire

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Oriana Fernández G. La Tercera.- Superintendencia ambiental invalida cuatro estaciones que miden calidad del aire en Santiago. Informe revela que equipos están mal ubicados y expuestos a factores que alteran sus datos. Evaluación para declarar zona saturada a Santiago se basará sólo en siete de las 11 estaciones. A pocos días de que comience la temporada de episodios críticos de contaminación en la Región Metropolitana, un informe de la Superintendencia del Medio Ambiente, del 14 de marzo pasado, rechazó la ubicación y con ello los datos arrojados por cuatro de un total de 11 estaciones de medición de la calidad del aire del Ministerio del Medio Ambiente. Estos equipos son clave, pues miden los índices de material particulado PM 2,5 -polución fina y dañina presente en el ambiente-, registros que son publicados para que la población conozca los niveles de esmog y proteja su salud.

La fiscalización realizada por la Superintendencia detectó que las estaciones no son representativas poblacionalmente, es decir, no están situadas en un lugar adecuado, que refleje las emisiones que respira la población en un determinado sitio.

 

El estudio indica que la estación de Cerro Navia, que en 2013 presentó la mayor cantidad de alertas ambientales de la capital con 13 días en esa condición, está mal ubicada: fue emplazada a corta distancia de fuentes emisoras de polución (se encuentra a menos de 10 metros de la calle). Según la normativa, esto genera una alteración en los resultados que arroja.

 

Se advierte, también, que la estación del Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago, es una de las que tiene alta exposición a fuentes emisoras, pues se ubica a un costado del centro de eventos Movistar Arena. Se establece que es “la que posee mayor magnitud y frecuencia de emisión de polvo, debido a numerosas actividades recreativas que se realizan en interior de este recinto, lo que puede generar que el monitoreo no sea representativo”. A esto se suma la presencia de vegetación en el área, lo que también interfiere sus procesos.

 

En Talagante, donde se ubica una de las 11 estaciones, se detectó que los equipos están situados en un lugar intermedio entre el radio urbano y rural, lo que es considerado como fuera de la norma. Cerrillos, en tanto, no cumple con el estándar de calidad de los equipos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. También se identificó que junto a algunas estaciones hay presencia de árboles, lo que distorsiona los datos.

 

El resto del instrumental fue aprobado con conformidad.

Zona saturada

 

Ante este análisis, el académico de Física de la U. de Santiago, Patricio Pérez, plantea la pregunta: “¿Se podrá declarar Santiago como zona saturada de material particulado fino, si los datos de las estaciones no son confiables?”.

 

El gobierno se comprometió en los  primeros 100 días a declarar zonas saturadas a urbes como Santiago y Valdivia. Una comuna “saturada” de contaminantes se da cuando los niveles de polución superan el máximo establecido en la norma para un día o un año. Esto lleva a que se dicte un plan de descontaminación que considere medidas para proteger la salud.

 

El informe también plantea que los 11 dispositivos están incluidos en la lista de métodos de la Agencia de Protección Ambiental desde noviembre de 2013. La norma para declarar zona saturada establece, sin embargo, que estas estaciones deben medir durante tres años consecutivos bajo esta modalidad, lo que podría constituir un problema para cumplir el trámite en el plazo comprometido por el gobierno.

 

Consultada la Superintendencia de Medio Ambiente sobre qué antecedentes se utilizarán para la declaratoria, se informó que se hará una “auditoría únicamente sobre los datos adquiridos y validados en las siete estaciones que cuentan con representatividad poblacional”. Se añadió que cuando se haga esa investigación “y si es satisfactoria, el Ministerio de Medio Ambiente estará en condiciones de utilizar dichos datos validados, auditados y oficializados para la declaración de zona saturada”.

 

El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó que, “a medida que la ciudad crece, hay que hacerles ajustes desde el punto de vista de su lugar de emplazamiento (las estaciones), pero tenemos una red robusta. Es más que suficiente para generar buena calidad del aire y alimentar modelos de pronóstico”. El secretario de Estado aclaró que lo anterior “no significa que no vamos a dictar la zona saturada, porque tenemos una buena red de monitoreo con datos históricos de aproximadamente 1995”.

 

Héctor Jorquera, académico de la Facultad de Ingeniería de la U. Católica, afirmó que cuando una estación “no representa los niveles a los que la población está expuesta, sino que capta el polvo de la vía pública, se distorsiona la medición”. Agregó que en caso de que se cambien de ubicación se perderá la información que la estación registró durante los años. En el caso de los monitores que fueron rechazados, tienen datos históricos sobre aire desde mediados de la década del 90.

 

Emeres invita a Taller sobre Ley de Responsabilidad Extendida para el Productor, Alcances y Perspectivas

 

Santiago, miércoles 26 de Marzo de 2014, Emeres.-  JAIME PAVEZ MORENO, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Pintana y Presidente del Directorio de Emeres en conjunto con RODRIGO SANCHEZ VILLALOBOS, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades, saludan cordialmente  a usted y tienen el agrado de invitarlo a participar en el Tercer Taller denominado “Ley de responsabilidad extendida para el productor, alcances y perspectivas”, (actualmente en discusión en el Congreso). El taller se realizará el próximo 27 de Marzo de 2014, en  dependencias de Banco Estado (Estadio Luis Barros Borgoño) ubicado en calle Fernando Lazcano n° 1425, comuna de San Miguel.  Para mayor información se adjunta el programa.

 

Jaime Pavez M. y Rodrigo Sánchez V., esperan contar con su asistencia a este encuentro que será una instancia de información, capacitación intercambio de ideas y construcción de consensos para directores municipales de los municipios socios de Emeres, entidades regionales, asociaciones  vinculadas al tratamiento integral de residuos sólidos domiciliarios, además de profesionales, autoridades políticas y administrativas, interesados  e interesadas en el desarrollo sustentable de nuestro país.

 

Informamos a Ud. que el taller contará con la destacada participación del Ministro de Medio Ambiente, Sr. Pablo Badenier M.; del Presidente del Instituto Zambulling para la Transformación Humana, Sr. Alfredo Sfeir Y.; y de Representantes del Congreso Nacional que conforman las distintas Comisiones de Medio Ambiente.

 

Santiago, Marzo de 2014

 

PROGRAMA TERCER TALLER LEY REP (Responsabilidad extendida para el productor)

 

Jueves 27 de marzo de 2014

Estadio BancoEstado. Fernando Lazcano 1425, San Miguel

 

09.00     Recepción e Inscripción

09.30     10.30

Inauguración:

Sr. Pablo Badenier Martínez, Ministro del Medio Ambiente.

Sr. Jaime Pavez Moreno, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Pintana y Presidente del Consejo de EMERES.

Sr. Rodrigo Sánchez Villalobos, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

10.30     11.00

Coffee Break

11.00     12.00

Mesa redonda sobre la Ley Rep, desde distinta miradas parlamentarias:

Senador Antonio Horvath

Senador Alejandro Navarro

Diputada Andrea Molina

Diputado Guillermo Teillier

Diputado Daniel Melo  (Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Honorable Cámara de Diputados).

12.00     12.30

Comentarios de las exposiciones:

Sr. Raúl Donckaster  Fernández, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Reina y Director  del Consejo de Emeres.

Sr. Hernán Durán de la Fuente, Presidente de Comisión de Residuos de AEPA

12:30  13:00  Preguntas y Respuestas

13.00     14.30     Almuerzo

14.30     15.30

Conferencia Magistral:

Sr. Alfredo Sfeir Younis, Economista, Presidente del Instituto Zambulling Para la Transformación Humana.

15.30     16.30

Constitución  de Comisiones de Estudio y Debate de la Ley Rep:

Comisión 1: Disposiciones Generales y gestión de residuos

Comisión 2: Responsabilidad extendida al productor y mecanismos institucionales de apoyo a la ley REP

Comisión 3: Rol de los Municipios y Comunidad.

Comisión 4: Sistemas de información, de fiscalización y sanciones, modificaciones a otros cuerpos normativos y normas transitorias

 

NOTA:

Cada comisión debe elegir un relator y un secretario de acta.   Proponer una modalidad de trabajo durante la tramitación de este proyecto de ley.

16.30     17.30

Exposición de relatores.

17.30

Cierre y Agradecimientos:

Sr. Jaime Cataldo Uribe, Gerente General de Emeres Ltda.

 

Invitan a acceder a Audiencia Especial de dirigentes indígenas ante la CIDH de la OEA

 

Washington, EEUU, miércoles 26 de marzo de 2014, por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano.- En audiencia especial en Washington dirigentes indígenas y abogada Nancy Yáñez exponen sobre estado de la consulta previa en Chile: Ante CIDH de la OEA. La audiencia se realizará este próximo jueves 27 de marzo, de 14:00 a 15:00 horas de Chile, y podrá ser vista en directo a través del portal web de la Comisión. Durante la audiencia intervendrán la codirectora del Observatorio Ciudadano y experta en derecho indígena, abogada Nancy Yáñez; la representante del pueblo Huilliche y actual Consejera de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Claudia Pailalef y el presidente de la Comunidad Agrícola y Diaguita de los Huascoaltinos, Sergio Campusano, en cuyo territorio ancestral se emplazarían los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro. Dicha transmisión tendrá lugar este próximo jueves 27 de marzo a partir de las 15.00 horas, en el auditorio de la facultad de derecho de la Universidad Bolivariana, ubicado en calle Huérfanos 1721, en Santiago (metro Santa Ana).

Este próximo jueves 27 de marzo, en el marco del 150º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido concedida una audiencia especial para informar acerca de la situación del “Derecho a la consulta previa de Pueblos Indígenas en Chile”, la que tendrá lugar en el Salón Rubén Darío de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Washington.

 

El objetivo de la audiencia, solicitada a la Comisión por el Observatorio Ciudadano, en conjunto con la dirigente huilliche y consejera electa del Consejo de Pueblos Indígenas de CONADI, Claudia Pailalef, y el representante de la Asociación de Pueblos Unidos de la Quebrada de Tarapacá, Alejandro Capetillo, es entregar información detallada y complementaria a la aportada por el estado sobre el proceso de implementación del derecho a la consulta previa y de buena fe a los pueblos indígenas, garantizado en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

 

Específicamente, para evidenciar y denunciar ante esta instancia internacional que el estado está vulnerando dichos estándares y violando derechos fundamentales garantizados en la Convención Americana, al imponer mediante decreto mecanismos de consulta altamente cuestionados y rechazados por las organizaciones indígenas.

 

En noviembre recién pasado el estado chileno entregó a la Comisión un informe referido a “reglamentos aprobados por el gobierno para implementar el derecho a la consulta, específicamente el decreto supremo 6640, dando cuenta que los mismos estaban ajustados a los estándares internacionales y que constituían una buena práctica respecto a la protección del derecho de consulta a los pueblos indígenas”, señaló Nancy Yáñez.

 

“En esa audiencia no participaron representantes de pueblos indígenas, salvo quienes conformaron la mesa de consenso promovida por el gobierno y que ha sido, como es de conocimiento público, cuestionada por los pueblos indígenas y en particular por los consejeros de CONADI.  Así que es importante esta otra perspectiva respecto a si estos instrumentos legales cumplen o no con los estándares internacionales”, explicó la abogada.

 

Durante la audiencia intervendrán la codirectora del Observatorio Ciudadano y experta en derecho indígena, abogada Nancy Yáñez; la representante del pueblo Huilliche y actual Consejera de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Claudia Pailalef y el presidente de la Comunidad Agrícola y Diaguita de los Huascoaltinos, Sergio Campusano, en cuyo territorio ancestral se emplazarían los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro.

 

NACIONALES

 

La Hora del Planeta, con mayúsculas

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, La Información.- La Hora del Planeta se escribe con mayúsculas iniciales por referirse al nombre oficial de esta iniciativa. Sin embargo, y con motivo de la celebración, el próximo 29 de marzo a las 20:30h, de la Hora del Planeta contra el cambio climático, es habitual encontrar en los medios de comunicación frases como «Coincidiendo con la celebración de “La Hora del Planeta”…», «Este año se espera que la hora del Planeta bata récords» o «…está invitado a unirse a la hora del planeta». Lo apropiado es considerar La Hora del Planeta, con mayúsculas.

La Hora del Planeta se escribe con mayúsculas iniciales por referirse al nombre oficial de esta iniciativa. Sin embargo, y con motivo de la celebración, el próximo 29 de marzo a las 20:30h, de la Hora del Planeta contra el cambio climático, es habitual encontrar en los medios de comunicación frases como «Coincidiendo con la celebración de “La Hora del Planeta”…», «Este año se espera que la hora del Planeta bata récords» o «…está invitado a unirse a la hora del planeta».

 

Lo apropiado es considerar esta denominación como la de las festividades, ya sean civiles o religiosas, y escribirla con iniciales mayúsculas, como indica la Ortografía de la lengua española, y decir «Este año se espera que la Hora del Planeta bata récords» o «…está invitado a unirse a la Hora del Planeta».

 

Se recuerda asimismo que esta denominación no tiene por qué entrecomillarse y que el artículo la debe ir en minúscula (salvo si inicia una oración) porque no forma parte de ella; así, el primero de los ejemplos anteriores debería ser «Coincidiendo con la celebración de la Hora del Planeta…».

 

En las noticias relacionadas con esta iniciativa también se habla de huella de carbono y huella ecológica, y hay que aclarar que se trata de índices que miden el impacto ambiental, pero no deben confundirse ya que lo hacen a partir de parámetros diferentes: la huella de carbono se refiere a la emisión de gases de efecto invernadero, mientras que la huella ecológica analiza el efecto en la Tierra de la demanda que hace el hombre de los recursos existentes.

 

Hora del Planeta: Sábado 29, 15.00 hs, Municipalidad de Providencia

 

Providencia, miércoles 26 de marzo de 2014, Entorno Inteligente.- Bicicaravanas y energía alternativa serán las novedades de La Hora del Planeta en Chile. La tierra necesita un respiro y hay que entregárselo. Esa es la idea del evento anual ” La Hora del Planeta “, organizado por WWF Chile, y que l lama a apagar todas las luces y aparatos eléctricos durante 60 minutos. Un suceso que es mundial y que ha dejado postales únicas con emblemáticos edificios que suelen estar iluminados, sin luz. En Chile  el acto central de La Hora del Planeta se realizará en Municipalidad de Providencia, específicamente en el frontis del Palacio Consistorial de la comuna y tiene el aporte del Centro Bicicultura y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). El evento, que tendrá música, talleres y stands de agrupaciones ambientalistas desde las 15 horas del sábado 29 de marzo, también tendrá un sistema de siete bicicletas que almacenarán energía para el evento de la noche, invitando a toda la comunidad a aportar con su pedaleo. En total se espera acumular unos 2.300 Wh.

Este año se realizará algo nuevo y muy en boga en estos días: bicicaravanas. Estas saldrán desde tres puntos neurálgicos de la capital (Plaza Italia, Plaza Ñuñoa y Escuela Militar) a las 18:30 con el propósito de llegar a Providencia para esperar las 20.30 horas y así dar inicio a una nueva Hora del Planeta, que será acompañada con pasacalles y un espectáculo artístico a cargo del grupo Los Fi, primera compañía de percusión urbana del país.

Para Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, este evento sirve para motivar a la gente a tener mayor conciencia con el medioambiente, ” nos alegra que cada año La Hora del Planeta logre motivar a más personas e instituciones a jugársela por acciones más sustentables en su quehacer cotidiano. También valoramos el que en base a esta campaña mucha gente comience a preocuparse por los temas ambientales, sabiendo que todos podemos aportar a que este sea un mejor lugar para vivir “, asegura.

Para Josefa Errázuriz, alcaldesa de Providencia este evento “se enmarca absolutamente en los lineamientos que comprometimos en nuestro programa de gobierno y que tienen que ver con proporcionar un medioambiente saludable para nuestras vecinas y vecinos”, dice.

 

Valdivia se suma a la Hora del Planeta

 

Valdivia, miércoles 26 de marzo de 2014, El Naveghable.-  Valdivia se sumará a la campaña mundial La Hora del Planeta. Con diversas actividades recreativas y deportivas, Valdivia se suma a una nueva versión de La Hora del Planeta, la campaña ambiental más grande del mundo, y que en el país es impulsada por WWF Chile y el Ministerio de Medio Ambiente. Una de ellas es la limpieza de playa en el sector Calfuco para el día sábado 22 de marzo, a una semana previa de la celebración de La Hora del Planeta, que será el 29 de marzo entre 20.30 y 21.30 horas. Este operativo será replicado en otras playas de Chile a través de organizaciones locales y voluntarios.

Rodrigo Catalán, director de Conservación de WWF Chile, informó que para este año en Valdivia están contempladas tres actividades en el contexto de la campaña.

 

“Con esta actividad queremos que se cree mayor conciencia sobre lo que significa mantener nuestras playas limpias, ya que la basura que es acumulada en las costas constituye un peligro para la flora y fauna de nuestros ecosistemas marinos” manifestó Catalán.

 

Por su parte, la Seremi de Medio Ambiente, Carla Peña, expresó que “La Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos, no ha querido estar fuera de esta gran campaña, haciendo el llamado a todos los ciudadanos de la región, a tomar conciencia durante una hora, y reflexionar acerca de los alcances que está teniendo el Cambio Climático en mucho lugares del mundo”, finalizó.

 

Además, el alcalde de Valdivia, Omar Sabat, valoró el crecimiento de la campaña y que cada año sean más los valdivianos que se suman y participan en la iniciativa. A su vez, indicó que el municipio se unirá a esta acción global con el apagado de luces del puente Pedro de Valdivia y el Edificio Consistorial.

 

El sábado 29 de marzo, día en que se celebrará La Hora del Planeta, en Valdivia se realizará una corrida – cicletada familiar en el sector Helipuerto, que partirá a las 10:30 AM, actividad que esorganizada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, que en esta, su tercera versión, espera recibir a más de 300 personas para que participen de la jornada.

 

En la tarde será el evento central, donde se invita a los valdivianos a participar de la iluminación con faroles del símbolo de la campaña “60+” en la Costanera de la Ciencia de la ciudad.

 

La Hora del Planeta se realiza mundialmente desde el año 2007 y partió como un llamado a la preocupación por el cambio climático, invitando a las personas a apagar la luz y desconectar los equipos eléctricos durante una hora, La Hora del Planeta, como una señal de adhesión a esta gran acción voluntaria.

 

Ciudadanía de Arica convoca  a Gran Movilización 29 Marzo contra “catástrofe ambiental”

 

Arica, miércoles 26 de marzo de 2014, Terra.- Dirigentes sociales de Arica denuncian ‘catástrofe ambiental’ por actividades mineras en esa zona. Dirigentes sociales de Arica y Parinacota, que llegaron este martes al Colegio Médico de Santiago, denunciaron una “catástrofe ambiental” en dicha zona producto de actividades mineras pasadas, y algunas de ellas aún en ejercicio, y que como consecuencia de ello se han depositado tóxicos en el agua potable que están tomando los habitantes de distintas localidades de la región.

 

El portavoz de la Coordinadora Regional de Conflictos Socioambientales de Arica y Parinacota, Aníbal Díaz, y el gerente de Agro Organic Arica, César Huanca, se reunieron hoy con el presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Andrei Tchernitchin, el cual junto otros facultativos ambientalistas ha tomado muestras de esos desechos en esa región nortina, la última en noviembre de 2013. Díaz sostuvo que convocaron “a una gran movilización en Arica y Parinacota, para el día 29 de marzo, debido a los daños ambientales que producen las mega mineras y las termoeléctricas, no sólo en Arica sino también en otras regiones”.

 

Por su parte, el doctor Andrei Tchernitchin, explicó que en uno de los viajes para realizar estas muestras en Arica y Parinacota, se encontraron “con más de un millón o quizás dos millones de toneladas de residuos con altas cantidades de arsénico, plomo, níquel, boro, y una serie de otros elementos tóxicos”.

 

El médico ambientalista mostró fotografías de quebradas en que encontraron tambores con cianuro y otros compuestos tóxicos utilizados para extracción de oro “y que habían sido tirados todos a la quebrada, en donde nacen afluentes del río San José que va a irrigar al Valle de Azapa”.

 

“Nosotros pensamos -dijo el médico- que con la lluvia altiplánica todos estos tóxicos se van disolviendo, van pasando por las napas y afloran en el nacimiento de estos afluentes que van a formar el río San José y eso es lo peligroso. Tomamos muestras y encontramos en varias de éstas, altísimo contenido de arsénico y plomo. En 2013 los servicios sanitarios informaron que sí había arsénico en cantidades sobre la norma en el agua potable de Arica. Ese año en el Valle de Azapa había arsénico casi 10 veces la norma, encontramos niveles alto de manganeso y de hierro en el agua del Valle de Azapa.

 

También había concentraciones de arsénico en Putre, y en Pocapilla; también encontramos altas concentraciones de manganeso y de hierro, en el agua, según las muestras que tomamos en mayo de 2013”, expresó el doctor Tchernitchin.

 

Agregó que en las aguas que vienen de una laguna donde nace el Río Lauca, a la entrada de una mina, en un retén de Carabineros, “encontramos arsénico el doble de la norma, había manganeso, 7 veces la norma, en un río encontramos arsénico 20 veces la norma, había cadmio en el agua, zinc, cobre, cromo, en altas concentraciones, manganeso 360 veces la norma, y también hierro por encima de ésta”.

 

“En el pueblo de Poconchile hay una escuela con el mismo nombre, y encontramos que el arsénico en el agua era 5 veces la norma”, dijo el doctor.

 

Tchernitchin explicó que los elementos tóxicos en concentraciones altas pueden producir la muerte, hecho que no ocurre porque no tienen concentraciones tan altas, pero en cantidades menores pueden producir mutaciones, cáncer, malformaciones fetales, y también afectan distintos órganos en forma separada.

 

Precisó que el arsénico en forma crónica produce cáncer al pulmón, cáncer de la piel, de la vejiga, del hígado y del riñón. Los jóvenes que mueren por infarto al miocardio, probablemente puede ser por arsénico, y aborto.

 

Demandan al estado

 

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Regional de Conflictos Socioambientales de Arica y Parinacota, Aníbal Díaz, expresó que “el estado chileno sistemáticamente ha negado que existe contaminación ambiental en nuestra región producto de actividades mineras pasadas y que todavía algunas están ejercicio. Se ha ocultado información”.

 

“El estado, a través de sus estamentos, ha negado esto, ha falseado información y el movimiento social y los pueblos originarios hemos trabajado en forma paralela al Estado para develar esta situación. Y hoy hemos venido a Santiago a denunciar esta grave situación que afecta a la población de Arica y Parinacota, y que esta contaminación sea frenada”, dijo Díaz.

 

Agregó que “está en riesgo la salud y la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, y de toda nuestra comunidad en general. Está en juego el patrimonio cultural y social de toda una región”.

 

El voceo de la Coordinadora recordó que “el movimiento social una vez que tuvimos la información científica del Colegio Médico, encabezado desde el punto de vista ambiental, por el doctor Andrei Tchernitchin, decidimos en julio 2013 demandar al Estado por daño ambiental, y el segundo tribunal ambiental de Chile acogió nuestra demanda encabezada por el equipo jurídico. Dicho tribunal reconoció 18 puntos de que existe contaminación, con los antecedentes que les entregamos”.

 

Díaz expresó que “la vida en Arica se ve desmejorada por la contaminación existente porque las mineras están ubicadas en las cabeceras de ríos, y lo que está contaminándose se arrastra a toda la cuenca hidrográfica y al final es el agua que está llegando a Arica, y es el agua que está tomando los habitantes de la zona”.

 

Abordan necesidad de carácter y participación social en el tema energético

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, La Nació.- Sfeir plantea rol social de la energía a Máximo Pacheco.  El ex candidato presidencial se reunió con el titular de Energía para dejarle ver su visión sobre la cartera y los problemas que el miembro del Partido Ecologista Verde identifica en la cartera. El ex candidato presidencial Alfredo Sfeir  visitó las dependencias del Ministerio de Energía para conversar con el titular de la cartera, Máximo Pacheco, con el que sostuvo una conversación sobre el carácter social de la energía y la participación social. Sfeir le presentó su visión en la que destaca que “hablar de la energía como una cosa social me parece un paso fundamental”.

En la misma línea el ex aspirante al sillón presidencial por el Partido Ecologista Verde sostuvo que anteriormente la  cartera de energía se ha caracterizado por la “no participación ciudadana, la falta de ordenamiento territorial, la imposición de los proyectos”.

 

Por último, sostuvo que el debate debe centrarse en formar un nexo entre este nuevo énfasis y el la reforma tributaria, la que debe contemplar a ojos de Sfeir incentivos verdes.

 

Indios entregados al alcohol

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Domingo Namuncura, Radio Cooperativa.-  El historiador Sergio Villalobos tiene una virtud importante que hay que reconocer públicamente: es brutalmente franco y no oculta su pensamiento ultra conservador, particularmente, respecto de la cuestión social indígena. A diferencia de sus colegas de ruta en esta lógica, no esconde su desprecio y racismo. Es el Juan Ginés de Sepúlveda del siglo XVI en la memorable Junta de Valladolid, en la controversia con Bartolomé de las Casas, una especie de “cumbre” organizada por el Consejo de Indias, con el propósito de resolver el dilema (falso por cierto) de cómo entender la relación de la Corona y de la Iglesia con los pueblos nativos descubiertos y conquistados. Ginés de Sepúlveda, coincidentemente historiador, defendía la tesis de la guerra justa en contra de los indios, “por sus pecados e idolatrías”.

 

Don Sergio Villalobos habló recientemente de “defectos ancestrales” de los mapuches, sin ahondar mucho en aquello.

 

Para Ginés de Sepúlveda, los indios eran seres inferiores y decía que sus prácticas culturales eran anti natura. Hoy, el profesor Villalobos alega que los mapuche, “de acuerdo a la cultura ancestral escasamente participaban en faenas: “era formalmente un guerrero y un cazador, que vivía relajadamente y entregado al alcohol”.

 

Si a esto se suma el hecho de que, de acuerdo a sus conceptos, era inaceptable que “hubiese tierras desperdiciadas en manos de los naturales (los mapuche)”, se entiende entonces que estos sujetos estaban desprovistos de derechos.

 

En el siglo XVI Jesús Ginés de Sepúlveda alegaba exactamente lo mismo. Por eso, el Estado de Chile ejerció la fuerza y la violencia para despojar al mapuche de su patrimonio, como en su tiempo la Corona conquistó con sangre el continente.

 

Villalobos no es Ginés de Sepúlveda. Por cierto. Y Huenchumilla no es Bartolomé de Las Casas, como es evidente, pero ambos personajes son claves en la lucha por los derechos de indios durante la conquista. Y en algo se parecen en el debate de estos días.

 

Uno, Villalobos defiende la conquista y sometimiento del Pueblo Mapuche y Huenchumilla busca – como muchos mapuches- reivindicar sus derechos.

 

Lo más dramático es que, Ginés de Sepúlveda, el severo historiador y filósofo español, capellán y cronista de Carlos I y preceptor de Felipe II, defensor de la conquista española, pareciera revivir, ¡cinco siglos después! en los dichos de quien ha sido ungido, nada menos, como Premio Nacional de Historia, Sergio Villalobos.

 

De las “reflexiones” del severo jurista Ginés de Sepúlveda encuentro esta afirmación categórica y explícita (Ginés tampoco tenía pudor con la franqueza) en su libro “De la justa causa de la guerra contra los indios”.

 

“Con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas. ¿Qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados en cuanto pueden serlo”.

 

Sí. El pensamiento de la conquista española sigue todavía vigente. Y en Chile podemos encontrar en el profesor Villalobos uno de sus más conspicuos seguidores.

 

Democracia y partidos políticos

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Jorge Arrate y Salvador Muñoz, El Mostrador.- Los resultados de las últimas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales efectuadas durante el año 2013 confirmaron las graves limitaciones de nuestra democracia. La más destacada de todas es la altísima abstención electoral. Otros temas que emergieron una vez más son el enorme gasto electoral de las campañas de las dos grandes coaliciones; la escasez de debate programático; la voluntariedad u obligatoriedad del voto; el derecho a voto de los chilenos y chilenas en el exterior y la sustitución del sistema electoral binominal.

 

Un tema tan importante como los anteriores, que sin embargo ha recibido una atención menor, es el rol y carácter de los partidos políticos. La percepción ciudadana capta que los actuales han derivado en máquinas electorales y aparatos de selección de personal de los gobiernos. Los partidos políticos son una de las instituciones con mayor rechazo por parte de la ciudadanía. Están desprestigiados, no albergan proyectos políticos colectivos convocantes, no están insertos en el también débil tejido asociativo de nuestra sociedad y sus dirigentes concentran cada vez mayor poder en desmedro de sus militantes. Su financiamiento no es transparente, no cumplen una función social pedagógica, están al debe como formadores de nuevas generaciones.

 

No hay un solocamino ni basta una sola reforma para fortalecer y profundizar la democracia en Chile. Pero todos los demócratas deben apuntar a sanear y rehabilitar la política y los partidos, pues la despolitización es la puerta de entrada para el fascismo, en sentido literal.

 

La actual ley de partidos políticos ha contribuido a consolidar este sistema lamentable. Tras la última elección más de la mitad de los partidos políticos que inscribieron candidatos perdieron su legalidad. Cabe preguntarse si la ley no debiera favorecer la asociación política de los ciudadanos en vez de restringirla y promover el binominalismo.

 

La respuesta es que lo hace, en cierto modo, aunque de un modo retrocido. La propia ley ofrece los remedios a sus efectos: los pactos, que dan lugar a intercambios y negociaciones complejas, muchas veces obligadas para los partidos de menor votación, y las reinscripciones de los partidos que pierden su legalidad vía resquicios legales como las fusiones instrumentales. Pero ambos mecanismos favorecen la opacidad de las opciones políticas y la existencia de partidos sin vida real ni implantación social, algunos de ellos nada más que instrumentos de un caudillo.

 

El problema serio es que el rechazo a los partidos políticos, derivado de su marco legal y sus prácticas reprobables se está convirtiendo en un repudio a los partidos como tales, del mismo modo que la falta de legitimidad de nuestro sistema político repercute en una cada vez más baja valoración de la democracia. Avanzamos peligrosamente hacia una sociedad que despotrica contra la política y quienes debieran revertir esta situación sólo agudizan el problema.

 

No hay un solo camino ni basta una sola reforma para fortalecer y profundizar la democracia en Chile. Pero todos los demócratas deben apuntar a sanear y rehabilitar la política y los partidos, pues la despolitización es la puerta de entrada para el fascismo, en sentido literal.

 

Hay muchas materias que pueden y deben abordarse sin esperar reformas legales o constitucionales. Basta para hacerlo con la voluntad política de quienes hoy administran los partidos. Entre ellas aumentar la transparencia interna, desconcentrar y descentralizar las decisiones. También adoptar normas que garanticen cuotas de género y eventualmente de jóvenes en las direcciones y candidaturas partidarias. O establecer como regla interna la no reelección de los parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros más allá de dos períodos. ¿Por qué los grandes partidos, particularmente los que hoy forman la coalición de gobierno, no adoptan estas u otras medidas consonantes con las orientaciones de su programa?

 

No obstante, se requieren cambios institucionales urgentes que el país no puede seguir evadiendo. Y, para debatirlos y aprobarlos, es necesaria una Asamblea Constituyente que dote de legitimidad al sistema político. El proceso de convocatoria y desarrollo de una Asamblea Constituyente tendría un valor no solo como generador de una mejor institucionalidad democrática sino que además permitiría un diálogo que repolitice la sociedad y que ponga el debate colectivo sobre los grandes temas estratégicos como centro de la vida política.

 

Rehabilitar y ennoblecer la política y los partidos y revertir su actual desprestigio pasa por más politización, no menos.

 

El Proyecto Río Cuervo

 

Coyhaique, miércoles 26 de marzo de 2014, por Peter Hartmann,Director de CODEFF Aisén, Presidente de la Agrupación Cultural y Social Aisén Reserva de Vida, El Dínamo.-  Este proyecto que es parte de aquel impulsado por Energía Austral que comprende represar además los ríos Blanco y el desagüe del Lago Condor, había pasado casi desapercibido bajo la sombra del famoso y repudiado proyecto HidroAysén. Recién al aprobarse el estudio de impacto ambiental del proyecto Río Cuervo, el 8 de mayo del 2013, los chilenos pudimos enterarnos por la portada de uno de los grandes diarios nacionales que ese es el segundo proyecto hidroeléctrico en tamaño actualmente en tramite “ambiental” en Chile. Antes de eso, este proyecto que es parte de aquel impulsado por Energía Austral que comprende represar además los ríos Blanco y el desagüe del Lago Condor, había pasado casi desapercibido bajo la sombra del famoso y repudiado proyecto HidroAysén. ¿Y cómo es que pasó esto y ni la campaña Patagonia sin Represas le dio la importancia que amerita a estas también represas, también ubicadas en la Patagonia, y en un lugar igual o mas valioso que aquel de HidroAysén?

 

El Río Cuervo nace a 474 metros sobre el nivel del mar, en el Lago Meullín el que recibe a su vez las aguas del Lago Yulton y las Lagunas Caiquenes. Y claro, también aquellas de los glaciares de los volcanes Maca, Cai, Yulton y Meullín ubicados en esta cuenca pristina de 555 Km2. Luego, tras un recorrido vertiginoso por un estrecho y selvático valle de 18 kilómetros, desemboca en el fiordo a 25 kilómetros al oeste de Puerto Aisén.

 

De la historia de esta hermosa cuenca de valor ambiental reconocido y de este río salvaje sabemos casi nada, hasta que en la década de los 80 del siglo pasado “Proyectos de Aysén” de la influyente familia Walker (que actualmente cuenta con tres parlamentarios) intenta sacar provecho del potencial hidroeléctrico de este río, para lo que obtiene derechos de agua consuntivos (de un caudal inexistente) y consiguen a precio vil los terrenos fiscales necesarios para el proyecto, el que se termina siendo traspasando a la minera canadiense Noranda para desarrollar una refinadora de aluminio.

 

Era el famoso megaproyecto Alumysa que feneció en el 2001 por presión de la comunidad, los pescadores y los salmoneros. Años después, los derechos y propiedad pasan a la minera transnacional Xstrata (hoy Glencore –Xstrata de pésima reputación), la cual, a través de su filial Energía Austral ingresa en enero 2007 un estudio de impactos ambientales para generar 600 MW con dos represas y un embalse de sobre 13 mil hectáreas. Ese EIA, en el cual se afirmaba que la zona no era sísmica, fue declarado no admisible tras el terremoto de abril de ese mismo año.

 

En agosto del 2010 la empresa vuelve a presentar un nuevo EIA del mismo proyecto, el cual según los evaluadores técnicos no contaba con la información mínima requerida. Sin embargo, continuó evaluándose y arreglándose a lo largo de dos años y cuatro adendas, sin participación ciudadana, para finalmente intentar su votación en enero 2012, la que fuera parada con un Recurso de Protección. El 8 de mayo de ese año finalmente se aprueba el EIA, para ser anulado unos días después por la Corte Suprema, la que hace nuevas exigencias de estudios geológicos, los que se habían condicionado con la aprobación.

 

Los impactos ambientales de ese proyecto no son menores. Con el se pretende destruir irreversiblemente una valiosa zona prístina, incompensable, de lagos y lagunas, bosque y mallines-turberas de alto valor ambiental y paisajístico, en la que existen 48 especies en categorías de conservación y cinco endémicas, incluidas la Ranita de Darwin y el Huillín que se encuentran en peligro de extinción.

 

También se pretende dejar un río igualmente valioso como el Cuervo, con solo 3 a 4% de su caudal y entregar durante 15 meses, durante el llenado del embalse, el caudal muy disminuido al fiordo, lo que indudablemente significaría una alteración de graves consecuencias en él. Por cierto también evitaron evaluar la producción de gases efecto invernadero, total, 5.600 hectáreas de suelo, vegetación, bosque inundado descomponiéndose son “nada”.

 

Además cabe recordar que ese EIA hasta eludió evaluar impactos sociales y culturales en un área que de una u otra forma es afectada, por más que lo pretendan negar. De hecho se llegó a negar la existencia de habitantes en el área de influencia del proyecto (que incluye las ciudades de Pto. Aysén y Pto.

Chacabuco), la misma que de una u otra manera utilizarían, incluso pretendían radicar en ella 90 familias. Pero lo que mas ha importado es el peligro sísmico y volcánico del área, el cual indudablemente aumenta con el proyecto. Instalar un embalse con 4.613 millones de toneladas de agua sobre la principal falla geológica de Chile (Liquiñe –Ofqui), con un evidente riesgo de inducción sísmica, no es menor. Instalar una represa sobre una falla geológica tampoco. Ni llevar el nivel de agua hasta cerca de un portezuelo que da a Puerto Aisén, aun menos.

 

Así y todo el EIA terminó por ser aprobado el 10 de septiembre 2013, lo que significó nuestros reclamos al Comité de Ministros y un nuevo Recurso de Protección, del que se hicieron parte 84 habitantes de la zona, con lo que nuevamente esta paralizada su tramitación.

 

Mientras esperamos el fallo de la Corte acudimos el pasado domingo 16 a la desembocadura del Cuervo para celebrar el “Día Mundial de Acción Contra las Represas”, para que este proyecto (ahora también de la eléctrica australiana Origin) jamás se realice en nuestra Patagonia sin Represas.

 

Las claves del conflicto del Agua en Chile

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Vanessa Vargas Rojas, La Tercera.- A Chile lo están secando: las claves para entender el conflicto del agua. Un Código de Aguas elaborado en dictadura, la irrupción de los grandes proyectos empresariales y la supremacía del lucro y privatización del recurso hídrico por sobre la obligación del Estado de garantizar el agua a todos los habitantes del país. Ése es el mapa básico del conflicto por el agua en Chile. Es uno de los principales problemas ambientales de nuestro país y la mayoría de la población desconoce su origen y desarrollo. El conflicto del agua en Chile data de 1981, año en que la dictadura a cargo de Pinochet selló el Código de Aguas que nos rige por estos días, uno que privatizó la fuente y gestión del recurso hídrico.

Desde entonces, la situación del agua en el país ha ido de mal en peor, afectando a diversas comunidades desde el norte hasta el sur de Chile. Pero, ¿cuáles son las claves para entender el conflicto? Con la ayuda de Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima (Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente) y Lucía Sepúlveda, periodista y activista de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), ilustramos las coordenadas del problema que amenaza con secar Chile.

 

Código de Aguas y el marco privatizador

 

La base regulatoria del agua en Chile considera al recurso como un bien de uso económico. El Código de Aguas de la dictadura, principal enemigo de las comunidades defensoras, separó la propiedad del agua del dominio de la tierra. Así, tal como explica Mundaca: “hoy día se da la dicotomía que existen propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua”.

 

“Para ser más riguroso, la dictadura privatiza el agua y la Concertación en 1997 toma la decisión de privatizar también las empresas sanitarias. Ese mismo año Frei y Menem firman el famoso Tratado Binacional Minero que le entregan cientos de nuestras cuencas a toda la megaminería”, argumentó el especialista.

 

El marco regulatorio permite que el Estado entregue derechos de aprovechamiento de aguas gratuitamente y de forma perpetua a quien los solicite. Un ejemplo emblemático del funcionamiento del código es lo ocurrido con algunas comunidades mapuches favorecidas por los procesos de recuperación de tierra de la Conadi: gran parte de ellas fueron devueltas sin derecho de propiedad de agua.

 

Lucía Sepúlveda lo explicó así: “Estamos por la derogación del Código de Aguas. Ese es el problema principal que ha permitido el empobrecimiento de las comunidades campesinas, y en general, de la gente sencilla de este país”.

 

El rol de la megaminería, hidroeléctricas, forestales y más

 

En diversos puntos de Chile, la escasez y contaminación del agua se relaciona con la irrupción de grandes inversiones empresariales. Tal y como concibe hoy al recurso hídrico la legislación vigente, el agua parece estar más asegurada para los proyectos mineros, hidroeléctricos y forestales, entre otros, que para los propios ciudadanos y sus necesidades de acceso básico.

 

El robo del agua en nuestro país se ha vinculado a importantes figuras políticas y empresariales. Entre ellas, el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, a quien se le acusa de usurpar el agua de los campesinos de la Provincia de Petorca, en Valparaíso. En tanto, la DGA indicó al ex intendente de la Región Metropolitana durante el gobierno de Lagos, Marcelo Trivelli, el diputado DC Eduardo Cerda y el empresario Osvaldo Jünemann –cuñao de Pérez Yoma- de las mismas prácticas.

 

En Wallmapu, la acción de las forestales ha complicado la vida de las comunidades mapuche que deben recorrer grandes distancias en búsqueda de agua para sus cosechas. En el norte del país, la escasez hídrica fue confirmada el 2011 por el entonces ministro del MOP, Hernán de Solminihac.

 

En Petorca, en tanto, el agua es distribuida a través de camiones. “Hombres y mujeres han tenido que vivir en la indigna condición de tener que defecar en bolsas de plástico y bañarse por presas”, describe Mundaca.

 

¿Cómo han sido castigados aquellas personas encontradas culpables de usurpación de aguas? El marco regulatorio penaliza hoy con sólo 20 UTM a los responsables. Una cifra que sigue tornando atractiva la práctica para los empresarios.

 

Según el ingeniero, “la institucionalidad tipifica la usurpación de aguas como una falta administrativa y no como un delito que debería penalizarse con cárcel”.

 

El declive de la agricultura campesina

 

El complejo escenario de usurpación de aguas afecta a todos los habitantes del territorio, pero con mayor razón a quienes se dedican a la agricultura para vivir y alimentarse.

“Al no haber agua, porque las plantaciones exóticas secan los pozos, secan el agua o bien la contaminan, no se pueden seguir alimentando como lo hacían antes y eso tiene consecuencias en la salud. Ellos están acostumbrados a comer sus propias verduras. Nosotros creemos en el principio adoptado por los campesinos en todo el mundo que es la idea de tratar de construir soberanía alimentaria, es decir, que todos podamos decidir qué tipo de alimentos cultivamos, cuáles comemos de acuerdo a lo que ha sido nuestra cultura, nuestra tradición”, explicó Sepúlveda.

 

La escasez del recurso hídrico podría explicar la ausencia cada vez más notoria de campesinos en el campo. En opinión de los expertos, esto causaría la pérdida de un importante legado cultural que hoy depende de la recuperación del carácter público del agua y su consagración como un derecho humano.

Actualmente, una larga lista de grandes proyectos podrían complicar aún más el escenario chileno, con cerca de 108 municipios en “emergencia agrícola” y tres de ellos (Cabildo, Petorca y La Ligua) declarados como “zona de catástrofe” por la Comisión Nacional de Riego.

 

El proyecto Andina 244, por ejemplo, se apropiará de cerca de 25 glaciales que forman parte de la reserva de agua dulce más importante del país. En tanto, de concretarse, Alto Maipo, iniciativa de los Luksic y Aes Gener, pondría en riesgo la disponibilidad del agua para todos los habitantes de la Región Metropolitana.

 

 

Lucha por el agua: por la defensa de la vida

 

La violación sistemática del derecho humano de acceso al agua ha sido registrada por los informes anuales en la materia de la Universidad Diego Portales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En tanto, algunos dirigentes sociales como Rodrigo Mundaca enfrentan problemas con la justicia por su denuncia sistemática de la usurpación. Éste ya ha sido llamado en 12 ocasiones a los tribunales por los abogados de Pérez Yoma, quienes solicitan su perdón por las acusaciones realizadas o cárcel.

 

Sin embargo, éste no vacila. “La lucha por el agua es la defensa de la vida”, argumentó Mundaca y agregó que este es un conflicto estructural que Bachelet deberá enfrentar a la brevedad. Durante su período de campaña, la mandataria señaló que iba a designar un delegado presidencial para hacer un diagnóstico de la situación hídrica del país, dentro de los primeros 100 días.

 

“No hay que hacer ningún diagnóstico, el diagnóstico es que el país se seca desde Arica a Magallanes y se seca porque la codicia empresarial está desregulada y la institucionalidad es capacidad de fiscalizar, castigar”, argumentó el ingeniero.

 

Entre las tareas pendientes, Bachelet deberá hacerse cargo de terminar con el lucro del agua y sus herramientas privatizadoras. Además, será necesario recuperar el agua para los diversos territorios que hoy sufren déficit hídrico, construyendo una institucionalidad a la altura de los marcos internacionales de Derechos Humanos.

 

Los glaciares y la nueva conciencia ambiental

 

Santiago, miércoles 26 de marzo de 2014, por Guillermo Pickering, Presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess A.G.), El Mostrador.-  Uno de los desafíos que nos impone la sustentabilidad de los recursos hídricos tiene que ver con el conocimiento y cuidado de nuestras grandes reservas de agua dulce: los glaciares, sean “blancos” o los denominados “de roca” o “grises”, que es una mezcla de hielo con material rocoso en diversas proporciones a lo largo de la cordillera de Los Andes.

 

De los primeros se tiene algo de conocimiento, basados en estudios de universidades y en un seguimiento que realiza desde algunos años la Dirección General de Aguas. Pero de los de roca se sabe muy poco, ya que no pueden ser detectados con la sola observación científica a distancia.

 

Como país, requerimos comenzar a sentar las bases científicas y técnicas que nos permitan en un futuro cercano conocer en profundidad el comportamiento de los glaciares, que constituyen un verdadero “seguro ambiental”. Se necesitan estudios específicos en terreno a lo largo de los macizos montañosos, a objeto de dotarnos de una mirada estratégica en materia de recursos hídricos de largo plazo, para tomar las mejores decisiones en función del bienestar de los asentamientos humanos y de su respectivo desarrollo económico y cultural.

 

Chile no nos pertenece sólo a quienes hoy lo habitamos. De nuestro comportamiento actual va a depender la vida de las futuras generaciones. Como industria medioambiental que gestiona el ciclo integral del agua, incluyendo la descontaminación de la totalidad de las aguas servidas, queremos contribuir a la formación de conciencia ambiental en el marco de la reciente celebración del Día Mundial del Agua.

 

El cambio climático es un fenómeno global real que está afectando a Chile, con efectos sobre la disponibilidad de agua, que impacta de manera preocupante en los glaciares que conocemos, en los que se ha verificado una disminución de su volumen en comparación con décadas pasadas.

 

Si a ello agregamos que ya completamos cuatro años con déficit de precipitaciones de agua lluvia y nieve, con embalses semivacíos y poca nieve en la cordillera, el panorama no es alentador. La escasez hídrica llegó para quedarse, y ya es posible advertir un desplazamiento de esta al sur de la Región del Bío Bío.

 

Tradicionalmente, los usos del agua dulce se han identificado con el riego, la producción de agua potable, el desarrollo industrial y minero, así como con la generación eléctrica. Pero hoy en día esa visión ha cambiado. Existen otros usos que cobran relevancia, tales como la conservación de los recursos hídricos para el mantenimiento de los ecosistemas, el turismo y la biodiversidad, reconociéndose, además, los valores culturales, étnicos y hasta religiosos asociados al agua.

 

En esta lógica, es un error y una impropiedad sostener -como habitualmente se hace- que el agua que no se embalsa se pierde en el mar, porque ello implica desconocer que el recurso no puede tener solo fines productivos, sino también ambientales, y las desembocaduras de los ríos constituyen ecosistemas que es necesario preservar y proteger.

 

En consecuencia, resulta evidente que debemos avanzar hacia el manejo integrado del recurso hídrico para garantizar la sustentabilidad de la vida como una meta de todos los chilenos y de todos los sectores económicos. Ante ello, el desafío inmediato es conocer la reserva hídrica que tenemos alojada en los glaciares.

 

Chile no nos pertenece sólo a quienes hoy lo habitamos. De nuestro comportamiento actual va a depender la vida de las futuras generaciones. Como industria medioambiental que gestiona el ciclo integral del agua, incluyendo la descontaminación de la totalidad de las aguas servidas, queremos contribuir a la formación de conciencia ambiental en el marco de la reciente celebración del Día Mundial del Agua.

 

GLOBALES

 

Próximo Informe IPCC: Sombrío futuro para el Planeta por cambio climático

 

Yokohama, Japón, miércoles 26 de marzo de 2014, Prensa Libre.-  Científicos de la ONU ven futuro sombrío para el planeta. Inundaciones, sequías, conflictos y daños económicos cada vez más virulentos es lo que espera al planeta si no se reducen las emisiones de C02, alertan los científicos de la ONU en su próximo informe sobre el cambio climático. El borrador del próximo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), al que tuvo acceso la AFP, forma parte de un vasto estudio que contribuirá a determinar políticas y orientará negociaciones en los próximos años. Los científicos y los representantes de los gobiernos se reunirán en la ciudad japonesa de Yokohama a partir del martes para sacar adelante un resumen de 29 páginas, que será publicado junto al informe completo el 31 de marzo.

“Tenemos una foto mucho más clara del impacto y de las consecuencias, incluidas las consecuencias para la seguridad”, dijo Chris Field, de la Carnegie Institution de EE. UU., que dirige la investigación. El trabajo llega seis meses después del primer volumen del V Informe de Evaluación, en el que los científicos dejaban claro que estaban más seguros que nunca de que el calentamiento del planeta lleva la impronta de la mano del hombre.

 

En el informe, predecían un aumento de las temperaturas de entre 0,3 y 4,8 grados centígrados en este siglo, 0,7 grados más que la media desde la Revolución Industrial.

 

El nivel de los océanos aumentará entre 26 y 82 centímetros para 2100.Según el nuevo borrador, los daños se dispararán con cada grado adicional, aunque es difícil cuantificarlos.

 

Un aumento de las temperaturas de 2,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial ?0,5 más que el objetivo fijado por la ONU? reducirá los ingresos mundiales anuales un 0,2-2,0%, es decir, en cientos de miles de millones de dólares.

 

“La evaluaciones que podemos hacer actualmente seguro que todavía subestiman el impacto real del cambio climático futuro”, dice Jacob Schewe, del Instituto Potsdam para la investigación del cambio climático (PIK), en Alemania, que no ha participado en el borrador del IPCC.

 

Algunos peligros 

 

-INUNDACIONES: las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán “significativamente” el riesgo de inundaciones, a las que Europa y Asia estarán particularmente expuestas. Si se confirma el aumento extremo de las temperaturas, el triple de personas estarán expuestas a devastadoras inundaciones.

-SEQUÍA: por cada aumento de 1º en la temperatura, otro 7% la población mundial verá reducirse en una quinta parte las fuentes de agua renovables.

-AUMENTO DE LOS MARES: si no se adoptan medidas, para 2100, “cientos de millones” de habitantes de las costas se verán abocados al desplazamiento. Los pequeños Estados insulares del este, sureste y sur de Asia verán reducir sus tierras.

-HAMBRE: los cultivos de trigo, arroz y maíz perderán un 2% de media por década, mientras que la demanda de cultivos crecerá un 14% para 2050 por el crecimiento de la población mundial. Los más perjudicados serán los países tropicales más pobres.

-DESAPARICIÓN DE ESPECIES: una “gran parte” de las especies terrestres y de agua dulce estarán en peligro de extinción, ya que el cambio climático destruirá su hábitat.

 

Amenaza para la seguridad

 

“El cambio climático en el siglo XXI empujará a los Estados a nuevos desafíos y determinará de manera creciente las políticas de seguridad nacional”, avisa el borrador de resumen.

 

Asimismo, algunas repercusiones transfronterizas del cambio climático ?la reducción de las zonas heladas del planeta, las fuentes de agua compartidas o la migración de los bancos de peces? “tienen el potencial de aumentar la rivalidad entre Estados”, dice el informe.

 

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero “en las próximas décadas” permitiría desactivar algunas de las peores consecuencias del cambio climático para finales de siglo, dice el informe.

 

El 13 de abril, el IPCC divulgará en Berlín su tercer volumen sobre estrategias para hacer frente a las emisiones de gases de efecto invernadero.

 

El panel lleva publicados cuatro “informes de evaluación” en sus 25 años de historia y cada uno dio un toque de atención sobre las gigatoneladas de dióxido de carbono que emite el tráfico, las centrales energéticas y los combustibles de origen fósil, así como el metano que generan la deforestación y la ganadería.

 

El volumen de Yokohama va más allá que los anteriores, al ofrecer con detalle el impacto regional del cambio climático, así como los riesgos de conflicto y el aumento del nivel de los océanos.

 

El último gran informe del IPCC, de 2007, contribuyó a crear el momento político propicio que llevó a convocar la Cumbre del Clima en Copenhague, pero su reputación se vio socavada por algunos errores, que aprovecharon los escépticos para demostrar que existe una visión sesgada de esta amenaza.

 

Crean Mapa Mundial de conflictos socio ambientales

 

Naciones Unidas, miércoles 26 de marzo de 2014, BBC, Boletín GAL, La Tercera.- Crean un mapa mundial de conflictos ecológicos. Según el Atlas global de Justicia Ambiental, los conflictos relacionados con la ecología están aumentando. Más de 300 están en América Latina y el nuevo mapa interactivo ofrece información sobre cada uno de ellos. Son miles, afectan a muchos países y están fundamentalmente generados por la creciente demanda de energía y recursos naturales.De los casos que detalla el recién creado Atlas global de Justicia Ambiental, más de 300 son de América Latina. 49 Conflictos socio ambientales en Chile a marzo 2014 (Boletín GAL).

 

Y además, los más perjudicados por estos conflictos que tienen que ver con el medio ambiente son los más desfavorecidos.

 

Esas son algunas de las conclusiones de esta plataforma interactiva, producto del trabajo de un equipo internacional de expertos coordinados por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona.

 

“El Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por demandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta”, comentó Joan Martínez Alier, director del proyecto europeo de organizaciones de justicia ambiental EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) que hizo posible este mapa.

 

“Las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud”, señaló Alier.

 

Injusticias medioambientales

 

Creado con la colaboración de activistas y académicos, el inventario de casos medioambientales permite a los usuarios buscar y visualizar los conflictos por tipo de material (ya sea minerales, hidrocarburos, agua o desechos nucleares), compañías involucradas y países.

 

En América Latina, el mayor número de casos documentados por el atlas se distribuyen entre Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30).

 

El interesado puede, entonces, seleccionar uno de los puntos ubicados en el mapa y obtener información sobre, por ejemplo, el juicio que enfrentó la compañía productora de soja Monsanto en Argentina por el uso indebido de agroquímicos.

 

O sobre el caso de la marca Chiquita, distribuidora de plátanos, en Colombia.

 

El mapa detalla que grupos defensores de derechos humanos, medioambientales y laborales han denunciado a esta empresa por los problemas ambientales, sociales y de salud causados por la violación de derechos básicos de sus trabajadores y la financiación ilegal de grupos paramilitares.

 

Estos son sólo dos casos de los cientos de puntos que cubren la región: clasificados según su color, hay conflictos que tienen que ver con el agua, la minería, la deforestación o los residuos tóxicos.

 

Esperanza

 

La iniciativa, que contó con la participación de 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países, tiene varios objetivos, entre los que se encuentra el de hacer accesible la información y dar más visibilidad a estas disputas.

 

Sus creadores esperan que nuevas organizaciones civiles y expertos en áreas específicas contribuyan para ir cubriendo de puntos los espacios y regiones que aún están vacíos.

 

De momento, y aunque los miles de conflictos relevados no invitan al optimismo, sus responsables destacan las señales positivas.

 

“El mapa muestra tendencias preocupantes como la impunidad de las compañías que cometen delitos medioambientales o la persecución de los defensores ambientales, pero también inspira esperanza”, dice Leah Temper, coordinadora del Atlas.

 

“Entre las muchas historias de destrucción ambiental y de represión política también se hallan casos de victorias en la justicia ambiental”.

 

De hecho, precisa Temper, este es el caso del 17% de los conflictos analizados: se han ganado juicios legales, se ha logrado la cancelación de proyectos y se han conseguido la devolución de bienes a algunas comunidades.

 

El Atlas fue presentado este miércoles en Bruselas, en la Delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

 

Ver mapa interactivo

 

50 Conflictos socio ambientales en Chile a marzo 2014 (Boletín GAL)

 

  1. ARICA: Vecinos denuncian ‘catástrofe ambiental’ por actividades mineras en esa zona que han depositado tóxicos en el agua potable que toman los habitantes de la región.
  2. ARICA: Afectados por contaminación por polimetales en cerro Chuño.
  3. ARICA: Rechazo de pueblos aymaras a proyecto Los Pumas por intervenir área protegida como reserva de la biósfera y contaminar aguas del río Lluta
  4. AYSÉN: El rechazo de la ciudadanía de Aysén contra la Central Cuervo
  5. AYSÉN: Rechazo de la comunidad al proyecto HidroAysén
  6. BULNES: Agricultores de Ñuble se oponen ala central termoeléctrica a gas natural Octopus
  7. CAIMANES: Comunidad en oposición al Proyecto de Minera Los Pelambres
  8. CALAMA: El movimiento regional  por los recursos naturales de Calama
  9. CALBUCO: Conflicto de la comunidad Pepiukelén en Parwua, territorio afectado directamente por la industria salmonera
  10. CHAÑARAL: Comunidad pide soluciones para el “ecocidio permanente” que ha significado el manejo de residuos de las minas Potrerillos y El Salvador
  11. CHILOÉ: Conflicto de comunidades Williche de Chiloé por la aplicación de la Ley Lafklenche
  12. COCHAMÓ: Rechazo al proyecto hidroeléctrico Central de Pasada Mediterráneo en la comuna de Cochamó
  13. CONCÓN: Rechazo a la construcción en el campo dunar de Concón
  14. CONCHALÍ: Vecinos piden al Minvu no construir en área verde. Este conflicto se extiende desde 2013 y los vecinos continúan ejerciendo acciones en defensa de su área verde.
  15. CONSTITUCIÓN: Acción Ciudadana Pro-defensa de la Costa del Maule se opone a la instalación, por AES Gener S.A. de la Central Termoeléctrica Los Robles en el Sector Faro Carranza, entre Constitución y Chanco.
  16. COPIAPÓ: Rechazo a la termoeléctrica Castilla en Punta Cachos al sur de Copiapó
  17. CORONEL: La oposición de los vecinos de Coronel a la termoeléctrica de Bocamina II.
  18. CORONEL: Denuncian vertedero en humedal de termoeléctrica Bocamina I de Endesa.
  19. FREIRINA: Rechazo al proyecto agroindustrial Agrosuper por malos olores
  20. HUASCO: Habitantes de Huasco rechazan termoeléctrica Punta Alcalde en Huasco
  21. HUASCO: Rechazo al proyecto minero Pascua Lama
  22. LA HIGUERA: La Juntas de Vecinos, padres y apoderados de colegios, pescadores artesanales y diferentes otra agrupaciones locales de la comuna de la Higuera, en la Región de Coquimbo, rechazan proyecto minero Dominga de la empresa Andes Iron, que intenta extraer hierro en la costa de la localidad de Los Choros.
  23. LA PINTANA: Vecinos rechazan proyecto para instalar basural en el sector El Castillo.
  24. LINARES: Vicios en el proceso ambiental de la central hidroeléctrica de Achibueno.
  25. LOS ÁNGELES: La disputa que enfrenta a canalistas y Endesa por uso de laguna del Laja.
  26. LLICO: Caleta de pescadores que muere de sed: no cuentan con agua potable, y está enmarcada entre la basura y la contaminación del lago.
  27. MEHUÍN: El conflicto Celco en Mehuin por contaminación del río Cruces
  28. MULCHÉN: El rechazo de la comunidad indígena contra la central de paso de Mulchén
  29. NELTUME: Comunidades indígenas Inalafken de Lago Neltume e Inocente Panguilef de Reyehueico y el Parlamento de Koz Koz contra proceso de consulta por hidroeléctrica en Neltume de la transnacional Endesa Enel, que controla el grupo Enersis en Chile.
  30. OSORNO: Comunidades huilliches en defensa del agua en Osorno contra hidroeléctricas
  31. PAILLACO: Vecinos de Paillaco protestan contra instalación de Planta Incineradora de Residuos.
  32. PAINE: Comunidades denuncian que la instalación de planta CCU pone en riesgo el consumo de agua afectando a la flora y fauna del sector y la actividad agrícola.
  33. PANGUIPULLI: La oposición de la comunidad y mapuche contra el proyecto hidroeléctrico Neltume
  34. PETORCA: La defensa del agua por los vecinos de Petorca y La Ligua
  35. PICHIDEGUA: Los proyectos de termoeléctrica e hidroeléctrica en Pichidegua
  36. PITRUFQUEN: Mapuches resisten proyecto hidroeléctrico “Los Aromos”  que se emplazaría en las intersecciones de los ríos Tolten y Allipen, que involucra espacios sagrados, atenta contra las prioridades de desarrollo y es una afrenta a los derechos de las comunidades.
  37. POZO ALMONTE: Proyecto Cerro Colorado de BHP Billiton amenaza el agua, los humedales de Pampa Lagunilla y el poblado de Cancosa
  38. PUERTO AYSÉN: Oposición de la comunidad al proyecto de la empresa australiana de energía integrada Origin Energy en joint venture con Xstrata Copper
  39. PUCHUNCAVÍ: Contaminación en La Greda por la refinería Ventanas de Codelco y AES-GENER
  40. PUNTA ARENAS: El proyecto Mina Invierno en Isla Riesco en Magallanes
  41. PUTAENDO: Vecinos de Putaendo protestan por agua contra Colbún
  42. QUELLÓN: Pescadores bentónicos de Quellón contra la Ley de Pesca
  43. REQUÍNOA: Vecinos de Requínoa protestan contra una planta de residuos químicos
  44. SAAVEDRA: Conflicto de la Costa en la Isla Huapi, comuna de Saavedra, entre comunidad  indígena y forestales
  45. SAN JOSÉ DE MAIPO: Rechazo al proyecto Alto Maipo de AES GENER en el Cajón del Maipo y defensa del agua de la Región Metropolitana
  46. SAN FABIÁN: Oposición ciudadana a proyectos Embalse Punilla y Central Hidroeléctrica Ñuble
  47. SANTIAGO: Recolectores retoman Paro de la Basura en marzo 2014.
  48. TALCA: Los Agricultores de Talca por la defensa del Agua contra Endesa
  49. TEMUCO: El conflicto en comunidades mapuche a causa del proyecto aeropuerto internacional en Temuco.
  50. VALPARAÍSO: Rechazo a Central Termoeléctrica Energía Minera.

 

La aterradora “nueva matemática del cambio climático”, según un ecologista

 

Beijing, China, miércoles 26 de marzo de 2014, por Janet Redman, directora del Programa de Política Climática y Oscar Reyes del Instituto de Estudios, La Gran Época.-  Es alarmante que el nuevo Fondo Verde para el Clima de la ONU, pueda en sí mismo ser un apoyo para el desarrollo de proyectos de combustibles fósiles. Hace dos años, el ecologista Bill McKibben causó revuelo cuando reveló la “aterradora nueva matemática” del cambio climático. McKibben calcula que para tener una posibilidad razonable de permanecer por debajo de lo que los científicos especialistas en clima llaman el “punto de inflexión” del calentamiento global, un aumento de temperatura de más de dos grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, los seres humanos pueden enviar sólo 565 gigatoneladas más de contaminación de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

 

Aquí está el problema: las reservas de petróleo, carbón y gas que las compañías de combustibles fósiles y los petro-estados ya tienen en su contabilidad generarían alrededor de 2.795 gigatoneladas de CO2. Si ellos desentierran, y nosotros quemamos, esas reservas, vamos a lanzar cinco veces más carbono que lo que la atmósfera puede manejar.

 

Eso significa que entre el 60 y el 80 por ciento de las reservas de combustibles fósiles conocidas son “incombustibles” si el mundo ha de tener una oportunidad de evitar el punto de inflexión. Es por eso que los estudiantes, líderes religiosos, filántropos y gente común con ahorros de jubilación están haciendo los cálculos y exigiendo que sus inversiones no apoyen una industria que amenaza la vida en la Tierra tal como la conocemos.

 

Estas voces se unen a activistas comunitarios, pueblos indígenas y trabajadores en el Sur Global, muchos de los cuales están en las primeras líneas de caos climático, pidiendo a las instituciones internacionales no financiar combustibles fósiles para impulsar su desarrollo económico.

 

Es alarmante, pues, que el nuevo Fondo Verde para el Clima de la ONU, que se creó para ayudar a las economías en transición a mantenerse lejos de los combustibles fósiles, puede en sí mismo ser un apoyo para el desarrollo de proyectos de combustibles fósiles.

 

No hay futuro, financiera o ecológicamente, en proyectos de desarrollo que calientan el planeta y desestabilizan el ambiente. Si la ONU quiere ayudar a los países en desarrollo a dar el salto a energías renovables, se debe aprender una lección de los activistas de desinversión en todo el mundo y mantener su chequera cerrada para los proyectos de energías sucias.

Una mala apuesta

Para algunos, la desinversión parecerá como dejar dinero sobre la mesa. Dejar esos combustibles bajo el suelo, después de todo, genera una gran cantidad de “activos obsoletos”.

La Iniciativa Rastreador de Carbono del Reino Unido calcula que estas reservas no explotadas valen cerca de cuatro billones de dólares en acciones y apoyan 1,27 billones de dólares en deuda corporativa. Si usted es el responsable financiero de una donación universitaria o un administrador de fondos de pensiones, es posible que se queje que su trabajo consiste en recaudar dinero, y las inversiones fósiles generalmente siguen superando a las energías renovables.

 

Pero en el largo plazo, las inversiones en energía sucia no serán una apuesta tan segura. A medida que más y más países sienten los efectos del cambio climático, serios esfuerzos para frenar la contaminación de carbono podrían hacer esas inversiones menos atractivas. Los líderes de algunas de las instituciones internacionales más importantes en desarrollo y clima reconocen esto y recientemente se subieron al escenario en el Foro Económico Mundial para reunir los lados ecológico y económico del tema de la desinversión.

 

La jefa de la convención sobre el clima de la ONU, Christiana Figueres, dijo que los inversionistas estarían “en flagrante violación de su deber fiduciario” si no son capaces de sacar su dinero de los fondos ligados a combustibles fósiles frente a la “clara evidencia científica” del calentamiento global. Y el Dr. Jim Kim, presidente del Banco Mundial, pidió a los inversores a largo plazo a “repensar lo que significa la responsabilidad fiduciaria” frente al cambio climático y a hacer frente a los riesgos financieros asociados a sus intensivas inversiones en carbono.

Fondo Climático para el siglo 21

Es irónico, entonces, que el nuevo Fondo Verde para el Clima de la ONU podría, perversamente, convertirse en una fuente importante de financiamiento para la infraestructura de combustibles fósiles.

El mandato del fondo es apoyar un cambio transformacional en el sur global lejos de los combustibles fósiles y hacia un desarrollo limpio, que fortalezca al clima. Pero escondido en la letra pequeña del documento rector del fondo está el apoyo para tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono (también conocido como el “carbón limpio”) – una tecnología que no es viable a escala y no hace nada para abordar el problema de la devastación social y ambiental que genera el carbón.

De hecho, cualquier mención a la eliminación gradual de los combustibles fósiles está visiblemente ausente en el nuevo fondo para el clima, así como de otras instituciones financieras internacionales que están finalmente moviéndose aminorar algunos de los excesos carboníferos de sus carteras de energía.

Hay, sin embargo, una ventana de oportunidad para poner remedio a esto mientras los miembros de la junta del Fondo Verde para el Clima trabajan para diseñar los elementos finales en su reunión en Bali. Uno de esos elementos podría ser una lista de exclusión de proyectos de energías sucias que simplemente no van a financiar. Otra es la de acordar un marco de indicadores de éxito  y normas estrictas de rendimiento que excluyen la energía sucia.

Lo más importante, la junta directiva debe adoptar fuertes salvaguardas ambientales y sociales para los proyectos que apoya. Además de evitar los proyectos de combustibles fósiles, esto también podría significar el negarse a promover proyectos como grandes represas hidroeléctricas que pueden provocar desplazamientos masivos de personas y la pérdida de tierras y medios de vida.

Una batalla cuesta arriba

La tarea de mantener la energía sucia fuera del Fondo Verde para el Clima no será fácil.

Varios miembros de la junta tienen intereses económicos en el mantenimiento de la viabilidad financiera de enfoques energéticos “menos sucios” como el “carbón limpio” y el gas natural. Y las grandes empresas transnacionales, incluyendo Bank of America (apodado “el banco del carbón” por los activistas), juegan un papel importante en la configuración del fondo.

Los científicos nos dicen que tenemos que deshacernos de los combustibles fósiles rápido. Ya estamos presenciando los devastadores impactos del cambio climático en nuestros vecinos y amigos de todo el mundo. Y para muchos gobiernos nacionales, los fondos para hacer frente a la crisis climática son escasos.

 

La oportunidad es clara. Y el sentido común, no la cabeza puesta en los intereses económicos, debe dictar las acciones. El Fondo Verde para el Clima debe aprender una lección de los inversores comunes de todo el mundo que ven que no hay futuro en los combustibles fósiles – no para sus carteras de inversión, y no para el planeta.
Los acelerados escépticos del cambio climático

 

Santiago, Chile, miércoles 26 de marzo de 2014, Entorno Inteligente.- La revista Newsweek dijo en 2009 que Marc Morano, fundador del blog Climate Depot, se estaba convirtiendo en el “rey de los escépticos” y que su sitio web era uno de los principales mecanismos para sembrar dudas sobre el trabajo de los científicos del clima. Pero ser calificado como una celebridad del escepticismo del calentamiento global es lo menos que le han dicho a Morano.

El mismo destaca el lugar que ocupa en la lista de “los principales enemigos del planeta” que elaboró la revista Rolling Stone en 2010, donde aparece junto a personajes como el senador John McCain, el magnate de medios Rupert Murdoch y el empresario y millonario Warren Buffett. Según Erik Conway, historiador de la Nasa y coautor del libro Mercaderes de la Duda, Morano es uno de los principales líderes de la nueva camada de escépticos del clima, quienes ponen en duda la tesis del calentamiento global y la atribuyen a una supuesta manipulación de los datos para provocar alarma.

Hoy Morano está más acompañado en sus ideas que hace cinco años, porque tal como él dice, el escepticismo pasa por un buen momento.

Lo confirma una encuesta de las universidades George Mason y Yale, que muestra que mientras en 2008 el 10% de la población en Estados Unidos no creía en el calentamiento global, en noviembre de 2013 el porcentaje se había más que duplicado, llegando al 23%. “El aumento del escepticismo restaura mi fe en la inteligencia de los pueblos y su pensamiento crítico. El escepticismo es ganar, porque los temores climáticos artificiales se han convertido en un absurdo”, dice Morano y cita además un sondeo que Gallup dio a conocer esta semana, en el que de una lista de 15 asuntos de interés, el calentamiento global aparece en el penúltimo lugar entre las preocupaciones de los estadounidenses, muy por detrás de la economía o el gasto federal. Mientras un 24% de ellos considera que el cambio climático es un “gran tema” de preocupación, al 51% le importa poco o sencillamente nada.

Este nuevo período de desconfianza tiene un gatillante: la pausa o hiato, como se ha denominado a la desaceleración en el aumento de las temperaturas del planeta en la última década, que se ha convertido en el misterio más grande en la ciencia del clima por estos días y en un argumento para, otra vez, sembrar las dudas. Esto, porque los datos dicen que las emisiones de dióxido de carbono han aumentado de manera ininterrumpida en los últimos años. Esto significa que la temperatura debió haber seguido aumentando al ritmo en que venía haciéndolo. Pero no fue así. Entre 1998 y 2013, la temperatura de la superficie de la Tierra subió a una tasa de 0,05 °C, un ritmo bastante más lento que la media de 0,12 grados del período entre 1951 y 2012.

Según Maisa Rojas, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, que trabajó en la elaboración del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) entregado en septiembre pasado, el hiato es el argumento perfecto para los escépticos del cambio climático, pero no es necesariamente válido. “Científicamente es muy interesante, pero no hay que darle tanta importancia porque, por definición, clima es el estado promedio del tiempo en 30 años. Si tomamos un período de 10 o 15 años, estamos hablando de variabilidad interna”, dice. La investigadora agrega que la desaceleración en el calentamiento, medido a través de la temperatura global promedio anual, no se observa al tomar en cuenta otros indicadores, como las temperaturas extremas (olas de calor), la disminución de hielo marino en el Ártico o el aumento del nivel del mar. “Aunque relevante, la temperatura promedio global anual es solamente uno de los muchos indicadores que nos muestran que el planeta está cambiando”.

Eso no convence a los escépticos. “La pausa revela que los temores de que la temperatura está fuera de control no tienen sustento”, dice Morano. De hecho, el fenómeno es una de las razones con las que Edward Maibach, director del Centro para la Difusión del Cambio Climático de la Universidad George Mason, explica que se haya duplicado el número de escépticos en Estados Unidos, sobre todo porque la pausa en el calentamiento global ha sido ampliamente cubierta por los medios. “Algunos prominentes medios de prensa conservadores informaron erróneamente la historia como evidencia de que el calentamiento global no está ocurriendo”, dice.

Otra explicación para el aumento de los escépticos, dice Maibach, tiene relación con el informe del IPCC del año pasado, que concluye que el calentamiento global es un fenómeno causado por los hombres: “Es muy probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX”, dice el informe. Eso es algo que pocos quieren escuchar. “Algunas personas no quieren reconocer la realidad del cambio climático porque no quieren sentirse responsables o porque sienten que las ‘soluciones’ serán peores que el problema”, agrega Maibach.

El factor regulación Según Naomi Oreskes, académica de Historia de la Ciencia de la Universidad de Harvard y coautora del libro Mercaderes de la Duda, sembrar la incertidumbre es “una estrategia horrible pero altamente efectiva”. En su libro indaga cómo un grupo de científicos de alto nivel y con amplias conexiones políticas ha desarrollado campañas poniendo en duda verdades científicas, como los efectos nocivos del tabaquismo o el mismo calentamiento global. Detrás de ellos, dice, hay personas que temen que la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales conduzca a gobiernos más empoderados, a la interferencia en el sector privado y a mayores regulaciones. “Se oponen por motivos ideológicos”, explica.

En su libro, Oreskes plantea que en Estados Unidos existe una campaña concertada de grupos de interés que financian la desinformación y la duda. Según Anthony Leiserowitz, director del proyecto de Comunicación del Cambio Climático de la Universidad de Yale, detrás de ella están, por una parte, las compañías de combustibles fósiles, que obtienen enormes ganancias con el sistema energético actual y quieren mantener el statu quo y, por otro lado, los líderes de opinión que están en contra de cualquier tipo de regulación gubernamental. Algunos de ellos, eso sí, han buscado salir de la línea de fuego: un estudio realizado por el sociólogo ambiental Robert J. Brulle, de la Universidad de Drexel, dice que los hermanos Charles y David Koch -empresarios que, según la revista Forbes, suministrarían hasta el 5% de la demanda diaria de combustible de Estados Unidos- y ExxonMobil le retiraron el financiamiento al menos visible, que les entregaban a organizaciones que niegan el cambio climático.

Las caras visibles del escepticismo no escapan a estas acusaciones. Por ejemplo, la revista Rolling Stone dice que Climate Depot, el blog de Morano, es financiado por el petrolero Richard Mellon Scaife. ¿Otro? Patrick Michaels, otro crítico al tema del calentamiento global y director del Centro para Estudio de la Ciencia del Cato Institute es apuntado en el libro de Oreskes y Conway como uno de los mercaderes de la duda, y ha sido asociado a los hermanos Koch. “Hace años, como profesor de universidad, proporcioné servicios de consultoría como muchos profesores exitosos lo hacen”, responde, pero agrega que sus argumentos son científicos y que la mayor campaña concertada es la que busca catapultar el calentamiento global, financiada por grandes cantidades de fondos públicos.

Desde el mundo académico, Richard Lindzen, científico del clima de MIT, también se ha mostrado crítico a los informes que alertan sobre las consecuencias del calentamiento global. Fue, de hecho, muy crítico del último informe del IPCC. “Nadie duda de los cambios climáticos: lo que está en cuestión es la alarma”, apunta. Según Lindzen, una de las cosas que promueve el escepticismo es, por otra parte, la campaña amplificada de alarma pública que se ha hecho en torno al tema, que tiene su mejor exponente en lo que él denomina “la presentación de ciencia ficción de Al Gore”.

El ex vicepresidente de Estados Unidos viajó por el mundo publicitando el documental Una verdad incómoda sobre los efectos del calentamiento global generado por la actividad humana, lo que incluyó una visita a Chile en 2007. Si bien se reconoce su aporte en poner sobre la mesa el tema -lo que le valió el Premio Óscar al mejor documental en 2006 y el Premio Nobel de la Paz el siguiente-, defensores y escépticos del clima lo apuntan con el dedo por la falta de rigor científico. “Desde una perspectiva académica me pareció ridícula esta serie de charlas y documentales con proyecciones apocalípticas que decían que el planeta prácticamente se iba a quemar en 50 años. Eso es bastante poco sustentable y creíble y, me parece, contribuyó a la aparición de voces disidentes”, comenta Pablo Osses, geógrafo y miembro del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica.

La culpa es del Pacífico En el mundo científico se esperaba que la pausa o hiato generase dudas sobre el calentamiento global. “Es obvio. Sabemos que si hay más CO2 en la atmósfera el planeta se tendría que calentar. Hay algo que no calza”, dice René Garreaud, subdirector del Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile.

Sin embargo, las dudas científicas se están disipando. Según un estudio publicado en el apartado sobre clima de la revista Nature en febrero, en los últimos años hubo un aumento sin precedentes de los vientos alisios en el Pacífico que provocó la absorción del calor por el océano. “Cuando estamos en períodos de más viento sobre el Pacífico hay más movimiento y corrientes marinas más fuertes, entonces ingresa más calor al océano”, dice Garreaud y ejemplifica con una taza de té: “cuando quieres enfriar el té lo soplas. Pero si tuvieras aire caliente podrías calentar el agua. Acá ocurre algo similar”. Este proceso, denominado Interdecadal Pacific Oscillation (IPO), es una dinámica interna del Pacífico que ocurre cada cierto tiempo y es la respuesta que se ha encontrado a la desaceleración: el calor se fue al Pacífico profundo y eso explica que el promedio de las temperaturas no haya subido de acuerdo a las predicciones.

Los escépticos como Morano argumentan que ha habido demasiadas explicaciones para este fenómeno -además de la de los vientos sobre el Pacífico, se barajaban las hipótesis de que había mayor cantidad de partículas en la atmósfera que impedían que llegaran los rayos del Sol y la posibilidad de rayos solares más débiles- y que la duda es muestra de que algo anda mal. Pero según Garreaud, “una cosa es que uno tenga una pregunta: ¿qué pasó con el calor que falta?, y lo otro es decir que el fenómeno no existe”.

Si la explicación del IPO fue un golpe al mentón de los escépticos, la Nasa aportó con el golpe casi definitivo: esta semana dio a conocer un estudio que concluye que el clima de la Tierra probablemente seguirá calentándose durante este siglo de acuerdo a las estimaciones previas, a pesar de la reciente desaceleración.

Según la Nasa, el calentamiento global, tal y como lo conocíamos antes de la pausa, estará de vuelta.

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